martes, 21 de mayo de 2013

Segunda visita de la Comisión Multinacional



Esta semana, la Comisión Multinacional que le da seguimiento al proceso de reforma al sector justicia y seguridad, está realizando su segunda visita al país para conocer de los avances y retrocesos de dicho proceso.
Recordemos que esta comisión es una instancia independiente creada desde la Alianza por la Paz y la Justicia con el apoyo de Transparencia Internacional, y está integrada por expertos extranjeros y un nacional que cada 4 meses visita al país para entrevistarse con las máximas autoridades del sector de la seguridad pública y de justicia, políticos, periodistas y representantes de la sociedad civil.
Durante su primera visita en enero de este año, la Comisión Multinacional concluyó que el proceso de depuración policial no había producido resultados, por lo que era necesario tomar acciones urgentes para recuperar la credibilidad del mismo, tales como, la depuración exprés, en el sentido de identificar los nombres de por lo menos 20 oficiales completamente corruptos y llevar a cabo su destitución inmediata, o la escogencia de 3 o 4 crímenes emblemáticos a ser investigados de forma imparcial y efectiva para sancionar a todos los responsables.
No obstante, 4 meses, la Comisión Multinacional se encontrará con un proceso de depuración totalmente fracasado y sin que exista evidencia de voluntad política para resolver la situación de corrupción e impunidad dentro de la Policía Nacional y de las demás instituciones del sector justicia y seguridad como el Ministerio Público y el Poder Judicial.
Por ello, resulta aún más necesario este tipo de acciones de vigilancia social que realiza la Comisión Multinacional, no sólo para evaluar el desarrollo del proceso de depuración de las instituciones del sector justicia y seguridad, sino también para cooperar y proponer medidas tendientes a su fortalecimiento.
Esperemos que pese a todo, en su segunda visita puedan encontrar luces que den esperanza a un pueblo sometido al miedo de la violencia y a la impunidad.

sábado, 18 de mayo de 2013

CPTRT demanda la libertad de feligreses detenidos en la Campa Lempira

El Centro de Prevención Tratamiento y Rehabilitación de Victimas de la Tortura y sus Familiares CPTRT, demanda la liberación de los 22 feligreses católicos detenidos en el Municipio de la Campa departamento de Lempira.

Es intolerable que la Iglesia Católica eche mano de la represión policial, para imponer la voluntad de las cúpulas ante el pueblo humilde que defiende su derecho a la autodeterminación.

No es extraño que el Obispo Darwuin Andino que justificó la violencia policial militar durante el golpe de Estado de 2009 recurra a la represión policial para lograr sus objetivos, pero es un derecho de los pueblos defenderse cuando se sienten agredidos.

Entendemos que el objetivo de cambiar curas párrocos, es para desarticular el movimiento de defensa de los recursos naturales y los derechos de la madre tierra de las comunidades indígenas de toda la Diócesis de Occidente.

Expresamos nuestra solidaridad con las personas detenidas, con sus familiares y con todos los pueblos de occidente, que como en la comunidad de Rio Blanco Intibucá están defendiendo su territorio de las transnacionales.

Tegucigalpa 17 de mayo de 2013

jueves, 16 de mayo de 2013

¡Guatemala nunca más!, ¡Honduras nunca más!, ¡Latinoamérica nunca más!



El general Efraín Ríos Montt fue nombrado por los militares guatemaltecos presidente del gobierno de facto desde el 23 de marzo de 1982 hasta el 8 de agosto de 1983, cuando fue separado del cargo por otro golpe militar. 

Ese corto período de tiempo de su mandato se convirtió en el más sangriento de los 36 años de guerra civil guatemalteca, durante el cual se perpetraron las peores masacres de indígenas de la etnia Ixil que incluyen el asesinato de 1,771 personas, al menos 11 matanzas masivas, más de 1,400 mujeres violadas y 29,000 personas desplazadas.

