sábado, 28 de abril de 2012

Comunicado de la Relatoría sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad de la CIDH sobre su visita a Honduras


CONFERENCIA DE PRENSA
COMISIONADO RODRIGO ESCOBAR GIL
RELATOR DE PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD DE LA CIDH

La Relatoría sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos concluye oficialmente con este acto su visita de trabajo a la República de Honduras. 



Durante la visita hemos tenido reuniones con el Presidente de la República, la Subsecretaria de Relaciones Exteriores, la Subsecretaria de Seguridad, el Director Nacional de Centros Penales, la Secretaria de Justicia y Derechos Humanos; asimismo, con la Procuradora General de la República, el Fiscal General, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos; y  Jueces de Ejecución de la Pena. La delegación también se reunión con el Comité Nacional contra la Tortura (CONAPREV). 

En la ciudad de San Pedro Sula, se celebraron reuniones con el Gobernador Político, el Alcalde, Monseñor Rómulo Emiliani, y Monseñor Ángel Garachana y su equipo.

Igualmente se mantuvieron reuniones con representantes de las siguientes organizaciones de la sociedad civil: el Centro para el Tratamiento y la Rehabilitación de las Víctimas de Tortura (CPTRT), el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús (ERIC),  la Pastoral Penitenciaria, CARITAS, Convergencia por los Derechos Humanos, la Asociación de Jueces por la Democracia, y el Comité de Familiares de las Víctimas del Centro Penal de Comayagua. 

La Relatoría visitó el Centro Penal de San Pedro Sula, la Penitenciaría Nacional Marco Aurelio Soto, y la Penitenciaría Nacional de Comayagua. 

La Comisión Interamericana destaca la colaboración prestada por las autoridades del Estado hondureño en la realización de esta visita, en particular la transparencia en el suministro de la información, así como la disposición para permitir el acceso irrestricto a las instalaciones de los centros penitenciarios visitados y la realización de entrevistas con personas privadas de la libertad en condiciones adecuadas. Asimismo, la CIDH toma nota de la voluntad expresada por las altas autoridades del Estado para trabajar en el mejoramiento de las condiciones de reclusión de las personas privadas de libertad en Honduras.

Los centros penitenciarios de Honduras se caracterizan por graves problemas estructurales que han conducido al colapso del modelo y a una situación generalizada de violación de derechos humanos incompatible con las obligaciones internacionales del Estado, establecidas en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Entre los principales problemas se encuentran: la sobrepoblación y el hacinamiento, la falta de instalaciones físicas adecuadas y seguras para el alojamiento de los reclusos; las condiciones deplorables de higiene y salubridad; de provisión adecuada de alimentos y agua potable; de asistencia médica adecuada; escasez de programas de estudio y trabajo; la falta de instalaciones adecuadas para atender a las visitas, incluida la conyugal; la falta de control judicial efectivo de la legalidad de la privación de la libertad en todas sus etapas; la falta de separación por categorías; y la mora judicial. Esta grave crisis estructural es el resultado de la ausencia, durante décadas, de políticas públicas integrales orientadas a lograr que el sistema penitenciario cumpla con los fines que establece la Convención Americana sobre Derechos Humanos: la reforma y la readaptación social de los condenados.

Al mismo tiempo, las políticas de seguridad de Honduras, al igual que en otros países de la región, se han caracterizado por la aplicación de una política criminal de mano dura, basada en un enfoque eminentemente represivo en el que se enfrenta el delito mediante la tipificación de nuevos delitos, el aumento de las penas, el uso abusivo de la detención preventiva y la ausencia de mecanismos alternativos de la prisión. Este enfoque represivo que al estar acompañado del abandono de las cárceles por parte del Estado, genera que en la práctica no alcancen los fines perseguidos, sino que por el contrario se aumenten los niveles de inseguridad. La seguridad ciudadana involucra la interrelación de múltiples actores, condiciones y factores entre los cuales se cuentan la historia y la estructura del Estado y la sociedad; las políticas y programas de los gobiernos; la vigencia de los derechos económicos, sociales, culturales; y el escenario regional e internacional. Por lo tanto, su realización no puede reducirse de forma simplista y falaz a discursos de mano dura o tolerancia cero que pregonan el encarcelamiento masivo de personas como única respuesta a esta compleja realidad.

