martes, 27 de marzo de 2018

Seguimos esperando señor Fiscal General

Tres organizaciones de diferente naturaleza publicaron sendos informes sobre las violaciones a derechos humanos en el marco de la crisis política: El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, que es una institución estatal; la Coalición contra la Impunidad, que es una articulación de sociedad civil; y el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, que es una organización internacional.

Los tres informes coinciden en tres aspectos: Primero, que se produjeron decenas de muertes en el contexto de la crisis electoral; segundo, que los responsables son miembros de la Policía Militar y de la Policía Nacional; y tercero, que el Ministerio Público ha sido inoperante para investigarlos.

El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos documentó la muerte de al menos 31 personas, la Coalición contra la Impunidad documentó la muerte de 33 y el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos documentó al menos la muerte de 16 personas, entre ellas dos niños.

También hay otros informes que ratifican los abusos de derechos humanos cometidos por las fuerzas militares y policiales, como, por ejemplo, el informe de Amnistía Internacional, el de Human Rights Watch y el de la Federación Internacional de Derechos Humanos.

Todos los informes plantean dudas sobre la imparcialidad del Ministerio Público, pues, por un lado, ha sido eficiente para investigar y presentar acusaciones criminales contra las personas vinculadas a las protestas sociales, pero, por otro, ha sido incompetente para investigar los crímenes cometidos por policías y militares, y sus superiores jerárquicos. 

Señor Óscar Chinchilla, Fiscal General del Estado, permítanos transformar en pregunta una recomendación que le ha hecho el Alto Comisionado: ¿qué espera para ordenar que se realicen investigaciones rápidas, imparciales, independientes y transparentes de todas las denuncias de violaciones a derechos humanos, dando prioridad a las muertes documentadas?

Señor Fiscal General, le recordamos que la falta de una investigación seria y diligente no sólo pone en mayor riesgo la seguridad democrática al alimentar la impunidad e impedir la plena realización del Estado de derecho, sino que también propicia la repetición crónica de los crímenes y la total indefen­sión de las víctimas y sus familiares.

No siga siendo cómplice de los corruptos y asesinos señor Óscar Chinchilla, no sea cobarde ni calculador, cumpla con su mandato constitucional, demuestre que todavía le queda un poquito de dignidad y profesionalismo, no se condene usted mismo a permanecer en el basurero de la historia.

miércoles, 21 de marzo de 2018

¿Quiénes son los responsables de los asesinatos documentados por el Alto Comisionado?

En el informe especial que presentó la semana pasada la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH), se constata, entre otros, los siguientes crímenes. 

Al menos 16 muertes violentas a causa de los disparos de policías y militares, entre ellas dos mujeres y dos niños; 7 ejecuciones extrajudiciales como consecuencia de impactos de bala en la cabeza; y al menos 60 personas heridas, la mitad de ellas con municiones reales. Los ejecutores son miembros de la Policía Militar y la Policía Nacional. 

Aunque existen los sicarios militares y policiales que dispararon, la responsabilidad de sus superiores civiles y jefes militares se extiende a los crímenes cometidos por fuerzas bajo su mando o autoridad y control efectivo. 

En este caso, los responsables superiores son el General Fredy Santiago Díaz Zelaya, Secretario de Defensa Nacional por ley, General Julián Pacheco Tinoco, Secretario de Seguridad, y Coronel Óscar Reyes Paz, jefe de la Policía Militar de Orden Público. 

Estos tres jerarcas militares son responsables por estos crímenes porque tuvieron conocimiento de su comisión e hicieron caso omiso deliberadamente a la información sobre los mismos; porque esos crímenes guardan relación con actividades bajo su responsabilidad y control efectivo; y porque no adoptaron todas las medidas necesarias y razonables para evitarlos, reprimirlos o denunciarlos. 

Es más, estos tres jefes militares tenían conocimiento de los actos delictivos de sus subordinados, sin embargo, hicieron caso omiso a los mismos e incluso entorpecieron el trabajo de este órgano internacional, ya que no le proporcionaron a la OACNUDH información sobre las órdenes que regulaban las operaciones y negaron el acceso a ciertos registros de las personas detenidas. 