Cuando todo este dolor provocado por Ríos Montt parecía que quedaría en la impunidad, las víctimas encontraron la luz al final del túnel al condenarse al todopoderoso ex dictador guatemalteco a 50 años de prisión por genocidio y a 30 años más por crímenes de lesa humanidad.

Sin duda alguna, esta sentencia es producto de un largo proceso que incluyó el establecimiento de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, la elección de la defensora de derechos humanos Claudia Paz y Paz como Fiscal General del Estado y la creación de los Tribunales de Alto Riesgo en los que se han nombrado jueces y juezas valientes y comprometidas con la justicia como Jazmín Barrios, quien tiene un historial de sentencias emblemáticas contra militares acusados de violaciones a los derechos humanos en la última década.

Pero además, esta histórica sentencia es consecuencia de la insistencia y tenacidad de víctimas, familiares y organizaciones de derechos humanos guatemaltecos por obtener justicia. La sentencia contra Ríos Montt constituye un hito histórico para la justicia en el continente ya que es la primera vez en América Latina que se juzga por el delito de genocidio a un ex general a través de un juicio llevado a cabo por los tribunales del propio país.

Esta sentencia tiene un impacto significativo en países hundidos en la impunidad como el nuestro, ya que se envía un mensaje contundente que es posible el castigo a los responsables civiles, militares y policiales de las violaciones a derechos humanos durante los años 80 y el golpe de Estado de 2009; que es fundamental sanear y recuperar instituciones tan importantes como el Ministerio Público y el Poder Judicial; y que mientras no enfrentemos y resolvamos con justicia nuestro pasado reciente, jamás podremos vivir en paz ni en un Estado democrático de derecho.

miércoles, 8 de mayo de 2013

Pronunciamiento por la Justicia y contra la Impunidad

Ante las medidas tomadas por el Congreso Nacional y el Poder Ejecutivo luego de la comparecencia en el hemiciclo legislativo de las máximas autoridades de las instituciones encargadas de la seguridad y la justicia en el país, a saber: el Secretario de Seguridad, el Jefe de la Policía Nacional, el Fiscal General de la República y el Presidente de la Corte Suprema de Justicia y también el Director General de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial, las organizaciones que suscribimos este documento, agrupadas en la Coalición contra la Impunidad, nos pronunciamos de la siguiente manera:

1. Estas comparecencias evidenciaron claramente la ineficacia absoluta de todas estas instituciones y la incapacidad de los funcionarios que se encuentran dirigiendo las mismas, lo cual genera altos índices de impunidad que propician la repetición de los hechos ilícitos puesto que no encuentran sanción, lo que atenta contra la justicia, la verdad, la equidad, el Estado de Derecho, contra la democracia y, en especial, contra los derechos de todas y todos los que somos parte de la sociedad hondureña.

2. Esta ineficacia e incapacidad ha sido generada, como lo hemos denunciado en reiteradas oportunidades, por la falta de autonomía, objetividad, independencia e imparcialidad de estas instituciones, provocada por el control político partidario que se ejerce sobre las mismas a través del Congreso Nacional que al nombrar a los altos funcionarios del sistema de justicia lo hace por un reparto de cuotas sin tomar en consideración la capacidad e idoneidad de los(as) candidatos(as). Igualmente los nombramientos realizados por el Poder Ejecutivo no obedecen a criterios de capacidad sino de afinidad política o personal aunque se trate de instituciones que deben ser profesionales y apolíticas como es el caso de la Policía Nacional.

3. No obstante lo anterior, hemos seguido con mucha expectación todo este proceso de cambios que se inició a partir de las interpelaciones hechas por el Congreso Nacional, que a nuestro juicio, de ser orientadas de manera correcta, pueden abrir la posibilidad para la toma de decisiones que redunden en la transformación y el fortalecimiento de las instituciones del sistema de justicia y por ende, en el mejoramiento de las condiciones de seguridad de la población, que es lo que todos y todas necesitamos.

4. En cuanto a la remoción del actual Secretario de Seguridad y su sustitución por el señor Corrales Álvarez, nos preocupa que su nombramiento sea como Comisionado de Defensa y Seguridad, pues ello implica el retorno a la militarización de la policía, lo que vemos agravado con el reciente nombramiento de militares retirados como viceministros en esa Secretaría. 