Es imprescindible que la política criminal de los Estados no solo tenga un carácter represivo sino que también debe tener una naturaleza preventiva con políticas y programas orientados a la prevención de los delitos. Entre dichas políticas adquiere especial  relevancia por su significación y eficacia los programas orientados al mejoramiento del sistema penitenciario, en particular los dirigidos a promover y fomentar el trabajo y la educación en las cárceles como medios idóneos para lograr la reinserción social de los reclusos.

En el caso concreto de Honduras, la Comisión Interamericana observa con preocupación algunas particularidades que agravan aún más las condiciones de las personas en custodia del Estado. El rasgo más preocupante es el abandono de los centros penitenciarios y la entrega de aspectos esenciales de su administración, como el control de la disciplina, la asignación y el traslado de las celdas, y el control de toda la economía informal que se mueve al interior de los centros penales, a determinados reclusos denominados “coordinadores”. La delegación de facto del control interno de los centros penitenciarios a los reclusos, sin institucionalización alguna ni límites ni controles, ha generado altos niveles de violencia y corrupción, en un contexto de absoluta impunidad. Los hechos atroces recientemente registrados en el Penal de San Pedro Sula el pasado 29 de marzo, en los que por una lucha de poder por el control del penal fueron asesinados trece internos –incluido el entonces coordinados general de ese penal al que no solo decapitaron, sino que además le arrancaron el corazón y le mutilaron los genitales, dan cuenta de los niveles de violencia y descontrol a los que se puede llegar con este modelo de autogestión penitenciaria.

Preocupa también a la Comisión la falta de un marco normativo adecuado definido por una política pública en la materia. Las normas existentes no solo son obsoletas e ineficaces, sino que al carecer de reglamentación deja su aplicación al arbitrio del funcionario, en detrimento del Estado de derecho. Desde el punto de vista institucional, la Relatoría sobre los Derechos de las Personas Privadas de la Libertad concluye que Honduras carece de un verdadero sistema penitenciario, puesto que su organización se limita al establecimiento de veinticuatro  centros penales cuya custodia periférica esta a cargo de la Policía Nacional, sin que existan unas políticas públicas integrales, una legislación adecuada, un presupuesto suficiente y un personal de guarda y custodia profesional y especializado. En este sentido, la Comisión subraya que la Policía es un cuerpo de seguridad cuyas funciones propias son la prevención del delito y el mantenimiento del orden público, pero que carece de la formación y el entrenamiento adecuado para ejercer las funciones propias de la rehabilitación de los condenados y su reinversión a la sociedad.

La Comisión también observa con preocupación la falta de separación entre procesados y condenados, y lo que es aun más grave, entre hombres y mujeres, en contravención de los principios mínimos que deben orientar la gestión penitenciaria para dar protección a grupos vulnerables.

En este contexto de abandono y sobrepoblación, estaban dadas las condiciones para que ocurriera una tragedia como que tuvo lugar en la Penitenciaría Nacional de Comayagua el 14 de febrero de este año, en la que murieron 361 personas. En la visita realizada a dicho centro penal, la Comisión pudo verificar que en espacios de 75 metros cuadrados con capacidad para 20 personas se encontraban recluidas entre 100 y 110 personas, en literas dispuestas en formas de nichos unas encima y al lado de otra, en un área no superior  los 80 centímetros cuadros.

La Comisión tiene conocimiento de que el Estado está adelantando las investigaciones penales y administrativas correspondientes. Dada la magnitud de la tragedia en pérdidas de vidas humanas, la Comisión insta a las autoridades del Estado a adoptar las medidas necesarias para el establecimiento oportuno de las responsabilidades a que haya lugar tanto por acción como por omisión, toda vez que las víctimas eran personas que se encontraban bajo custodia del Estado, y por tanto jurídicamente el Estado era responsable de garantizar sus derechos fundamentales.

