El general Efraín
Ríos Montt fue nombrado por los militares guatemaltecos presidente del gobierno
de facto desde el 23 de marzo de 1982
hasta el 8 de agosto de 1983, cuando fue separado del cargo por otro golpe
militar.
Ese corto período
de tiempo de su mandato se convirtió en el más sangriento de los 36 años de
guerra civil guatemalteca, durante el cual se perpetraron las peores masacres
de indígenas de la etnia Ixil que incluyen el asesinato de 1,771 personas, al
menos 11 matanzas masivas, más de 1,400 mujeres violadas y 29,000 personas
desplazadas.
Cuando todo este
dolor provocado por Ríos Montt parecía que quedaría en la impunidad, las
víctimas encontraron la luz al final del túnel al condenarse al todopoderoso ex dictador guatemalteco a 50
años de prisión por genocidio y a 30 años más por crímenes de lesa humanidad.
Sin duda alguna,
esta sentencia es producto de un largo proceso que incluyó el establecimiento
de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, la elección de
la defensora de derechos humanos Claudia Paz y Paz como Fiscal General del
Estado y la creación de los Tribunales de Alto Riesgo en los que se han
nombrado jueces y juezas valientes y comprometidas con la justicia como Jazmín Barrios, quien tiene
un historial de sentencias emblemáticas contra militares acusados de
violaciones a los derechos humanos en la última década.
Pero además, esta histórica sentencia es consecuencia de la
insistencia y tenacidad de víctimas, familiares y organizaciones de derechos
humanos guatemaltecos por obtener justicia. La sentencia contra Ríos Montt
constituye un hito histórico para la justicia en el continente ya que es la primera vez
en América Latina que se juzga por el delito de genocidio a un ex general a
través de un juicio llevado a cabo por los tribunales del propio país.
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