5. Estimamos que el proceso de depuración policial necesita cambios profundos y urgentes que incluyan a los altos mandos de la Policía Nacional y que no se limiten al nuevo nombramiento o traslado de personas en los diferentes cargos sino que se elabore una verdadera política de seguridad consensuada y participativa. Por ello en este momento, si se pretende impulsar este proceso, es urgente la remoción del titular y adjunto de la Dirección General de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DGIECP) y el nombramiento de personas capaces e independientes que vengan a impulsar la verdadera depuración que se necesita en la Policía Nacional. En tal sentido, nos preocupa las dilaciones que desde el CONASIN se han implementado en relación a la destitución de los actuales titulares de esta Dirección, que parecen evidenciar negociaciones políticas inapropiadas.

6. Hace cinco años, con motivo de la Huelga de Hambre de los Fiscales, durante 38 días, se solicitó la reorganización y adecentamiento del Ministerio Público, para lo cual se propuso, con el apoyo de amplios sectores de la población, la suspensión del Fiscal General y su adjunto y el nombramiento de una Comisión Interventora. Seguramente si en ese momento estas propuestas hubieran sido escuchadas no tendríamos los niveles de politización, corrupción e impunidad que ahora enfrenta el Ministerio Público y la Policía Nacional.
7. Confiamos que las personas que integran la Comisión Interventora sean conscientes de su responsabilidad histórica y sepan hacer frente a la tarea encomendada. El artículo 4 del Decreto de Intervención les otorga funciones y atribuciones suficientes para depurar y reorientar a dicha institución. Hacemos énfasis especial en que uno de los aspectos más importantes es el de establecer procesos de selección y nombramiento mediante los cuales se escoja a los funcionarios por su capacidad y honestidad y no por recomendaciones político-partidarias.

8. Estimamos que es de vital importancia el acompañamiento internacional que esta Comisión Interventora pueda tener, el que, sin importar mecánicamente modelos de otros países, puede tomar como referencia la experiencia de la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala (CICIG). Estamos convencidos de que es necesaria una mayor presencia de Naciones Unidas ya sea de esta forma o estableciendo una oficina de la Alta Comisionada en nuestro país, que establezca vínculos cercanos y de participación activa con la población.

9. Vemos con particular preocupación que no se haya tomado ninguna medida importante para la depuración y reestructuración del Poder Judicial que es una institución que presenta altos niveles de corrupción, de falta de capacidad profesional y de independencia en sus resoluciones, lo cual se constituye en un grave impedimento para el acceso a la justicia y la lucha contra la impunidad.

10. Para el adecentamiento y reestructuración del Poder Judicial proponemos, entre otras cosas, que se inicie en el corto plazo un proceso de reformas mediante la aplicación de la Ley del Consejo de la Judicatura. Para tal efecto planteamos que se reforme esta ley para que el Consejo de la Judicatura, como órgano de gobierno administrativo, no esté presidido por el presidente de la CSJ sino que sea un órgano autónomo e independiente que esté integrado por jueces y juezas, por académicos y por integrantes de sociedad civil, para que el mismo tenga un carácter pluralista.

11. En tanto no se realice la elección e integración del Consejo de la Judicatura pedimos que el Congreso Nacional derogue la disposición transitoria que le otorga facultades extraordinarias y exclusivas al Presidente de la CSJ para seleccionar, nombrar y destituir a jueces y magistrados.

12. Consideramos urgente iniciar un proceso de debate que lleve a una reforma constitucional para que los magistrados y magistradas de la CSJ no sean nombrados por el Congreso Nacional, pues ésta es la causa de la politización partidaria en ese Alto Tribunal. Los magistrados y magistradas de la CSJ deben formar parte de la carrera judicial y acceder a ese cargo por su antigüedad y méritos en el ejercicio de la jurisdicción.