Según la información de dominio público existen diferentes hipótesis relativas, tanto a las causas como al  control del incendio y al rescate de los sobrevivientes. Respecto  a las causas, es imperativo que el Estado investigue tanto las hipótesis que indican que la conflagración obedeció a un simple accidente, como las hipótesis que conducen a la existencia de móviles criminales. Asimismo, se insta al Estado para que se investigue las múltiples denuncias que señalan graves omisiones de parte de las autoridades penitenciarias que tenían a su cargo el establecimiento penitenciario en la prevención y control del incendio, así como en el rescate de las víctimas. Es obligación del Estado agotar todas las líneas de investigación y  esclarecer los hechos ocurridos en Comayagua, para que no solo se alcance la verdad, justicia y reparación; sino para asegurar que hechos de esta extrema gravedad no se vuelvan a repetir jamás.

Con respecto a las consecuencias del incendio, la Comisión toma nota de algunas acciones que ya ha adoptado el Estado para apoyar a los familiares de las víctimas del incendio. Al mismo tiempo, considera que es imprescindible brindar asistencia sicológica idónea a los sobrevivientes de las bartolinas que se quemaron y a los familiares de los internos que perdieron la vida. Asimismo, insta a las autoridades a reubicar a los internos en instalaciones seguras y adecuadas; pretender albergar a los sobrevivientes en los mismos recintos en los que recientemente murieron 361 personas, contraviene la dignidad inherente del ser humano, y los principios humanitarios básicos de una sociedad civilizada.  

La magnitud de la tragedia de Comayagua urge que el Estado adopte las medidas urgentes para adecuar las instalaciones físicas de todos los centros penales que no reúnen las condiciones mínimas para garantizar una calidad de vida acorde con la dignidad humana y que pone en riesgo evidente la integridad de miles de personas que se encuentran bajo la custodia del Estado.

Finalmente, la Relatoría subraya que le corresponde al Estado, en función de su posición de garante de los derechos de las personas privadas de libertad, adoptar políticas públicas integrales dirigidas a la rehabilitación y readaptación, que incluyan: la adopción de una ley penitenciaria acorde con los estándares internaciones en la materia, y creación de un instituto penitenciario como elemento clave de la política criminal, de justicia y de derechos humanos, dirigido por personal profesional y especializado, el incremento progresivo del presupuesto oficial destinado a las necesidades de alimentación, salud, higiene, agua potable, etc. de la población reclusa, el diseño y formulación de programas de empleo y estudio que permitan la reinserción social de los privados de libertad, y el mejoramiento de la justicia para superar la mora y rezago judicial y la adecuación de la legislación para adoptar medidas alternativas a la pena de prisión. Pero fundamentalmente, debe adoptar las medidas necesarias para erradicar de las cárceles de forma definitiva el modelo de autogestión absoluta que ejercen los reclusos, sin controles y límites, lo que genera corrupción, violencia e impunidad. 

Estos deberes deben ser asumidos por el Estado como una prioridad que no dependa del mayor o menor interés que coyunturalmente pueda darle los gobiernos de turno, ni de los avatares de la opinión pública; sino que debe constituir un compromiso que vincule a todas las ramas del poder público y a la sociedad en su integridad.

miércoles, 25 de abril de 2012

Una misión internacional visita Honduras


Rodrigo Escobar Gil, Relator Especial de la CIDH

La Relatoría sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha iniciado una visita a Honduras desde el lunes 23 de abril de este año con el objetivo de constatar la situación general de las cárceles y emitir las recomendaciones respectivas al Estado.

La misión está encabezada por el Relator Especial, Rodrigo Escobar Gil, por la coordinadora de la Relatoría, María Claudia Pulido, y por el especialista de la misma, Andrés Pizarro Sotomayor.