A los generales Díaz Zelaya y Pacheco Tinoco, y al coronel Reyes Paz la ceguera del poder absoluto no les permite ver la gravedad de las consecuencias por estos crímenes y no son capaces de comprender que desde hace un tiempo se está abriendo un agujero en el muro de la impunidad que terminará por caer sobre sus cabezas.

jueves, 15 de marzo de 2018

Carta abierta al señor Fiscal General del Estado, abogado Óscar Chinchilla

El Progreso, Yoro 
15 de marzo de 2018 

Abogado Óscar Chinchilla 
Fiscal General del Estado 
Ministerio Público 

Señor Fiscal General: 

Me dirijo a usted como ciudadano preocupado por la grave crisis de derechos humanos en el país y por la falta de respuesta efectiva del Ministerio Público ante ella. Mi intención no es hacer una lista de las deudas históricas que, en mi opinión, la institución que usted rectora tiene con la sociedad hondureña en general y con las víctimas de graves violaciones a derechos humanos en particular. 

En cuanto a estas últimas, basta decir que resulta alarmante la falta de capacidad y voluntad política del Ministerio Público para abordar los tres eventos más críticos de nuestra frágil historia democrática: la implementación de la doctrina de seguridad nacional en los años 80, el golpe de Estado de 2009 y la actual crisis política generada por la reelección inconstitucional y fraudulenta del señor Juan Orlando Hernández. 

Reconozco, señor Fiscal General, que se han dado algunos pasos positivos gracias al acompañamiento de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), la creación de la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad y la Corrupción (UFECIC) y el nombramiento del fiscal Luis Javier Santos al frente de esta última, quien ha demostrado con creces su compromiso con los valores democráticos, el Estado de derecho y la lucha contra la corrupción. 

Como usted sabe, recientemente la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH) presentó un informe especial sobre “Las violaciones a los derechos humanos en el contexto de las elecciones de 2017 en Honduras”. En él, este órgano internacional revela que el Ministerio Público no prestó su colaboración ni respondió a las solicitudes de reuniones a nivel superior para abordar la crisis de derechos humanos. 

Indudablemente, esta posición institucional deja en entredicho una vez más la obligación que usted tiene de cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República, los tratados internacionales de derechos humanos y las leyes nacionales; no obstante, usted todavía tiene la oportunidad de enmendar esta postura y cumplir con su deber de investigar y sancionar a los responsables de las graves violaciones a derechos humanos señaladas en dicho informe. 

Para demostrarle que mi crítica es constructiva y que todavía tengo una pequeña esperanza de que usted como Fiscal General, dé los primeros pasos para que el Ministerio Público salde su deuda histórica con las víctimas de violaciones a derechos humanos, le comparto un breve análisis general sobre cómo se deben iniciar y orientar las investigaciones con el fin de detener el círculo vicioso de la impunidad. 

En primer lugar, el informe de la OACNUDH le brinda una serie de elementos esenciales que constituyen una base sólida para el inicio de investigaciones, ya que demuestra lo siguiente: 

1. Que la Policía Militar y la Policía Nacional hicieron un uso intencional y letal de las armas de fuego, incluso más allá del propósito disuasorio, como cuando las víctimas estaban huyendo. 

2. Que al menos 16 personas murieron violentamente a causa de los disparos de policías y militares, entre ellas dos mujeres y dos niños. 

3. Que 7 víctimas murieron como consecuencia de impactos de bala en la cabeza, lo cual equivale a ejecuciones extrajudiciales. 

4. Que al menos 60 personas resultaron heridas, la mitad de ellas con municiones reales. 

5. Que se produjeron detenciones masivas, malos tratos en el momento de la detención o durante la detención, y allanamientos ilegales de viviendas. 

En segundo lugar, para golpear contundentemente a la impunidad ante estas graves violaciones a derechos humanos, el Ministerio Público tiene la obligación de apuntar hacia la responsabilidad de los superiores civiles y jefes militares oficiales, la cual se extiende a los crímenes cometidos por fuerzas bajo su mando o autoridad y control efectivo. En este caso, los responsables superiores son el General Fredy Santiago Díaz Zelaya, Secretario de Defensa Nacional por ley, General Julián Pacheco Tinoco, Secretario de Seguridad, y Coronel Óscar Reyes Paz, jefe de la Policía Militar de Orden Público. 

En tercer lugar, por las siguientes razones jurídicas estos tres jerarcas militares son responsables por los crímenes documentados por la OACNUDH en su informe: 

1. Porque tuvieron conocimiento de la comisión de estos crímenes e hicieron caso omiso deliberadamente a la información sobre los mismos. 

