En este mes de abril, Radio Progreso y el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación, iniciamos una campaña contra la impunidad bajo el lema “Callar la verdad aplasta la dignidad de las víctimas. ¡Movilicémonos, no más impunidad” pues entendemos que el binomio funesto de la impunidad y la corrupción hiere al país en su mero corazón y elimina cualquier esperanza de cambio.
Durante muchos años, hemos sido testigos de la denegación de la justicia, del torcimiento de la ley por parte de quienes tienen el poder sin contrapeso y sin ambages, y quienes a pesar de sus delitos se conducen como si fueran inocentes, mientras la ley si se aplica con todo su peso a las grandes mayorías, particularmente si son pobres, marginadas y excluidas.
En el marco de nuestra campaña, cada mes visibilizaremos uno de los tantos casos de impunidad que lastimosamente inundan nuestro país con el objetivo de darle voz a las demandas de las víctimas, denunciar la inoperancia y colusión de las instituciones del sector justicia con los victimarios y sumarnos a los esfuerzos de aquellos que sueñan con una Honduras libre del temor y la miseria.
Los últimos acontecimientos de muerte y violencia en los centros penales son propicios para abrir esta campaña con la impunidad que reina en el sistema penitenciario nacional, cuyas actuales condiciones colocan a Honduras en contravención de sus deberes constitucionales y compromisos internacionales.
El elevado grado de hacinamiento de la población penitenciaria, la falta de separación entre condenados y procesados, los precarios servicios de salud y de alimentación, la corrupción del personal penitenciario, la violencia y la muerte son la muestra más cruel de la impunidad permanente que minuto a minuto, hora a hora y día a día viven miles de hondureños y hondureñas que la sociedad y el Estado han condenado al olvido y arrebatado el derecho a ser personas.
Como instituciones comprometidas con la dignidad humana, nos sumamos a la lucha por el establecimiento de un sistema penitenciario constituido como institución autónoma, gestionada por personal y administradores penitenciarios profesionales e independiente de la policía, pues sólo así se podrá prevenir la arbitrariedad y lograr que los centros penales cumplan con su objetivo de rehabilitar y preparar al privado de libertad para la vida laboral fuera de la cárcel.
No hay comentarios:
Publicar un comentario