El pasado sábado 24 de marzo, se realizó en el gimnasio del Instituto León Alvarado de Comayagua el primer encuentro de familiares de las 361 personas privadas de libertad que murieron en la granja penal de esa ciudad.
Centenares de personas, hombres, mujeres, niños, niñas, y adolescentes cargaban una vela encendida, muchos vestían camisetas con la foto y el nombre de su familiar muerto, y sus rostros clamaban justicia a pesar de las lágrimas y del cansancio de más de 40 días exigiendo conocer la verdad sobre lo sucedido.
En dicho encuentro se presentó formalmente a las personas que fueron nombradas directivas del Comité Coordinador de Familias de Víctimas del Penal de Comayagua y a través de un comunicado expresaron su dolor, cansancio y frustración ante las autoridades del Estado que se han mostrado herméticas, incomprensivas y en algunos casos hostiles a su causa por recuperar los restos de sus seres queridos.
En este sentido, denunciaron el trato inhumano y degradante del que han sido objeto por parte del Estado a través de la Policía Nacional, Fuerzas Armadas, Ministerio Público y COPECO, lo que se ha traducido en humillaciones, maltrato físico y psicológico, hostigamiento, intimidaciones, persecuciones y detenciones ilegales por el sólo hecho de exigir justicia.
Este encuentro también fue propicio para responsabilizar al Estado de Honduras por lo sucedido, ya que sus familiares se encontraban bajo la custodia del Estado y por tanto, este estaba en la obligación de evitar esta y otras tragedias simplemente siguiendo las recomendaciones en la materia emanadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y otros órganos internacionales.
De la misma manera manifestaron no estar “de acuerdo con las pocas e ilusas explicaciones ofrecidas por el gobierno de Porfirio Lobo Sosa, diciendo que la tragedia fue un accidente” y criticaron de poco científico el informe de la Agencia de Estados Unidos sobre Alcohol, Tabaco, Armas y Explosivos (ATF), ya que días después de su análisis dentro del penal apareció el cadáver calcinado de un privado de libertad, “hecho que sin lugar a dudas es una evidencia de la poca profundidad del estudio”.
Por ello, exigieron una verdadera investigación sobre los hechos y que sea realizada por organismos nacionales e internacionales que sean serios, con experiencia y responsables ante situaciones de esta naturaleza, y por enésima vez exigieron al Estado agilizar la identificación y entrega de los restantes 80 cuerpos a sus familiares.
Dejándonos un mensaje de compromiso y esperanza, prometieron a los familiares “y a la sociedad hondureña luchar por un nuevo Estado de Verdad y Justicia, por la vigencia del cumplimiento de los acuerdos internacionales sobre derechos humanos, y el rescate de la dignidad de los privados de libertad”.
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