miércoles, 26 de mayo de 2010

Más jueces se suman a la huelga de hambre de la AJD


Fuente: Defensores en Línea (http://www.defensoresenlinea.com)

Con la incorporación de Carlos Reyes Sabillón y Tom Pandy, jueces de Sentencia de Tela y La Ceiba respectivamente, continuó hoy el séptimo día en huelga de hambre que mantiene la Asociación de Jueces por la Democracia (AJD) que exige la restitución en sus cargos de los togados despedidos por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y que el poder legislativo pueda realizar las reformas sustanciales que permitan la independencia de magistrados, juezas y jueces.

Defensoresenlinea.com estuvo en la Plaza de los Desaparecidos en el casco histórico de la capital en donde a unos metros del edificio de la cámara legislativa, se erigen hoy varias tiendas de campaña que albergan a los jueces y a activistas del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) que se han declarado en huelga de hambre desde el pasado lunes 17 de mayo.

El Juez de Sentencia de Tela, Carlos Reyes Sabillón que se incorporó a la huelga de hambre la mañana del sábado 22, dijo que la lucha de la AJD es una lucha justa como lo han afirmado los compañeros, no se trata únicamente del reintegro de los despedidos, es una lucha que va más allá, es una lucha por la verdadera independencia judicial como un derecho del pueblo.

Consultado en relación al estado de salud de los jueces que desde el inicio se declararon en huelga de hambre, el juez expresó que “ellos se encuentran espiritualmente muy fortalecidos, físicamente con algunos signos de debilidad por las razones más que obvias de no ingerir alimentos durante una semana, pero lo que es fundamental resaltar es la actitud valiente de nuestros compañeros y ese enorme espíritu de sacrificio y de lucha que los anima”.

Se conoció que cada 72 horas, tanto la AJD como el MADJ estarán enviando sus representantes para incorporarse a la huelga de hambre, declarada indefinida hasta que la Corte Suprema de Justicia (CSJ), no de marcha atrás en la decisión adoptada el 5 de mayo de destituir a los jueces Guillermo López Lone, Ramón Barríos, Luis Alonso Chévez , el defensor público Osman Fajardo Morel y la magistrada Tirza Flores.

En las últimas horas se informado sobre la conformación de una comisión negociadora integrada por la Coordinadora General del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh), Bertha Oliva, el Director Ejecutivo del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (Ciprodeh), Wilfredo Méndez, del abogado Jari Dixon por el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) y de la magistrada Tirza Flores.

Dicha comisión ya ha tenido acercamientos con una comisión parlamentaria integrada por el diputado Secretario del Congreso Nacional, Rigoberto Chang Castillo y se comienzan a generar las pláticas para tratar de revertir la acción del poder judicial que ha sido calificada como arbitraria, ilegal y atentatoria contra la independencia de los jueces por diversos sectores de la sociedad hondureña y la comunidad internacional.

Al respecto el juez Carlos Reyes Sabillón sostuvo que “el diálogo es importante en la sociedad nosotros estamos seguros que rectificar es la conducta que debe asumir el poder judicial al haber asumido una decisión completamente arbitraria en menoscabo de los derechos de los compañeros despedidos y creemos que la mediación que se está haciendo por parte del Congreso Nacional en este conflicto, puede llegar a dar frutos positivos”.

Al conocer de la solidaridad expresada a nivel internacional, Reyes Sabillón señaló que “todo el sistema interamericano de derechos humanos, el sistema europeo de derechos humanos están vigilantes y tienen puestos los ojos en este movimiento, un ataque a la independencia judicial en Honduras representa un ataque a este concepto de la independencia de los jueces en todo el mundo y nuestro movimiento ha recibido una solidaridad impresionante y estamos en la disposición de dialogar para que este problema se resuelva, que la decisión se revierta y poder buscar agendas que nos permitan trabajar en la construcción de un sistema judicial verdaderamente independiente y que responda a las expectativas de justicia que tiene el pueblo hondureño”.

El juez Baltazar Garzón, la Corte Penal Internacional y el golpe de Estado

Sin duda alguna, la suspensión de su cargo del juez Baltazar Garzón en la Audiencia Nacional de España es una noticia triste para la democracia española y para los familiares de las víctimas de la dictadura del general Francisco Franco.

El juez Garzón fue separado por no someterse a una ley de amnistía que prohíbe investigar las violaciones a los derechos humanos cometidas por Franco; no obstante, Garzón fue fiel a los principios universales del derecho internacional de los derechos humanos en el sentido de que aunque pasen miles de años y aunque existan leyes de amnistías que intenten evitar el juzgamiento de este tipo de delitos, los crímenes cometidos durante la dictadura franquista son crímenes de lesa humanidad que se deben investigar y juzgar en todo tiempo y lugar.

Aunque esta es una mala noticia para quienes luchamos contra la impunidad, no lo es tanto para las víctimas de violaciones de derechos humanos en el marco del golpe de Estado en Honduras, ya que el juez Garzón ha sido contratado como consultor externo del Fiscal de la Corte Penal Internacional.

Debemos recordar que Garzón fue el primer juez internacional que visitó el país como una manera de solidarizarse con el pueblo hondureño y dejó claro que los crímenes cometidos por los altos responsables del gobierno de facto son crímenes de lesa humanidad que deben ser perseguidos por la justicia penal internacional.

Por tanto, es una buena noticia saber que Garzón asesorará al Fiscal de la Corte Penal Internacional, ya que probablemente su trabajo será fundamental para que las investigaciones iniciadas por el fiscal en relación con el golpe de Estado, tengan el desenlace que todos y todas esperamos: un castigo ejemplar para Micheletti, Romeo Vásquez y los demás responsables civiles, policiales y militares de las graves violaciones a los derechos humanos en Honduras.

martes, 25 de mayo de 2010

Corte Penal Internacional continúa investigando actuación de Vásquez

TEGUCIGALPA - La defensora y analista de derechos humanos, Reina Rivera, confirmó que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional sigue investigando y documentando el expediente del general Romeo Vásquez Velásquez y otros señalados de encabezar el golpe de Estado del pasado 28 de junio de 2009. Dijo que la participación del general en el gobierno de Lobo Sosa es “algo grave” para el país.

Rivera junto con organismos internacionales como la Federación Internacional de Derechos Humanos interpusieron meses atrás las denuncias ante esa Corte en contra del general y otros de los involucrados en los sucesos.

“Son contra unas 18 personas, pero destaca la figura del general Vásquez Velásquez porque frente a la Corte Penal Internacional se denuncian personas que están en posición de poder y que violan derechos humanos u omiten acciones para evitarlos”, dijo Rivera.

Vásquez Velásquez, ahora en retiro, era el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas y comandó el operativo militar que asaltó la residencia del ex mandatario Zelaya Rosales y cuyos comandos luego lo sacaron del país rumbo a Costa Rica.

Ahora Vásquez es el gerente de la empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel) en el gobierno de Porfirio Lobo Sosa.
La defensora humanitaria añadió que hay acusaciones directas contra el general por persecución política y hasta por imponer como mandatario a una persona que no fue electa por votación popular y “todo lo que tiene que ver por delitos de lesa humanidad”.

Las denuncias contra Velásquez y otros implicados se interpusieron el 22 de septiembre de 2009 ante la Corte Penal Internacional.