13. En cuanto a las funciones o atribuciones encomendadas a la Comisión Interventora en el Ministerio Público, como Coalición contra la Impunidad, planteamos a la Comisión Interventora, nuestras expectativas respecto a su gestión, las que se resumen de la manera siguiente: a) Un diagnóstico concluyente sobre las debilidades y necesidades en el Ministerio Público; b) Realizar una evaluación del desempeño de todos los funcionarios y funcionarias del MP y de conformidad a la misma, decidir sobre la permanencia, suspensión o cancelación de los evaluados; c) Proponer un esquema funcional de organización y funcionamiento de la Dirección de Fiscales, las Fiscalías Especiales y Regionales del MP y, conforme al mismo, reorganizar estas dependencias; d) Realizar y divulgar una auditoria de los expedientes en trámite o pendientes de requerimiento en el MP, con énfasis en aquellos que se relacionan con delitos de corrupción y violación de derechos humanos; y, f) Establecer un mecanismo de rendición de cuentas de todos los funcionarios y funcionarias del Ministerio Público.

14. Estamos a menos de un año para la elección de un nuevo Fiscal General y su adjunto por lo que creemos que es necesario iniciar un proceso de debate y propuestas para que dicha elección no se realice nuevamente desde el Congreso Nacional bajo criterios político-partidarios. Deben establecerse los requisitos para el cargo más allá de los mínimos establecidos en la ley, los perfiles profesionales y éticos, los procedimientos de evaluación, los mecanismos de transparencia, objetividad e imparcialidad y proponemos, además, la conformación de una comisión de monitoreo de ese proceso con acompañamiento internacional.

15. Estimamos que estos esfuerzos deben ser complementarios con los que ha realizado la Comisión de Reforma a la Seguridad Pública y que las reformas constituciones y legales que dicha Comisión ha planteado deben ser socializadas ampliamente con la población y tomadas en consideración para lograr un verdadero proceso de depuración de las instituciones del sector justicia.

La seguridad ciudadana es un anhelo muy sentido de todos y todas nosotras, sin embargo, es importante recordar que las medidas autoritarias o de tipo policial, muchas veces restringen nuestros derechos y no nos proporcionan esa anhelada seguridad. 

Asimismo, es importante que no se olvide que además de la persecución penal de la delincuencia común y organizada, la sociedad hondureña está a la espera del juzgamiento y sanción de los responsables del golpe de Estado y de las violaciones de los derechos humanos cometidas como consecuencia del mismo. Solamente la verdad y la reparación nos pueden traer reconciliación y una paz duradera.
Para finalizar deseamos expresar nuestro reconocimiento a los esfuerzos realizados desde diferentes sectores de sociedad civil con el propósito de impulsar cambios que produzcan el fortalecimiento institucional que demanda la ciudadanía. Con el mismo propósito nos constituimos como un espacio en el que confluimos diferentes organizaciones que pretendemos dar un apoyo y seguimiento crítico a este proceso, planteando propuestas complementarias con un objetivo común: mayor seguridad ciudadana, lucha contra la impunidad y contra la corrupción pública y mejor acceso a la justicia.

Tegucigalpa - San Pedro Sula, 3 de mayo de 2013

Coalición contra la Impunidad 
Conformada por las siguientes organizaciones:
Asociación de Jueces por la Democracia (AJD)
Asociación Intermunicipal de Desarrollo y Vigilancia Social de Honduras (AIDEVISH)
Asociación por una Ciudadanía Participativa (ACI-PARTICIPA)
C-Libre
Centro de Derechos de Mujeres (CDM)
Centro de Investigación y Promoción de Derechos Humanos (CIPRODEH)
Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Honduras (COFADEH)
Comunidad Gay Sampedrana
Convergencia por los Derechos Humanos de la Zona Nor Occidental
Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC)
Feministas Universitarias
Foro de Mujeres por la Vida
Foro Social de la Deuda Externa (FOSDEH)
Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia
Movimiento de Mujeres por la Paz “Visitación Padilla”
Red Nacional de Defensoras
Tribuna de Mujeres contra los Femicidios