martes, 18 de febrero de 2020

El fracaso de la militarización de la política de seguridad

Cada año, el Instituto para la Economía y la Paz divulga el índice de paz global, el cual es un indicador que mide el nivel de paz de un país o una región, y establece una clasificación de los países en función de su ausencia de violencia.

Para elaborar esta clasificación entre 158 países, se analizan algunas variables entre las que se destacan los niveles de violencia y criminalidad, y el gasto militar. En el año 2013 Honduras ocupó la posición 123, lo que hizo que fuera catalogado el país más violento del mundo.

Sin embargo, con el paso de los años Honduras fue mejorando en el ranking de este índice, ya que en el año 2014 ocupó la posición 117, en el 2015 el lugar 116, en el 2016 la posición 111, en el 2017 el lugar 106 y en el 2018 la posición 118.

Pero en el año 2019 Honduras descendió al puesto 123, cayendo 5 posiciones y volviendo al mismo nivel de violencia que experimentó en el 2013, lo cual evidencia el fracaso del enfoque represivo y militarizado de las políticas de seguridad para solucionar los graves problemas de criminalidad.

Si bien es posible que la violencia puede remitir en los primeros momentos del despliegue militar, este índice nos muestra que vuelve a arremeter con fuerza, que otras formas de criminalidad se incrementan y que las denuncias de violaciones a derechos humanos por parte de militares aumentan de forma dramática.

La militarización de la seguridad pública no aborda las causas de la criminalidad, sino solo sus efectos y desvía los limitados fondos públicos en beneficio del sector militar a cambio de mantener en el poder al régimen de Juan Orlando Hernández.

Si realmente hubiera voluntad para acabar con la violencia y la criminalidad, se implementaría una política pública integral que se enfoque en la construcción de mayores niveles de ciudadanía, coloque a la persona humana como objetivo central y mejore la calidad de vida de la población.

El asesinato de Berta Cáceres y la subsistencia de la impunidad

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) señala que la impunidad puede ser definida como “la falta en su conjunto de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena” de todas las personas responsables de la comisión de un delito.

De ello se pueden desprender dos cuestiones importantes: primero, que la impunidad puede ser de hecho cuando existe complicidad, parcialidad, pasividad y corrupción del sistema de justicia para no investigar ni sancionar los hechos delictivos o aplicar penas proporcionales a la gravedad de los crímenes.

Segundo, que la impunidad subsiste cuando no se ha determinado la totalidad de la verdad de los hechos y no se han investigado ni sancionado a todas las personas responsables, es decir, no solo a los actores materiales, sino también a los intelectuales, cómplices, partícipes y encubridores.

El juicio por el asesinato de Berta Cáceres y la tentativa de asesinato de Gustavo Castro es un ejemplo claro de la subsistencia de impunidad en los términos señalados por la CorteIDH, ya que, hasta el momento solo se han condenado a 8 de los autores materiales.

Y a pesar que en el proceso se probó que este asesinato se cometió con el conocimiento de otros ejecutivos de la empresa hidroeléctrica Desarrollos Energéticos S. A. (DESA), solamente su gerente, David Castillo, está siendo investigado y juzgado. Esta impunidad confirma lo señalado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el sentido que en Honduras existe una “justicia selectiva” que actúa de manera tardía sin ofrecer respuesta efectiva a violaciones a derechos humanos, y procede favoreciendo en algunos casos, como este, los intereses de actores vinculados al poder público, político y empresarial.

martes, 4 de febrero de 2020

La impunidad, el “Fiscal 5 estrellas” y el informe de la OACNUDH

Durante las últimas semanas, el régimen y sus voceros han emprendido una campaña para resaltar la figura del “Fiscal 5 estrellas”, Óscar Chinchilla, y venderlo como un adalid de la justicia. Sin embargo, es imposible ocultar que en sus dos períodos ilegítimos no ha hecho nada relevante en el combate a la corrupción y la impunidad sin el empuje de la desaparecida MACCIH.

Solo basta echar una mirada a las graves violaciones a derechos humanos para comprobar que el Ministerio Público es una de las instituciones claves en la existencia de una impunidad estructural que, de acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sobrepasa el 90%, lo cual coloca a Honduras entre los 13 países con muy alta impunidad en el mundo de acuerdo con el Índice Global de Impunidad.

Para muestra un botón: De acuerdo con la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH), en el contexto del fraude electoral de 2017, la Policía Militar, la Policía Nacional y el Ejército utilizaron la fuerza letal en contra de las personas protestantes, hiriendo al menos a 60 y provocando la muerte a 22, entre ellas 2 niños.

Dos años después, “ningún caso de violación a los derechos humanos ha obtenido una “sentencia condenatoria” y la mayoría de las violaciones graves documentadas por la OACNUDH, como las ejecuciones sumarias o extrajudiciales y la desaparición forzada, siguen bajo investigación; otras ni siquiera han sido investigadas.

¿Adivinen cuál es una de las razones de la impunidad en esos casos? El Ministerio Público liderado por el “Fiscal 5 estrellas”, gracias a “la debilidad en la estrategia de investigación y procesamiento” que adoptó, y a las limitaciones internas del personal y de coordinación, según la OACNUDH.

Y mientras los defensores del fiscal Chinchilla continúan alabando su trabajo, la OACNUDH denuncia que las víctimas no encontraron apoyo para acceder a la justicia y muchas de ellas, junto con los testigos, expresaron preocupaciones de seguridad para poder participar en los procedimientos judiciales contra militares y policías.

Cuánta razón tienen 9 de cada 10 hondureños y hondureñas que, en el marco del sondeo de opinión pública del ERIC-SJ, piensan que el Ministerio Público defiende los intereses de los ricos, poderosos o corruptos del país.