“Sigue en etapa de análisis y se están verificando datos. La Corte también está verificando la conclusión de las instancias nacionales pero ya vimos que Vásquez Velásquez y otros militares fueron sobreseídos. Pero también se espera ahora que tal vez la Comisión de la Verdad tenga un impacto en el tema de impunidad”, afirmó.

La Corte Penal monitoreará durante un período de tiempo si la jurisdicción nacional es eficaz para “romper con esa impunidad y luego se pasaría a las acusaciones de la propia Fiscalía de la Corte contra los denunciados”, enfatizó.

Dos puntos que pueden acelerar el proceso en la Corte Penal contra el general son la incorporación a ese ente del juez español Baltazar Garzón, conocido por procesos en contra de ex dictadores y violadores de derechos humanos como el extinto Augusto Pinochet de Chile.

Garzón estuvo en el país semanas después del derrocamiento de Zelaya Rosales, y según Rivera conoce bien la problemática nacional al respecto.

Además, dijo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) mantiene su posición sobre la violación de derechos humanos en Honduras y colocó al país en su lista negra.

NOMBRAMIENTO
“Hay que investigar la hoja de servicio del general porque tiene en sus manos una institución estratégica”: Rivera.

RATIFICADO
“Honduras ratificó en 2002 el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional”, informó la defensora de derechos humanos.

Fuente: http://www.tiempo.hn/web2/secciones/el-pais/16611-corte-penal-internacional-continua-investigando-actuacion-de-vasquez.html

sábado, 22 de mayo de 2010

La palabra de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos vs. la palabra de Lobo Sosa

Mientras Lobo Sosa anuncia en Madrid que Honduras está en proceso de reconciliación nacional y que aquí se respetan los derechos humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos termina su visita al país manifestando su profunda preocupación porque continúan las violaciones a los derechos humanos en el contexto del golpe de Estado.

Mientras Lobo Sosa, con el apoyo de Washington, grita al mundo que Honduras debe ser reintegrada a los espacios de la comunidad internacional debido a que se está avanzando en la superación de la crisis generada por el golpe de Estado, la Comisión Interamericana expresa que en Honduras continúa la impunidad por las violaciones a los derechos humanos, facilitada por decisiones de la Corte Suprema de Justicia que debilitan el Estado de derecho, tales como sobreseer a los militares golpistas y despedir a jueces y magistrados que buscaron evitarlo por vías democráticas.

Mientras Lobo Sosa expresa que en Honduras las elecciones del 29 de noviembre pusieron fin a la crisis política, la Comisión Interamericana señala que las violaciones a los derechos humanos que actualmente se están cometiendo, responden al mismo patrón de violencia que ella misma denunció en su informe sobre el golpe de Estado.

Mientras Lobo Sosa manifiesta que la creación de un ministerio en materia de derechos humanos es una muestra de su voluntad política para terminar con la impunidad, la Comisión Interamericana expresa que hasta el momento este nuevo ministerio no ha recibido los recursos, mandato y estructura que permitan realizar un trabajo efectivo, y denuncia que con la estructura actual es prácticamente imposible que pueda tener un impacto significativo sobre la vigencia de los derechos humanos.

Lobo Sosa no debe olvidar que cada palabra que dice debe estar respaldada por actos concretos ya que a nivel nacional e internacional existen órganos que seguirán vigilando las acciones de su gobierno en materia de derechos humanos y que estarán expectantes para seguir denunciando el divorcio entre sus palabras y sus actos.

jueves, 20 de mayo de 2010

Honduras: una serie de destituciones socava la independencia judicial

La Corte Suprema debería reincorporar inmediatamente en sus cargos a los jueces

(Washington, D.C., 19 de mayo de 2010) - La destitución de varios jueces que se opusieron al golpe de estado de 2009 constituye un grave revés para la independencia judicial en Honduras, señaló hoy Human Rights Watch.

El 12 de mayo de 2010, la Corte Suprema de Justicia de Honduras votó para ratificar su anterior decisión de 5 de mayo de destituir a cuatro jueces de tribunales inferiores quienes forman parte de Jueces por la Democracia, una organización que ha cuestionado la legalidad del golpe de estado que apartó del poder al Presidente Manuel Zelaya el año pasado.

“El poder judicial hondureño debería estar trabajando para restablecer el estado de derecho y reparar los daños provocados por el golpe de estado del año pasado”, afirmó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “Al destituir a estos jueces, la Corte Suprema está haciendo exactamente lo contrario”.

El juez Ramón Barrios fue separado de su cargo por criticar públicamente la sentencia de la Corte Suprema de junio de 2009 que validaba el golpe. Barrios formuló su crítica durante una conferencia académica en la Universidad de San Pedro Sula, donde se desempeña como profesor de derecho. Según la oficina de personal de la carrera judicial, la razón para destituir a Barrios fue porque su crítica ”atentaba contra la dignidad” de la Administración de Justicia.

El juez Guillermo López Lone, presidente de Jueces por la Democracia, y el juez Luis Chévez de la Rocha fueron apartados de sus cargos por participar en manifestaciones públicas que exigían la restitución de Zelaya en el poder. La naturaleza política de esta resolución resulta evidente si se tiene en cuenta que en junio de 2009 la directora de la oficina de personal de la carrera judicial cursó una invitación oficial a todos los empleados del poder judicial, incluidos los jueces, para que asistieran a una manifestación pública en favor del gobierno de facto.

Una cuarta jueza, Tirza Flores Lanza, fue destituida por haber presentado dos amparos en favor de Zelaya. La oficina de personal de la carrera judicial expresó que sus actos violaron la norma que prohíbe que los jueces participen en litigios. El juez López Lone expresó a Human Rights Watch que la jueza Flores Lanza había intentado defenderse frente a estas acusaciones ofreciendo pruebas a la oficina de personal de que otros jueces habían presentado amparos en el pasado y no habían sido objeto de sanciones disciplinarias.

El procedimiento disciplinario contemplado en las leyes hondureñas para la remoción de los jueces no es transparente ni respeta las garantías básicas de debido proceso. Si bien los jueces tuvieron la posibilidad de presentar pruebas en su defensa al director de personal del poder judicial, no se les permitió estar presentes ni participar en el procedimiento ante la Corte.

Para consultar otros informes de Human Rights Watch sobre Honduras, visite:
http://www.hrw.org/es/americas/honduras

Para obtener más información, comuníquese con las siguientes personas:
En Washington, DC, José Miguel Vivanco (inglés, español): vivancj@hrw.org; +1-202-612-4330 begin_of_the_skype_highlighting +1-202-612-4330 end_of_the_skype_highlighting; ó +1-917-379-1180 begin_of_the_skype_highlighting +1-917-379-1180 end_of_the_skype_highlighting (celular)
En Nueva York, Daniel Wilkinson (inglés, español): wilkind@hrw.org; +1212-216-1284 begin_of_the_skype_highlighting +1212-216-1284 end_of_the_skype_highlighting; o +1-646-552-8063 begin_of_the_skype_highlighting +1-646-552-8063 end_of_the_skype_highlighting (celular)

miércoles, 19 de mayo de 2010

Comisión Interamericana de Derechos Humaos expresa su preocupación por violaciones de derechos humanos en Honduras

Tegucigalpa, 19 de mayo de 2010 - La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) visitó Honduras del 15 al 18 de mayo de 2010, con el objeto de hacer un seguimiento a la visita in loco efectuada en agosto de 2009 y al Informe Honduras: Derechos Humanos y Golpe de Estado. La delegación estuvo compuesta por el Presidente de la CIDH, Felipe González; el Primer Vicepresidente, Paulo Sérgio Pinheiro; el Secretario Ejecutivo, Santiago A. Canton; la Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, Catalina Botero; y personal de la Secretaría Ejecutiva.