Como parte de su mandato, durante su visita la Relatoría desarrollará fundamentalmente tres líneas de acción: Visitas a centros penales de todo tipo; diálogo con las autoridades encargadas del diseño de políticas penitenciarias y la administración de los centros penales; y reuniones con organizaciones de la sociedad civil comprometidas con el trabajo a favor de los derechos de las personas privadas de libertad. 

Desde su creación, la Relatoría ha realizado más de una docena de visitas a países del continente y es de resaltar que en el año 2004 ya visitó el país después de la muerte de 107 personas privadas de libertad en el centro penal de San Pedro Sula, hecho que ha vuelto a repetirse con la muerte de 371 personas en la granja penal de Comayagua, y que ha puesto al país en la cima del mal ejemplo de cárceles convertidas en verdaderos centros de concentración, muerte, tortura y especialización del crimen.

La importancia de esta visita radica en que se confirma que Honduras sigue siendo centro de preocupación para la comunidad internacional y se da en la semana que la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictará sentencia sobre el caso del incendio del centro penal de San Pedro Sula en el 2004. 

Esta visita más la próxima sentencia, debería servir como un punto de inflexión para que el Estado, junto con la sociedad civil, inicie un verdadero proceso de transformación del sistema penitenciario hondureño, vacunado contra la corrupción, el tráfico de influencias, la muerte, la violencia y la impunidad.

PRONUNCIAMIENTO PÚBLICO

La Convergencia por los Derechos Humanos de la zona noroccidental de Honduras ante la comunidad nacional e internacional manifestamos lo siguiente:

PRIMERO: Declaramos que la conservación de la memoria histórica es fundamental para avanzar en la lucha contra la impunidad en Honduras, por ello no olvidamos que el 15 de septiembre de 2010 fue reprimida violentamente por la Policía Nacional una manifestación pacífica en la que participaban colegios de educación media, escuelas públicas, sindicatos, grupos artísticos, organizaciones sociales y varios colectivos de profesionales, dejando como saldo manifestantes con fracturas de costillas, fracturas de cráneo, pérdida de los dientes y heridas en el rostro y la cabeza, así como la detención de 37 personas, entre ellas, 3 menores de edad.  

SEGUNDO: Denunciamos que esta estrategia de represión que criminaliza cualquier manifestación de disidencia se ha constituido en una de las más recurridas violaciones a derechos humanos a partir del golpe de Estado, y su impunidad se ha institucionalizado de tal forma que representa la amenaza más grave para la vida y la seguridad de los hondureños y hondureñas, y en consecuencia, para la existencia misma del proceso de construcción democrática.

TERCERO: Celebramos que después de casi dos años, la Fiscalía Especial de Derechos Humanos de San Pedro Sula por fin presentó un requerimiento fiscal contra los subcomisionados de policía Héctor Iván Mejía Velásquez y Daniel Matamoros Ávila, por los delitos de detención ilegal, lesiones leves y violación de los deberes de los funcionarios, cuya audiencia inicial se celebrará el próximo 3 de mayo.

CUARTO: Exigimos que las instancias encargadas de impartir justicia estén conscientes que la deducción de responsabilidades penales y administrativas en este caso es una oportunidad histórica para enviar un mensaje contundente a las fuerzas de seguridad del Estado en el sentido que en una sociedad que se precie democrática no puede permitirse el uso discriminatorio y excesivo de la fuerza; abiertos excesos e inexistencia de control respecto del uso de fuerza letal y no letal, con el objetivo de castigar a quienes participan en tales manifestaciones; y la inobservancia de los criterios de proporcionalidad, oportunidad, necesidad y legitimidad en el uso de la fuerza.  

QUINTO: Exhortamos a la ciudadanía en general y a las organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos en particular, a estar vigilantes con respecto al desenlace de este proceso contra los subcomisionados Mejía Velásquez y Matamoros Ávila, pues si nuevamente la impunidad se coloca por encima de la justicia, se tendrá un efecto devastador para la realización del Estado de derecho y la democracia que queremos construir, en tanto que se seguirá fomentando la vulnerabilidad de las personas al generar la percepción de que es posible violar los derechos humanos sin recibir castigo y se enviará a toda la sociedad un mensaje intimidatorio que puede causar temor generalizado, y desanimar y silenciar las denuncias, reclamos y reivindicaciones sociales.

