Honduras es uno de los países más ricos en recurso forestal. De acuerdo con estudios y análisis del sector, el 87.7% del territorio nacional es de vocación natural forestal. Sin embargo, el mal manejo de este recurso provoca que cada año se pierdan entre 80,000 y 100,000 hectáreas de bosque debido a la ampliación de la frontera agrícola, los incendios forestales y la tala ilegal; en otros términos esto significa que lo que se está perdiendo de bosque en Honduras equivale a 90 canchas de fútbol por día.
Aunado a ello, la corrupción y la incapacidad estatal para proteger el recurso bosque facilita que anualmente entre el 75 y 85% de la madera de color extraída de los bosques hondureños provenga de actividades de corte ilegal, lo cual representa una pérdida entre US$55 y $70 millones al año, sin contar con los impuestos no percibidos y la inversión pública desperdiciada.
El Estado, en vez de cumplir con su obligación de proteger los recursos naturales por su relación innegable con la vida y la salud, bajo un marcado espíritu mercantil ha gestionado tales recursos con el fin de “satisfacer las demandas de las empresas transnacionales y nacionales, los organismos financieros internacionales y las agencias externas de cooperación en el escenario económico creado por la globalización y el neoliberalismo”.
Frente a ello, comunidades, organizaciones, y líderes y lideresas sociales se han implicado como defensores y defensoras de derechos humanos ambientales en acciones de resistencia, denuncia y oposición al saqueo y la expoliación de los recursos naturales. Como consecuencia, han sido objeto de violaciones de derechos humanos, que incluyen amenazas, secuestros, ataques violentos y asesinatos cometidos por funcionarios estatales, empleados de las empresas explotadoras de los recursos naturales y grupos particulares con el apoyo o anuencia del Estado.
Carlos Luna, Jeannette Kawas, Carlos Escaleras, Silvano Mejía, Cándido Amador Recinos, Fabián Gonzáles, José Santos Carrillo, Carlos Arturo Reyes, Cecilio Hernández, Teófilo Gutiérrez, German Rivas y Juan Figueroa, son sólo algunos de los defensores ambientalistas asesinados sin que hasta la fecha el Estado haya adoptado medidas efectivas para evitar la repetición de estos hechos mediante la investigación y sanción de los responsables.
Pese a los signos de muerte que representa defender el bosque, las comunidades comprenden que el bosque es vida y por ello continuarán organizándose y articulándose para defender los recursos forestales del país bajo el ejemplo permanente de sus mártires.
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