La CIDH tuvo reuniones con autoridades de los tres poderes del Estado, defensores y defensoras de derechos humanos, comunicadores sociales, representantes de la sociedad civil y miembros de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. Además, se reunió con representantes del sistema de Naciones Unidas en Honduras y con embajadores del Grupo de Seguimiento a la Declaración de Estocolmo (G 16). En un plazo breve, la Comisión hará público el Informe sobre la visita.

Al finalizar la visita la Comisión expresa su profunda preocupación porque continúan las violaciones a los derechos humanos en el contexto del golpe de Estado que ocurrió en Honduras el 28 de junio de 2009. Sin perjuicio de los avances realizados para el retorno a la institucionalidad democrática, la CIDH y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión han recibido información sobre el asesinato de varias personas, entre ellas periodistas y defensores y defensoras de derechos humanos. La CIDH y la Relatoría Especial han manifestado su profunda preocupación por la ausencia de investigaciones efectivas que conduzcan al esclarecimiento de estos hechos. Sin perjuicio de la alta tasa de criminalidad que en general existe en Honduras, la CIDH considera que las denuncias recibidas podrían responder al mismo patrón de violencia que la CIDH denunció en el Informe Honduras: derechos humanos y golpe de Estado, publicado el 20 de enero de 2010.

La CIDH también recibió información sobre las amenazas y hostigamientos que han recibido defensoras y defensores de derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales, maestros y miembros de la Resistencia. Varios docentes han sido amenazados y hostigados por su actividad en contra del golpe de Estado. Asimismo, se recibió información sobre amenazas y agresiones contra comunicadores para impedir que sigan cumpliendo con su labor.

Desde el golpe de Estado, la CIDH ha otorgado medidas cautelares para proteger la vida e integridad de numerosas personas que se encuentran en situación de riesgo. Durante la visita, la CIDH recibió información que indica que el mecanismo de coordinación interinstitucional para la implementación de las medidas cautelares es inefectivo. Es fundamental que se provea a la Comisión Interinstitucional de Derechos Humanos del personal idóneo y recursos suficientes para que pueda responder de manera eficiente a las medidas cautelares de la CIDH.

De especial preocupación son los actos de hostigamiento contra jueces y juezas que participaron en actividades contra el golpe de Estado. La Comisión se reunió con miembros de la Asociación de Jueces por la Democracia, quienes fueron despedidos de sus cargos por la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Sin perjuicio de las motivaciones formales que pueda argumentar la CSJ, las causas que motivaron el proceso y la decisión final están vinculadas indudablemente a la participación en manifestaciones contra el golpe de Estado, o haber expresado su opinión contra el mismo. El sistema interamericano de derechos humanos ha expresado reiteradamente el rol central del Poder Judicial en el funcionamiento del sistema democrático. Es inaceptable que las personas encargadas de administrar justicia que se opusieron al quiebre democrático, estén siendo acusadas y despedidas por la defensa de la democracia. La CIDH hace un llamado urgente a que se revierta esta situación que afecta seriamente el estado de Derecho.

La Comisión pudo constatar que continúa la impunidad por las violaciones a los derechos humanos, tanto las verificadas por la CIDH y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, como las que continúan ocurriendo. La Comisión fue informada que sólo una persona está privada de libertad por violaciones a los derechos humanos, sólo 12 han sido imputadas y los procesos no avanzan, entre otros factores, por la falta de investigación de los distintos órganos del Estado, en particular, las fuerzas de seguridad encargadas de realizar las investigaciones. La impunidad generalizada por violaciones a los derechos humanos se encuentra facilitada por decisiones de la CSJ que debilitan el estado de Derecho. Además del cuestionado rol de la CSJ durante el golpe de Estado, con posterioridad ha decidido, por un lado, sobreseer a los militares acusados de participar en el golpe y por otro, despedir a jueces y magistrados que buscaron evitarlo por vías democráticas.

En relación con la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR) es importante destacar la importancia que estas instituciones han tenido en numerosos países de la región. La Comisión ha expresado que el derecho a conocer la verdad con respecto a graves violaciones de los derechos humanos así como el derecho a conocer la identidad de quienes participaron en ellos, constituye una obligación que todo Estado parte en la Convención Americana debe satisfacer, tanto respecto a los familiares de las víctimas como a la sociedad en general.

La CVR ha iniciado sus funciones hace sólo 14 días. Actualmente se encuentra en el proceso de emitir su propio reglamento interno, plan de trabajo y metodología. Es fundamental que la CVR cuente con recursos, personal e independencia suficiente para realizar su trabajo de manera efectiva. Asimismo, es necesario que en la definición de su reglamento, plan de trabajo y metodología se incorpore como eje central de su trabajo la investigación de las denuncias de violaciones a los derechos humanos ocurridas en el contexto del golpe de Estado. La CIDH seguirá de cerca el trabajo de la CVR.

Sin perjuicio de las acciones que en definitiva realice la CVR, ellas no eximen al Estado de su obligación internacional de investigar, juzgar y sancionar por vía judicial a los agentes estatales que hayan cometido violaciones a los derechos humanos.

La Comisión valora el nombramiento de la Ministra asesora en materia de derechos humanos. Sin embargo, observa que a la fecha no ha recibido los recursos, mandato y estructura que permitan realizar un trabajo efectivo y de transformación del Estado hacia una cultura de respeto a los derechos humanos. Con la estructura actual, es prácticamente imposible que la Ministra pueda tener un impacto significativo sobre la vigencia de los derechos humanos.

Finalmente, la CIDH desea expresar que las violaciones a los derechos humanos afectan de forma especial a aquellos sectores de la población históricamente marginados y de mayor vulnerabilidad, como las niñas y los niños, la comunidad LGTB, las mujeres y los pueblos indígenas y garífuna.

La visita de la CIDH contó con todas las facilidades necesarias para llevar a cabo su misión. La CIDH manifiesta su agradecimiento a los representantes del Estado, organizaciones de la sociedad civil y agencias internacionales por la información y la colaboración proporcionadas. La Comisión recuerda que de acuerdo a lo establecido en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en su Reglamento, no se deben tomar represalias de ningún orden en contra de las personas o entidades que hayan cooperado con la CIDH mediante informaciones o testimonios.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que deriva su mandato de la Carta de la OEA y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión está conformada por siete miembros independientes que actúan a título personal, sin representar a ningún país y son elegidos por la Asamblea General de la OEA.

