El 17 de noviembre de 1988 se aprobó en San Salvador, El Salvador, el Protocolo Adicional a la Convención Americana en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, conocido como Protocolo de San Salvador, el cual permite que cualquier persona o grupo de personas puedan presentar denuncias ante la Comisión y Corte Interamericanas de Derechos Humanos por la violación de dos de los derechos reconocidos en él, es decir, los derechos sindicales y el derecho a la educación.
El derecho a la libertad sindical está contenido en el artículo 8 y establece la obligación del Estado de garantizar el derecho de los trabajadores a organizar sindicatos y a afiliarse al de su elección, para la protección y promoción de sus intereses. Por su parte, el artículo 13 establece la obligación del Estado de garantizar la enseñanza primaria obligatoria y gratuita; la enseñanza secundaria en sus diferentes formas, incluso la enseñanza secundaria técnica y profesional, que debe ser generalizada y accesible a todos, y en particular por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita.
Además, el derecho a la educación incluye la obligación del Estado de garantizar acceso igual a todos a la enseñanza superior, sobre la base de la capacidad de cada uno, por cuantos medios sean apropiados y por el establecimiento progresivo de la gratuidad; así como la de establecer programas de enseñanza especial para personas con capacidades especiales.
El Estado de Honduras se adhirió al Protocolo de San Salvador en septiembre de 2011 y a partir de ese momento, se obligó a respetar y garantizar todos los derechos reconocidos en él y le cedió a la Comisión y Corte Interamericanas la potestad para vigilar el cumplimiento de las obligaciones asumidas. En este sentido, se comprometió a cumplir con las disposiciones establecidas en dicho instrumento y a asegurar que todos sus organismos internos tomen en consideración las interpretaciones y resoluciones de los órganos interamericanos competentes.
Ante los constantes ataques contra las libertades sindicales y el derecho a la educación en el país, el Protocolo de San Salvador representa una herramienta valiosísima para contrarrestar las medidas regresivas que precarizan estos derechos y ponen en peligro el presente y el futuro de las relaciones laborales justas, y el de miles de jóvenes que ven en la educación de calidad el único camino para dignificar sus vidas y las de sus familias.
No hay comentarios:
Publicar un comentario