San Pedro Sula, Cortés, 24 de abril de 2012.

miércoles, 18 de abril de 2012

El alto costo de defender el bosque

Honduras es uno de los países más ricos en recurso forestal. De acuerdo con estudios y análisis del sector, el 87.7% del territorio nacional es de vocación natural forestal. Sin embargo, el mal manejo de este recurso provoca que cada año se pierdan entre 80,000 y 100,000 hectáreas de bosque debido a la ampliación de la frontera agrícola, los incendios forestales y la tala ilegal; en otros términos esto significa que lo que se está perdiendo de bosque en Honduras equivale a 90 canchas de fútbol por día.

Aunado a ello, la corrupción y la incapacidad estatal para proteger el recurso bosque facilita que anualmente entre el 75 y 85% de la madera de color extraída de los bosques hondureños provenga de actividades de corte ilegal, lo cual representa una pérdida entre US$55 y $70 millones al año, sin contar con los impuestos no percibidos y la inversión pública desperdiciada.

El Estado, en vez de cumplir con su obligación de proteger los recursos naturales por su relación innegable con la vida y la salud, bajo un marcado espíritu mercantil ha gestionado tales recursos con el fin de “satisfacer las demandas de las empresas transnacionales y nacionales, los organismos financieros internacionales y las agencias externas de cooperación en el escenario económico creado por la globalización y el neoliberalismo”.

Frente a ello, comunidades, organizaciones, y líderes y lideresas sociales se han implicado como defensores y defensoras de derechos humanos ambientales en acciones de resistencia, denuncia y oposición al saqueo y la expoliación de los recursos naturales. Como consecuencia, han sido objeto de violaciones de derechos humanos, que incluyen amenazas, secuestros, ataques violentos y asesinatos cometidos por funcionarios estatales, empleados de las empresas explotadoras de los recursos naturales y grupos particulares con el apoyo o anuencia del Estado.

Carlos Luna, Jeannette Kawas, Carlos Escaleras, Silvano Mejía, Cándido Amador Recinos, Fabián Gonzáles, José Santos Carrillo, Carlos Arturo Reyes, Cecilio Hernández, Teófilo Gutiérrez, German Rivas y Juan Figueroa, son sólo algunos de los defensores ambientalistas asesinados sin que hasta la fecha el Estado haya adoptado medidas efectivas para evitar la repetición de estos hechos mediante la investigación y sanción de los responsables.

Pese a los signos de muerte que representa defender el bosque, las comunidades comprenden que el bosque es vida y por ello continuarán organizándose y articulándose para defender los recursos forestales del país bajo el ejemplo permanente de sus mártires.

martes, 10 de abril de 2012


En este libro, "Aportes teóricos para promover los derechos sociales desde el pensamiento de Luigi Ferrajoli" (Febrero 2012), realizo, de acuerdo con el Dr. Ricardo García Manrique, una exposición completa y ordenada de la posición que los derechos sociales ocupan en el entramado de la construcción jurídica de Luigi Ferrajoli, con atención especial a las cuestiones más significativas en el debate actual sobre los derechos sociales (Prólogo).

Honduras en la lista siniestra de los derechos humanos por tercer año consecutivo

Desde el golpe de Estado Honduras es incluida en la lista siniestra de los derechos humanos por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quien cada año publica un informe anual en el que señala a aquellos países cuyas prácticas en materia de derechos humanos generan especial preocupación para la comunidad interamericana.

Algunos de los criterios establecidos por la Comisión para determinar qué países se incluyen en esta “lista siniestra” tienen que ver con la existencia de pruebas incuestionables de que un Estado comete masivas y graves violaciones a los derechos humanos, y de graves situaciones coyunturales o estructurales que afectan seriamente el goce y disfrute de los derechos humanos, tales como, situaciones de violencia, crisis institucionales, procesos de reforma institucional con incidencias negativas para los derechos humanos u omisiones en la adopción de disposiciones necesarias para hacer efectivos los derechos de la población.