Enlaces útiles:

* Informe Derechos Humanos y Golpe de Estado (Honduras, 30 de diciembre de 2009). Versión en pdf
* Medidas Cautelares otorgadas por la CIDH a personas y grupos de personas en Honduras, desde el 28 de junio de 2009 a la fecha
* Comunicado de prensa R45/10: Relatoría Especial para la Libertad de Expresión manifiesta preocupación por nuevo asesinato de periodista en Honduras. 22 de abril de 2010
* Comunicado de prensa R39/10 - Relatoría Especial condena asesinato de periodistas hondureños. 27 de marzo de 2010.
* Comunicado de prensa 31/10: CIDH deplora asesinato de periodista en Honduras. 16 de marzo de 2010
* Comunicado de prensa R29/10: Relatoría Especial para la Libertad de Expresión condena asesinato de periodista en Honduras. 15 de marzo de 2009
* Comunicado de prensa 26/10: CIDH deplora asesinatos, secuestros y agresiones en Honduras. 8 de marzo de 2010
* Comunicado de prensa R24/10: Relatoría Especial para la Libertad de Expresión condena asesinato de periodista en Honduras. 5 de marzo de 2010
* Comunicado de prensa 14/10: CIDH manifiesta preocupación por decreto de amnistía en Honduras. 3 de febrero de 2010.
* Comunicado de prensa R2/10: Relatoría Especial para la Libertad de Expresión expresa su preocupación por atentado contra radio comunitaria en Honduras. 11 de enero de 2010
* Oficina de Prensa de la CIDH
* Sitio web de la CIDH

lunes, 17 de mayo de 2010

Carta enviada a José Miguel Insulza, Secretario Genreal de la OEA, por la directora ejecutiva de CEJIL, Viviana Krsticevic.

Washington, D.C., 14 de mayo de 2010

Dr. José Miguel Insulza
Secretario General
Organización de los Estados Americanos

Ref.: Situación de derechos humanos en Honduras

Distinguido señor Secretario General:
Reciba un cordial saludo del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), organización de defensa y promoción de derechos humanos que ha seguido de cerca la situación de Honduras a partir de los hechos acaecidos el 28 de junio pasado.

Por este medio, nos dirigimos a usted para hacer de su conocimiento nuestras preocupaciones respecto de algunos acontecimientos que ponen en entredicho el cumplimiento de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos por parte del Estado de Honduras.

Como es de su conocimiento, el golpe de Estado perpetrado contra el Presidente Manuel Zelaya Rosales fue condenado enérgicamente por usted mismo y distintas instancias, tanto nacionales como internacionales. Particularmente la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) resolvió "Declarar que no se reconocerá ningún Gobierno que surja de esta ruptura inconstitucional y reafirmar que los representantes designados por el Gobierno constitucional y legítimo del Presidente José Manuel Zelaya Rosales son los representantes del Estado de Honduras ante la Organización de los Estados Americanos".

Ahora bien, durante los siete meses del gobierno de facto presidido por Roberto Micheletti ocurrieron miles de violaciones de derechos humanos en Honduras. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha señalado al respecto que "junto con la deslegitimación institucional originada por el golpe de Estado, se han producido graves violaciones a los derechos humanos, incluyendo muertes, declaración arbitraria del estado de excepción, represión de manifestaciones públicas a través del uso desproporcionado de la fuerza, criminalización de la protesta social, detenciones arbitrarias de miles de personas, tratos crueles, inhumanos y degradantes y malas condiciones de detención, militarización del territorio, aumento de las situaciones de discriminación racial, violaciones a los derechos de las mujeres, serias restricciones arbitrarias al derecho a la libertad de expresión y graves vulneraciones a los derechos políticos. La CIDH también comprobó la ineficacia de los recursos judiciales para proteger los derechos humanos".

Lo anterior coincide con las conclusiones a las que arribó la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), la cual estableció que: "El golpe de Estado dio lugar a violaciones de derechos humanos, la mayoría de las cuales siguen impunes. Además, reveló y exacerbó problemas estructurales existentes que afectan a los derechos humanos, intensificó una atmósfera política y social difícil y tensa, y profundizó la polarización dentro de la mayoría de las instituciones del Estado y la sociedad en general. Las medidas impuestas con arreglo al estado de excepción facilitaron la represión de los que se oponían al golpe y dieron lugar a la restricción arbitraria de derechos fundamentales".

En virtud de tal informe, la OACNUDH emitió una serie de recomendaciones tendientes tanto a “mejorar la situación de los derechos humanos”4 como a recomendar “enérgicamente” la adopción de distintas medidas “para hacer frente de manera apropiada a los problemas estructurales”. En virtud de lo anterior, “la Alta Comisionada recomienda que la comunidad internacional apoye los programas de derechos humanos aplicados por las organizaciones de la sociedad civil, así como por el sistema de las Naciones Unidas, en particular en el seguimiento de estas recomendaciones.”

Desafortunadamente, la situación de derechos humanos en Honduras no ha tenido un cambio significativo para las personas que habitan en ese país. A partir del mes de enero del presente año, se han desarrollado distintos acontecimientos que cuestionan el efectivo cumplimiento por parte de Honduras de su compromiso internacional de combate a la impunidad por las graves violaciones de derechos humanos cometidas a partir del 28 de junio de 2009.
Estos hechos involucran a distintos poderes del Estado y tienen que ver con la aprobación de un decreto de amnistía, con el sobreseimiento definitivo en el procesamiento de 6 militares acusados de apoyar el Golpe de Estado8, con el otorgamiento del cargo de diputado vitalicio al señor Roberto Micheletti, con el nombramiento de Romeo Vásquez Velásquez como Gerente de la empresa nacional de telecomunicaciones HONDUTEL, y más recientemente con la instalación de una Comisión de la Verdad que excluye la investigación de violaciones de derechos humanos y el despido arbitrario de varios jueces por ser críticos al golpe de Estado.

En esta ocasión, es interés de CEJIL expresar su profunda preocupación por los dos últimos acontecimientos, es decir, la instalación de la Comisión de la Verdad y la remoción de varios jueces hondureños de sus cargos.

I. SOBRE LA COMISIÓN DE LA VERDAD.
Sin duda, los hechos sucedidos en Honduras requieren de mecanismos excepcionales que coadyuven en el fortalecimiento del Estado de Derecho y la reconciliación nacional a partir de conclusiones e instrumentos serios que garanticen verdad, justicia y reparación.

No obstante ello, en nuestra opinión, la Comisión de la Verdad instalada por el Presidente Porfirio Lobo el pasado 4 de mayo no cumple con los estándares internacionales en materia de justicia transicional y de comisiones de verdad. El decreto de creación (011-2010 begin_of_the_skype_highlighting              011-2010      end_of_the_skype_highlighting) evidencia una serie de debilidades difíciles de subsanar, entre las cuales se encuentran las siguientes:

1. El mandato de la Comisión de la Verdad no incluye de manera expresa la obligación de investigar violaciones a los derechos Humanos pues se limita a “esclarecer los hechos ocurridos antes y después del 28 de junio del 2009 a fin de identificar los actos que condujeron a la situación de la crisis y proporcione al pueblo de Honduras elementos para evitar que estos hechos se repitan en el futuro”.
Esta definición excluye textualmente la obligación de investigar las violaciones de derechos humanos ocurridas como consecuencia del golpe de Estado, lo que significa que estos hechos, constatados tanto por la CIDH como por la OACNUDH y denunciados por distintas organizaciones de derechos humanos, seguirán en la impunidad y particularmente las voces de las víctimas no serán escuchadas. Ello incumple con las obligaciones de investigar las graves violaciones de derechos humanos, de reparar a las víctimas y de garantizar el derecho a conocer la verdad de lo ocurrido.