2. Porque estos crímenes guardan relación con actividades bajo su responsabilidad y control efectivo. 

3. Porque no adoptaron todas las medidas necesarias y razonables para evitarlos, reprimirlos o denunciarlos. 

En cuarto lugar, el informe de la OACNUDH ratifica que estos tres jerarcas militares tenían conocimiento de los actos delictivos de sus subordinados, sin embargo, hicieron caso omiso a los mismos e incluso entorpecieron el trabajo de este órgano internacional, ya que: 

1. Los Ministerios de Defensa y Seguridad no le proporcionaron a la OACNUDH información sobre las órdenes que regulaban las operaciones. 

2. La Fuerza de Seguridad Interinstitucional (FUSINA) negó a la OACNUDH el acceso a los registros de las personas detenidas en la 105ª Brigada de Infantería. 

En cuarto lugar, aunque estos 3 jerarcas militares no hayan impartido una orden específica de cometer estas graves violaciones a derechos humanos, son responsables aun por actos de sus subordinados que ellos no hayan conocido, pero que, dadas las circunstancias del caso, hayan debido conocer, impedir, reprimir o denunciar. 

En quinto lugar, en el marco de la crisis electoral, estos crímenes documentados por la OACNUDH eran tan notorios y generalizados que es imposible argumentar que los generales Díaz Zelaya y Pacheco Tinoco, y el coronel Reyes Paz, no tenían conocimiento de ellos. En este sentido, resulta evidente que: 

1. Existía información de la cual resultaba claramente un riesgo significativo de que sus subordinados estaban cometiendo o se proponían cometer tales crímenes. 

2. Esa información estaba a su disposición a través de los diversos informes de organismos nacionales, tanto de sociedad civil como del propio Estado (Informe del Comisionado Nacional de Derechos Humanos) e internacionales como Amnistía Internacional. 

3. No se ocuparon profundamente de esa información, aunque conocían su existencia. Más aún, a través de conferencias públicas y comunicados oficiales se puede comprobar que apoyaron y consintieron la actividad criminal de sus subordinados. 

Señor Fiscal General, los argumentos fácticos y jurídicos con que cuenta el Ministerio Público para orientar las investigaciones en la línea propuesta pueden ser fortalecidos con otros informes, tales como, el de Amnistía Internacional, de la Coalición contra la Impunidad, de Human Rights Watch, de la Federación Internacional de Derechos Humanos, del Comité de Familiares Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), del Comité por la Libre Expresión (C-Libre) o del Comisionado Nacional de Derechos Humanos. 

Le recuerdo, además, que según la jurisprudencia interamericana –que es obligatoria en nuestro ámbito nacional- la falta de una investigación seria y diligente por parte del Ministerio Público no sólo pone en riesgo la seguridad democrática al alimentar la impunidad e impedir la plena realización del Estado de derecho, también propicia la repetición crónica de las violaciones a derechos humanos, la total indefen­sión de las víctimas y sus familiares, y el aumento de la desconfianza ciudadana, particularmente cuando los responsables forman parte de las altas estructuras del Estado, como sucede en los casos documentados por la OACNUDH. 

Sin duda alguna, hay suficiente fundamento jurídico para que el Ministerio Público a través de sus fiscalías especializadas asuma la persecución penal de los casos documentados en el informe de la OACNUDH y de esta manera envíe a la sociedad un mensaje de su voluntad política para perseguir estos crímenes, cuyos efectos siguen vigentes, y que debido al carácter permanente de su comisión, la extensión del daño causado y la gravedad de sus consecuencias, permite exigir su castigo en forma actual y permanente. 

Le garantizo que esta acción permitiría pasar del cuestionamiento de la eficacia del ius puniendi del Ministerio Público en materia de derechos humanos, a un acercamiento significativo con la sociedad y con las organizaciones de derechos humanos, lo cual abriría el camino para la construcción de espacios de coordinación y fortalecimiento mutuo, tal y como lo reclama la precaria situación de los derechos humanos que vivimos. Además, posiblemente se produciría una modificación de la percepción ciudadana que, en este momento, ve a la institución que usted lidera como deficiente, carente de independencia y sin ningún impacto significativo en la generación de cambios estructurales en la lucha contra la impunidad. 

En sus manos está, abogado Chinchilla, ser recordado como el Fiscal General que cumplió con su obligación constitucional de representar los intereses generales de la sociedad y reprimir las graves violaciones a derechos humanos, o ser recordado como el Fiscal General cómplice del desprecio a la dignidad humana y corresponsable de los crímenes documentados por la OACNUDH y las organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos. No olvide que, como lo señala Julio Scherer Ibarra, “dejar pasar el delito es tanto como extenderlo en la práctica”. 