Bajo tales parámetros, no es extraño que Honduras haya sido incluida por tercera vez consecutiva en la lista siniestra pues la Comisión Interamericana reiteradamente manifiesta su preocupación en relación con graves problemas estructurales en materia de justicia, seguridad, marginación y discriminación.

Aunque en este nuevo informe la Comisión reconoce las buenas prácticas del Estado de Honduras, tales como la creación de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos y de la Secretaría para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Afro Hondureños, y la ratificación de cuatro instrumentos interamericanos de derechos humanos, también expresa su profunda preocupación por la situación de los periodistas, las defensoras y los defensores de derechos humanos, los campesinos del Bajo Aguán, los pueblos indígenas, las personas LGTBI, entre otros grupos.

Ante la gravedad de la situación en Honduras, la Comisión le recomienda al Estado, entre otras cosas, asegurar que el sistema de administración de justicia brinde un efectivo acceso a la justicia de todas las personas; investigar, juzgar y sancionar a los responsables de violaciones a los derechos humanos; mejorar la seguridad de la ciudadanía y ordenar que las Fuerzas Armadas y los aparatos de inteligencia militar no participen en actividades de seguridad ciudadana y, cuando lo hagan en situaciones excepcionales, se subordinen a la autoridad civil; y disponer de las medidas necesarias para proteger a los sectores de la población hondureña históricamente marginados y de mayor vulnerabilidad, como las niñas y los niños, la comunidad LGTB, las mujeres y los pueblos indígenas y garífuna.

Si hubiera voluntad política para cumplir estas y otras tantas recomendaciones de diferentes órganos nacionales e internacionales, podríamos decir que Honduras camina hacia la consolidación de la democracia y el Estado de derecho.

Nuestra apuesta contra la impunidad

En este mes de abril, Radio Progreso y el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación, iniciamos una campaña contra la impunidad bajo el lema “Callar la verdad aplasta la dignidad de las víctimas. ¡Movilicémonos, no más impunidad” pues entendemos que el binomio funesto de la impunidad y la corrupción hiere al país en su mero corazón y elimina cualquier esperanza de cambio.

Durante muchos años, hemos sido testigos de la denegación de la justicia, del torcimiento de la ley por parte de quienes tienen el poder sin contrapeso y sin ambages, y quienes a pesar de sus delitos se conducen como si fueran inocentes, mientras la ley si se aplica con todo su peso a las grandes mayorías, particularmente si son pobres, marginadas y excluidas.

En el marco de nuestra campaña, cada mes visibilizaremos uno de los tantos casos de impunidad que lastimosamente inundan nuestro país con el objetivo de darle voz a las demandas de las víctimas, denunciar la inoperancia y colusión de las instituciones del sector justicia con los victimarios y sumarnos a los esfuerzos de aquellos que sueñan con una Honduras libre del temor y la miseria.

Los últimos acontecimientos de muerte y violencia en los centros penales son propicios para abrir esta campaña con la impunidad que reina en el sistema penitenciario nacional, cuyas actuales condiciones colocan a Honduras en contravención de sus deberes constitucionales y compromisos internacionales.

El elevado grado de hacinamiento de la población penitenciaria, la falta de separación entre condenados y procesados, los precarios servicios de salud y de alimentación, la corrupción del personal penitenciario, la violencia y la muerte son la muestra más cruel de la impunidad permanente que minuto a minuto, hora a hora y día a día viven miles de hondureños y hondureñas que la sociedad y el Estado han condenado al olvido y arrebatado el derecho a ser personas.

Como instituciones comprometidas con la dignidad humana, nos sumamos a la lucha por el establecimiento de un sistema penitenciario constituido como institución autónoma, gestionada por personal y administradores penitenciarios profesionales e independiente de la policía, pues sólo así se podrá prevenir la arbitrariedad y lograr que los centros penales cumplan con su objetivo de rehabilitar y preparar al privado de libertad para la vida laboral fuera de la cárcel.