2. Se excluye a las víctimas de ser parte del proceso de esclarecimiento de la verdad. Ni las víctimas ni sectores de la sociedad civil hondureña afectados por el golpe de Estado han sido tomados en cuenta en el proceso de constitución de la Comisión de la Verdad y tampoco se establece la posibilidad de que participen o expresen sus opiniones en alguna etapa posterior. Ello pone en una situación delicada la credibilidad y legitimidad de este mecanismo.

3. La instalación de la Comisión de la Verdad se ha realizado a través de un decreto presidencial, es decir, es un acto del presidente Porfirio Lobo que no tiene la fuerza jurídica de una ley de la República y por ello no vincula a otros poderes de la República.

4. No se prevé la obligación de los Poderes Legislativo y Judicial así como del Ministerio Público de brindar información a la Comisión de la Verdad. El decreto señala que la Comisión de la Verdad tendrá acceso irrestricto a las instituciones del Ejecutivo, pero en lo que se refiere a los otros dos poderes, éstos “coadyuv[ará]n a las tareas y cumplimiento de sus atribuciones de la Comisión.”

5. En los poderes Legislativo y Judicial están presentes personas que cooperaron con el golpe de Estado y es improbable que estos órganos cumplan con su obligación de colaborar con la Comisión de la Verdad, a sabiendas de su propia responsabilidad en los hechos, y mucho menos tendrán la voluntad de aceptar e implementar las recomendaciones que eventualmente se realicen.

6. No se establece en ninguna norma la obligación del Estado de Honduras de asignar recursos económicos para el adecuado funcionamiento de la Comisión. De esta manera, se deposita toda la responsabilidad en la comunidad internacional, demostrando una vez más la falta de voluntad de las autoridades hondureñas en lograr que esta Comisión sea parte de un proceso serio de esclarecimiento de la verdad. Particularmente, llama la atención el artículo 5º del Decreto en mención que señala lo siguiente:

Artículo 5. La Comisión tendrá su patrimonio propio formado por las aportaciones de cooperación recibido a través de la Organización de Naciones Unidas, Organización de Estados Americanos y recursos proveídos por otros sujetos de derecho internacional y organismos de cooperación en forma directa a un fondo especial que administrará la Comisión. La ejecución de los fondos estará sujeta a la auditoria interna correspondiente y la auditoria internacional convenida entre los comisionados y los donantes.

7. Como principio fundamental, la sociedad debe tener acceso a la información, salvo las circunstancias excepcionales que señala el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. De igual manera, el “Conjunto de Principios para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad” establece que “Se deberá facilitar la consulta de los archivos en interés de las víctimas y de sus allegados para hacer velar no es justificable ni razonable lo establecido en el artículo 14 del Decreto:

Artículo 14. Al finalizar su vigencia y luego de presentar su informe final, la Comisión deberá seleccionar y separar aquella documentación y materiales que tengan carácter confidencial la cual será trasladada al Comité Jurídico Interamericano quien garantizará su custodia sin revelar su contenido durante diez años, cumplido ese plazo esa documentación pasará a ser parte del Archivo de la Biblioteca Nacional de Honduras.

CEJIL valora la voluntad del Poder Ejecutivo para avanzar en una agenda de reconciliación en Honduras; sin embargo, no es posible lograr este objetivo si las expresiones de buena fe no son consecuentes con acciones concretas de todos los poderes del Estado que comprueben la voluntad de combatir la impunidad, de cesar todo acto de represión contra las personas que manifestaron su oposición al golpe de Estado y de adoptar las medidas de reparación y de no repetición de hechos como los mencionados.

De igual manera, consideramos que es fundamental que el apoyo político y técnico que la OEA tenga a bien dar a Honduras (de manera directa o indirecta) no puede ir en contravención a las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos que tiene ese Estado ni de los pronunciamientos que distintas instancias internacionales han emitido, particularmente la CIDH y la Oficina de la Alta Comisionada.

II. PROCESOS DISCIPLINARIOS AVANZADOS CONTRA JUECES HONDUREÑOS.
A propósito de la continuación de los actos de persecución en Honduras, consideramos pertinente referirnos a los procesos disciplinarios que iniciaron las autoridades de la Corte Suprema de Justicia contra diversos jueces que habían sido críticos del actuar de las instituciones ante tales acontecimientos.

El informe de la OACNUDH sobre las violaciones de derechos humanos en Honduras desde el golpe de Estado, da cuenta de estos hechos señalando lo siguiente: "También se adoptaron medidas disciplinarias contra miembros del poder judicial que firmaron un editorial de desacuerdo con la 'sucesión constitucional', participaron en demostraciones o formularon declaraciones que se consideró que menoscababan la dignidad de la 'administración'. Los miembros del poder judicial afectados por esos procedimientos denunciaron que las autoridades no suministraron información acerca de las acusaciones presentadas en su contra, con lo que no pudieron defenderse en forma apropiada".

Desafortunadamente, el pasado 5 de mayo, el pleno de la Suprema Corte de Justicia se pronunció a favor de la remoción del cargo de los siguientes funcionarios, por una decisión de 10 votos a favor y 5 en contra:
1. Luis Alfonso Chévez de la Roca, Juez contra la Violencia Doméstica de San Pedro Sula
2. Ramón Enrique Barrios, Juez de Sentencia de San Pedro Sula
3. Guillermo López Lone, Juez de Sentencia de San Pedro Sula
4. Osman Fajardo Morel, Defensor Público de San Pedro Sula
5. Tirza Flores Lanza, Magistrada de la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula

A los jueces Guillermo López y Luis Alfonso Chévez, así como al defensor público Osman Fajardo se les atribuye haber participado en manifestaciones contra el golpe de Estado; al juez Ramón Enrique Barrios lo cuestionaron por haber publicado un artículo en un periódico en el que objetaba, con argumentos jurídicos, la posición de la Corte Suprema de denominar “sucesión constitucional” al derrocamiento del presidente Manuel Zelaya. Finalmente, a la magistrada Flores se le sancionó por haber presentado un recurso de amparo constitucional a favor del presidente Zelaya y otros funcionarios que fueron despojados del poder.

Todos los procesos iniciados tienen como común denominador el ejercicio de la libertad de expresión en el contexto del golpe de Estado. Asimismo, todos los jueces mencionados son miembros de la Asociación de Jueces para la Democracia, organización que ha miembros participaron activamente en la interposición de diversos recursos judiciales contra decisiones de las autoridades de facto.

La Corte Interamericana ha establecido que “La libertad de expresión se inserta en el orden público primario y radical de la democracia que no es concebible sin el debate libre y sin que la disidencia tenga pleno derecho a manifestarse (...). También interesa al orden público democrático, tal como está concebido por la Convención Americana, que se respete escrupulosamente el derecho de cada ser humano a expresarse y el de la sociedad en su conjunto de recibir información”.

Sin embargo, este hecho vuelve a evidenciar que en Honduras no existe espacio para expresar la diferencia de opiniones. Como mencionó el Relator para la Libertad de Expresión de las Naciones Unidas, en dicho país “no existe la libertad de expresión para comentar los hechos de cada día ni para criticar a las autoridades de facto, ni para condenar el golpe de Estado”.