Atentamente, 

Dr. Joaquín A. Mejía Rivera

martes, 13 de marzo de 2018

Un informe que ratifica el derivo dictatorial del régimen nacionalista

La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH) presentó un informe especial sobre “Las violaciones a los derechos humanos en el contexto de las elecciones de 2017 en Honduras”. 

Este documento nos brinda una visión general de la situación de los derechos humanos en la fase preelectoral, pero se centra en las violaciones que se cometieron entre el día de la votación, el 26 de noviembre de 2017, y la imposición de Juan Orlando Hernández, el 27 de enero de 2018. 

Entre otras cosas el informe ratifica lo que ya sabemos y que fue documentado por otras organizaciones nacionales e internacionales como la Coalición contra la Impunidad o Amnistía Internacional: que la Policía Militar y la Policía Nacional utilizaron ilegalmente sus armas contra las personas manifestantes. 

Como resultado, la OACNUDH determinó que al menos 16 personas murieron violentamente a causa de los disparos de policías y militares, entre ellas dos mujeres y dos niños, y que al menos 60 personas resultaron heridas, la mitad de ellas con municiones reales. 

También confirmó que se produjeron detenciones masivas, malos tratos en el momento de la detención o durante la detención, allanamientos ilegales de viviendas llevados a cabo por miembros de las fuerzas de seguridad y un aumento de las amenazas e intimidaciones contra periodistas, colaboradores de los medios de comunicación y activistas sociales y políticos. 

Para variar, los Ministerios de Defensa y Seguridad no proporcionaron a la OACNUDH información sobre las órdenes que regulaban las operaciones; la Fuerza de Seguridad Interinstitucional (FUSINA) le negó el acceso a los registros de las personas detenidas en la 105ª Brigada de Infantería y el Ministerio Público no prestó su colaboración ni respondió a las solicitudes de reuniones a nivel superior. 

Estos datos demuestran con contundencia el carácter dictatorial del régimen del señor Hernández y la doble moral del señor Óscar Chinchilla, fiscal general del Estado, cuando se trata de defender la dignidad humana. Curiosamente, esta es la FUSINA que quieren elevar a rango constitucional y este es el fiscal general quieren reelegir.

Lea o descargue el informe completo aquí: http://www.ohchr.org/Documents/Countries/HN/2017ReportElectionsHRViolations_Honduras_SP.pdf

miércoles, 7 de marzo de 2018

A usted señor Hernández le falta lo más importante

Uno de los elementos fundamentales que distingue a un sistema democrático de un sistema autoritario es la legitimidad, es decir, el consentimiento y el convencimiento de la ciudadanía de que quien gobierna lo hace basado en el respeto a la legalidad. 

La legitimidad de un régimen democrático y sus instituciones tiene un doble origen: por un lado, el principio de la soberanía popular expresado en la voluntad de las mayorías que, a través de elecciones libres y auténticas, elige a quien ejercerá el poder público. 

Y, por otro lado, la garantía, promoción y protección de cier­tos bienes e intereses fundamentales para la dignidad humana, es decir, los derechos y libertades ciudadanas, que son considerados la columna vertebral del orden social en una sociedad que se precie democrática. 

Legitimar es justificar y tratar de dar razón de la fuerza por medio de la fuerza de la razón, ya que la fuerza por sí sola no es del todo eficaz para mantener un sistema de poder, particularmente cuando este se expresa a través de la fuerza militar. 

Por ello el poder siempre pretende presentarse a sí mismo como legítimo, como algo necesario y justo. Cuando se gobierna basado en la legitimidad, se fortalece el sistema de poder y se hace menos necesario el uso de la fuerza. 

Pero a usted, señor Hernández, le falta legitimidad, que es el elemento más importante para gobernar en democracia. A usted lo único que lo sostiene es el uso de la fuerza bruta y militar, que son sinónimos. Su gobierno es el más débil de la historia porque está basado en el fraude y la corrupción. 

Aunque tenga a su lado a aduladores que le dibujen una realidad color rosa, usted es despreciado por la ciudadanía, usted es considerado un tirano, un dictador, usted está desacreditado. Usted y sus sicarios con uniforme militar tienen las horas contadas en la historia de la nueva Honduras.