Adicionalmente, la sanción que se impone a los jueces no solo les afecta a ellos personalmente sino que envía un mensaje claro a otros miembros del Poder Judicial, para que se abstengan de manifestar opiniones que difieran de aquellas expresadas por las autoridades de la Corte Suprema. En este sentido, el despido de los jueces y el defensor público tiene un efecto intimidatorio para estos funcionarios.

Por otra parte, la decisión de la Corte Suprema es el reflejo de una posición política que sus miembros asumieron y defendieron desde que ocurrió el golpe de Estado, esto significa que las autoridades del Poder Judicial no están actuando en forma independiente ni imparcial.

La decisión de la Corte Suprema de Honduras al despedir a cuatro jueces miembros de la Asociación de Jueces para la Democracia, incluyendo a su Presidente, constituye además una intervención ilegítima en el funcionamiento de la Asociación que afecta su existencia misma.

En conclusión, en Honduras todavía no se ha restablecido plenamente la Democracia ni el Estado de Derecho de manera que resulta vital que la OEA se mantenga vigilante ante los actos que son contrarios a los principios democráticos del continente.

III. PETITORIO.
Por lo antes expuesto, respetuosamente le solicitamos:

ÚNICO. Que, de conformidad con AG/RES. 2 (XXXVII-E/09) del 4 de julio de 2009 mediante la cual la Asamblea General de la OEA encomienda al Secretario General, intensificar “todas las gestiones diplomáticas y que promueva otras iniciativas para la restauración de la democracia y el estado de derecho en la República de Honduras”, se condicione todo acompañamiento a las autoridades actuales hondureñas al cumplimiento de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. En términos concretos, respetuosamente solicitamos que se pida al Estado de Honduras lo siguiente:

a. Cese de todo acto de persecución política contra las personas que han manifestado su oposición al golpe de Estado;
b. Con base en el artículo 106 de la Carta de la OEA, solicitar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizar una revisión de la propuesta actual de la Comisión de la Verdad a la luz de los estándares internacionales en la materia;
c. En tanto no se emitan las conclusiones anteriores, se suspenda el apoyo político y económico a tal iniciativa;
d. Solicitar, como muestra de voluntad política para el cumplimiento de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, el acatamiento de las recomendaciones establecidas en el Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre las violaciones de los derechos humanos en Honduras desde el golpe de Estado de 28 de junio de 2009;
e. Con el fin de fiscalizar el cumplimiento de las recomendaciones antes mencionadas así como para brindar asistencia técnica, dé su anuencia para la instalación en Honduras de una Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos con mandato amplio para acompañar en los procesos de fortalecimiento del Estado de Derecho; y Que todos los poderes del Estado se abstengan de realizar actos y nombramientos que fomentan la impunidad de quienes participaron activamente en el golpe de Estado;
g. Evidencie acciones concretas que fortalezcan la independencia judicial en Honduras, entre otras: la creación de un Consejo de la Judicatura; la reforma de la Ley de la Carrera Judicial en lo conducente; y la rectificación de la resolución de remoción arbitraria de los funcionarios públicos mencionados en el presente documento.

Sin otro particular, aprovechamos la oportunidad para expresarle las muestras de nuestra más alta consideración.

Viviana Krsticevic
Directora Ejecutiva
CEJIL

C.c.p. Dr. Santiago A. Canton. Secretario Ejecutivo. Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Para su conocimiento.

Jueces inician huelga de hambre ante arbitrariedad de la Corte Suprema




http://www.defensoresenlinea.com
Lunes 17 de Mayo de 2010 10:20 Dina Meza


Hace unas horas la Asociación de Jueces por la Democracia, AJD, inició una huelga de hambre indefinida contra la impunidad y el reintegro de tres jueces y una magistrada, que fueron separados arbitrariamente de sus cargos la semana pasada, según lo informó Guillermo López Lone, de dicha organización este lunes 17 de mayo.

La acción es denominada “Huelga contra la impunidad”, la cual persigue el reintegro de loa jueces Ramón Enrique Barrios, Luís Chévez, Guillermo López Lone y la magistrada Tirza Flores.

Para López Lone los despidos no son acciones aisladas sino que forman parte de una acción continuista del golpe de Estado lo que expresa un signo más de la profunda crisis del Poder Judicial que no ha sido independiente y ha legitimado el golpe de Estado.

Asimismo cuestionó al Ministerio Público que no asume su responsabilidad de perseguir los ilícitos contra los violadores de los derechos humanos, estos elementos son parte de una profunda crisis de la justicia en el país.

Sobre las acciones que les quedan para reclamar sus derechos violados al ser despedidos injustamente López Lone dijo que “ tenemos posibilidad de una impugnación pero hay que hacerla ante la misma Corte Suprema de Justicia, creemos que no va a dar resultado”.

Elo entrevistado anunció que la huelga de hambre no culminará si no lograr que las autoridades asuman la responsabilidad de carácter formal público de erradicar la impunidad y de castigar a los responsables de violaciones a los derechos humanos.

Por su parte el juez Luís Chévez, expresó que la CSJ ha violentado todos sus derechos y están en indefensión dañando el principio de legalidad pesar que son jueces probos, honestos, no tienen mora judicial y han actuado con independencia al aplicar la Ley.

lChévez dijo que las opciones para buscar justicia se han estado cerrando porque se ha perdido la institucionalidad y allí que se vieron en la necesidad de llevar a cabo esta huelga de huelga de hambre, “la CSJ que es la garante de la justicia en Honduras se ha salido del marco y está propiciando una condición de indefensión para el pueblo hondureño y se ha parcializado a favor de grupos que lesionan la dignidad del pueblo hondureño”.

Agregó que entre las demanda de la AJD están el adecentamiento del Poder Judicial, independencia , imparcialidad, desechar el criterio público partidista que impone jueces dóciles que responden a intereses ajenos y no a los principios del derechos, pero eso debe rescatarse la institucionalidad.

Tres miembros del Movimiento Amplio por la Dignidd y la Justicia, MADJ, acuerpan la huelga de hambre , se trata de José María Pineda, miembro de la Tribu San Francisco de Piedra Gorda, Locomapa, Yoro, Gerson Medina de la base de esta organización en Siguatepeque y Pablo Munguía de Santa Bárbara.

Yo estoy incorporado aquí porque en el país la justicia está muy débil , en mi tribu estamos procesadas siete personas por defender el bosque y por favorecer al em´presario Kenton Landa Uclés que tiene mucho poder, nos tienen con medidas sustitutivas a la prisión en un proceso injusto donde nos señalan que hemos obstruido un plan de manejo que no es de la tribu.

[La acción es denominada ] En mi tribu enfrentamos grandes problemas por la deforestación del bosque , vemos que la Ley en este país es débil. Nosotros hemos sido procesados por defender el bosque, acciones que se iniciaron el mes pasado donde les acusan de obstruir un plan de manejo que es del empresario Kenton Landa Uclés que tiene mucho poder. Con él hay seis compañeros más.

Gerson Medina, es un joven procedente Santa Bárbara, estoy en huelga de hambre en solidaridad con los compañeros jueces porque es un acto injusto su despido, además es necesario que logremos el adecentamiento del poder judicial que está en manos de los poderes golpistas, y Ministerio Público.

Pablo Munguía , dijo que su organización decidió este fin de semana asumir como su lucha esta huelga de hambre porque las separaciones de sus cargos fueron por razones políticas y por el compromiso que tenemos la impunidad y la corrupción.De allí que los resultados son la elección de magistrados de la CSJ de acuerdo a intereses de grupos poderosos que los ponen a su conveniencia para seguir apoderándose del país.

COFADEH solicita informe a CSJ sobre despidos

El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, COFADEH, envió una carta al presidente la CSJ, para solicitarle un informe detallado sobre las causas que motivaron el Despido de los jueces Ramón Enrique Barrios, Luis Alonzo Chevez de la Rocha, Guillermo López Lone, de la magistrada Thirza del Carmen Flores Lanza, y el Defensor Público Osman Fajardo por esta Corte Suprema de Justicia la noche del 05 de mayo de 2010.

“Todos los despedidos son miembros activos de la Asociación de Jueces por la Democracia que desde hace varios años viene realizando acciones con el fin de garantizar la independencia de los jueces y magistrados así mismo denunciando la persistencia de prácticas contrarias al derecho a un juicio justo ante un tribunal independiente e imparcial, de igual forma han señalado los altos grados de politización de la justicia en Honduras”, dice la nota.

En la comunicación la organización de derechos humanos señaló que al Cofadeh le preocupan los retirados ataques contra los miembros de La Asociación de Jueces Por la Democracia. La Corte Suprema ha utilizado medidas disciplinarias arbitrarias que violentan el principio del debido proceso con el fin de restringir el derecho a la libertad de asociación y libertad de expresión de los jueces, lo que se agudizó con el golpe de Estado.

Como antecedente se señala la citación que recibió el Juez de Sentencia Guillermo López Lone, el 30 de octubre de 2009, donde se le notificaba que el proceso disciplinario abierto en su contra tiene como causa el incumplimiento de los deberes de su cargo al incurrir en actos que atentan contra la Administración Pública al haber participado activamente en la manifestación del 05 de julio de 2009.

En la misma fecha al Juez de Letras Contra la Violencia Domestica Luis Alonso Chevez de la Rocha se le cita a razón de haber sido detenido el 12 de agosto de 2009, en una manifestación pública así como por haber presuntamente manifestado Vergüenza de pertenecer al poder judicial.

Asimismo el Juez Ramón Enrique Barrios fue citado en la misma fecha por causa de haber publicado un artículo de opinión titulado No fue Sucesión Constitucional.
Un proceso similar se le abrió al Defensor Publico Osman Fajardo, no obstante el Poder Judicial ignoro las agresiones que sufrió el abogado Fajardo a manos del Oficial de la Policía Flores Marcelino cuando en Calidad de Juez Ejecutor de Un Habeas Corpus, visitaba la Jefatura Metropolitana Numero 2 el 03 de agosto de 2009.

En la petición dirigida a la CSJ el COFADEH solicita:

Dejar sin valor y efecto los despidos en tanto y en cuanto no se les haya garantizado a los afectados, jueces Ramón Enrique Barrios, Luis Alonzo Chevez de la Rocha, Guillermo López Lone, de la magistrada Thirza del Carmen Flores Lanza, y Defensor Público Osman Fajardo la legítima defensa.

También garantizar el ejercicio ciudadano de los jueces, magistrados y defensores públicos su derecho a la libertada de expresión, libertad de asociación y libre manifestación que son derechos constitucionales.

La Corte Suprema de Justicia debe abstenerse de nombrar y remover a los jueces en tanto no se reforme la Constitución de la República a fin de crear un órgano autónomo e independiente, propio del poder judicial, encargado de administrar la carrera judicial que garantice la independencia de los operadores de justicia, concluye la carta enviada el 06 de mayo anterior.

La AJD ofrecerá en pocos minutos una conferencia de prensa donde dará a conocer los detalles de lo que será esta acción reivindicativa no solo a favor de los reintegros sino una lucha frontal contra la impunidad tal como loa han venido haciendo desde el 28 de junio en que se llevó a cabo el golpe de Estado por la oligarquía, FFAA y políticos nefastos.

jueves, 13 de mayo de 2010

Comisión Interamericana de Derechos Humanos anuncia visita a Honduras

COMUNICADO DE PRENSA
No. 53/10

Washington, 13 de mayo de 2010 – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizará una visita a Honduras del 16 al 18 de mayo de 2010, en seguimiento al informe de la CIDH sobre la situación de los derechos humanos en el contexto del golpe de Estado, publicado el 20 de enero de 2010.

La delegación estará compuesta por el Presidente de la CIDH, Felipe González; el Primer Vicepresidente, Paulo Sérgio Pinheiro; el Secretario Ejecutivo, Santiago Canton; la Relatora Especial para la Libertad de Expresión, Catalina Botero; y personal de la Secretaría Ejecutiva. La CIDH se reunirá con autoridades del Estado, organizaciones no gubernamentales y representantes de la sociedad civil, defensores y defensoras de derechos humanos, comunicadores sociales y miembros de la Comisión de la Verdad.

Honduras ratificó en 1977 la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La suspensión de Honduras del ejercicio de su derecho de participación en la Organización de los Estados Americanos (OEA), decidida el 4 de julio de 2009 por la Asamblea General Extraordinaria de la OEA, no modifica las obligaciones contraídas por Honduras al firmar la Convención y otros tratados de Derechos Humanos ratificados por el Estado.

La visita de la CIDH se desarrollará de acuerdo a lo establecido en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en su Reglamento, que establecen que se deben conceder a la Comisión todas las facilidades necesarias para llevar a cabo su misión y no tomar represalias de ningún orden en contra de las personas o entidades que cooperen con ella mediante informaciones o testimonios.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que deriva su mandato de la Carta de la OEA y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión está conformada por siete miembros independientes que actúan a título personal, sin representar a país alguno en particular, y que son elegidos por la Asamblea General de la OEA.

Fuente: http://www.cidh.org/Comunicados/Spanish/2010/53-10sp.htm

miércoles, 12 de mayo de 2010

Nueva visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Los días 16, 17 y 18 de mayo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos estará nuevamente en Honduras con el objetivo de dar seguimiento a su informe “Honduras: Derechos humanos y golpe de Estado”, que elaboró tras su visita al país en agosto del año pasado.

En esta nueva visita los miembros de la Comisión buscarán información relacionada con las violaciones a los derechos humanos que se han venido cometiendo desde el golpe de Estado, por lo que su presencia en el país representa una oportunidad valiosa para que las organizaciones de derechos humanos denuncien directamente que los efectos del rompimiento del orden constitucional se siguen manifestando con fuerza en detrimento de los derechos humanos de la población.

Sin duda alguna, la Comisión comprobará que la situación de derechos humanos en Honduras sigue siendo grave, tal como lo ratifican la represión sistemática contra los campesinos del bajo Aguán; los asesinatos, amenazas y hostigamientos contra periodistas; el despido por motivos políticos de funcionarios judiciales que se han opuesto al rompimiento del orden constitucional.

La persecución política de sindicalistas y de gremios magisteriales; la represión selectiva y de baja intensidad que se ha desatado contra las personas en resistencia democrática; la militarización de la vida nacional; la falta de voluntad política del Estado para implementar medidas de protección a favor de personas cuya vida e integridad corren peligro y que fueron ordenadas por la propia Comisión; y el establecimiento de una comisión de la verdad que no reúne los requisitos mínimos exigidos por los estándares internacionales en la materia.

Por ello, es fundamental que las organizaciones hondureñas le planteen a la Comisión Interamericana la necesidad de que haga recomendaciones concretas al gobierno de Honduras para revertir esta situación y sobre todo, es fundamental exigirle a la Comisión que se pronuncie sobre la posible reincorporación de Honduras a la Organización de Estados Americanos en el sentido de dejar claro que mientras en Honduras se sigan violando los derechos humanos, los Estados americanos no deben permitir su reingreso al concierto regional.

No se trata de mantener aislada a Honduras, sino de poner condiciones claras para su reintegro a los organismos internacionales, las cuales tienen que ver con el respeto absoluto a los derechos humanos, la depuración de las instituciones públicas en manos de los perpetradores del golpe de Estado y sobre todo, la investigación y sanción de los responsables materiales e intelectuales de las violaciones a los derechos más elementales de la población.

Honduras: Estado de derecho en peligro tras despido improcedente de funcionarios judiciales

AMNISTÍA INTERNACIONAL
DECLARACIÓN PÚBLICA
12 de mayo de 2010
Índice AI: AMR 37/009/2010

Los nuevos líderes de Honduras serán juzgados por su capacidad de afrontar el reto de defender el Estado de derecho y generar fe pública en la independencia del poder judicial, después de que cuatro jueces y un fiscal fueron apartados de sus cargos, al parecer por la única razón de haber sido críticos con el golpe de Estado del 28 de junio 2009, el cual dio lugar a la expulsión del entonces presidente Zelaya de su cargo.

En enero de 2010, cuando el nuevo gobierno asumió el cargo, Amnistía Internacional instó a las autoridades a poner fin a la intimidación de aquellos que eran críticos con el golpe de Estado, incluidos los miembros del poder judicial que se enfrentaron a los procedimientos disciplinarios. Amnistía Internacional considera que la independencia del poder judicial se pone en grave cuestión debido a estos despidos.

La magistrada Tirza Flores Lanza del Carmen, el juez Ramón Enrique Barrios, el juez Luis Alonso Chevez de la Rocha, el juez Guillermo López Lone, y el fiscal Osmán Fajardo Morel han sido despedidos, bajo la preocupación de que ha sido por motivos políticos. Los cinco no estaban de acuerdo con el golpe de Estado de 2009, y participaron pacíficamente en manifestaciones contra el golpe, o expresaron sus preocupaciones por escrito, en los meses inmediatamente posteriores al derrocamiento del gobierno. Jueces y funcionarios judiciales que participaron en manifestaciones durante el mismo período a favor del golpe de Estado, sin embargo, no se han enfrentado a procesos similares.

Los procedimientos disciplinarios abiertos contra estos funcionarios de justicia debe ser anulados y todos deben ser reincorporados de inmediato. El sistema judicial está seriamente dañado debido al acoso por motivos políticos, como el sufrido por estos funcionarios. Un sistema judicial independiente es la piedra angular para la protección de los derechos humanos y para garantizar que todos, sin discriminación, tengan derecho a un debido proceso ante la ley.

INFORMACIÓN ADICIONAL

El presidente hondureño José Manuel Zelaya Rosales, del Partido Liberal de Honduras, fue obligado a abandonar el poder mediante un golpe de Estado el 28 de junio de 2009, y fue expulsado del país por un grupo de políticos que contaban con el respaldo de los militares. El grupo de políticos estaba dirigido por Roberto Micheletti, ex presidente del Congreso Nacional. Tras el golpe de Estado del 28 de junio de 2009, se produjeron cierres y ocupaciones de medios de comunicación por parte de personal militar, se golpeó y agredió físicamente a periodistas, y se amenazó e intimidó a periodistas, especialmente los que investigaban actividades de la delincuencia organizada o violaciones de derechos humanos o condenaban abiertamente el golpe de Estado.

A algunos jueces a los que se consideró críticos con el golpe de Estado y con las autoridades de facto, se les aplicaron traslados arbitrarios y procedimientos disciplinarios durante el periodo del gobierno de facto. Miembros de la organización Jueces por la Democracia, que trabaja en la promoción de la independencia judicial y de los principios de imparcialidad y transparencia en los procedimientos judiciales, formaron la gran mayoría a los cuales se aplicaron estas medidas.

El 12 de agosto, Luis Chevez de la Rocha, miembro de Jueces por la Democracia, fue detenido arbitrariamente en San Pedro Sula. El juez de la Rocha observaba una protesta contra el golpe de Estado cuando vio cómo unos agentes de policía golpeaban a unos manifestantes. Pidió insistentemente a los agentes que se refrenasen, y uno de ellos, según los informes disponibles, le dijo a los demás: “Móntelo a ese también, por irrespeto a la autoridad”. Lo metieron a empujones en la parte posterior de un furgón policial y se lo llevaron a comisaría. Allí lo tuvieron más de tres horas y luego lo dejaron en libertad sin cargos. Un mes más tarde se comunicó al juez de la Rocha que se había incoado en su contra un procedimiento disciplinario por “su presencia en actos de alteración de orden público”, pese a que no había participado en la manifestación, a que había sido detenido arbitrariamente y a que había quedado en libertad sin cargos.

Un gobierno de facto continuó en poder hasta finales de 2009. El 27 de enero de 2010 ocupó el poder un nuevo gobierno encabezado por Porfirio Lobo, el mismo día que Amnistía Internacional publicó un informe titulado “Honduras: Recomendaciones al nuevo gobierno de Honduras tras el golpe de Estado de junio de 2009” (Índice: AMR 37/003/2010) que documentó violaciones de derechos humanos durante el golpe de Estado.

FIN/
Documento público
****************************************
Si desean más información, pónganse en contacto con la oficina de prensa de Amnistía Internacional en Londres llamando al número + 44 20 7413 5566 o escribiendo a press@amnesty.org.

Para los comunicados de prensa traducidos al español consulten http://www.amnesty.org/es/for-media. Para documentación general traducida al español consulten http://www.amnesty.org/es/library.

martes, 11 de mayo de 2010

Poder judicial y dignidad

En su informe “Honduras: Derechos humanos y golpe de Estado”, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señaló que en el país los recursos judiciales son ineficaces para proteger los derechos de la población, ya que la Corte Suprema de Justicia ha negado sistemáticamente la existencia de las violaciones a los derechos humanos, lo que se traduce en una situación de inactividad y tolerancia que facilita la impunidad.

Mientras la máxima autoridad judicial avala y legitima el rompimiento del orden constitucional, la Asociación de Jueces por la Democracia, compuesta por jueces y juezas verdaderamente comprometidos con la justicia, ha denunciado la confabulación de la Corte Suprema con los sectores golpistas.

Debido a su posición de dignidad y compromiso con los valores democráticos y con el pueblo hondureño en resistencia, estos jueces vienen siendo objeto de traslados, remociones, amenazas, agresiones, detenciones y sometimiento a procesos disciplinarios, que de acuerdo con varias fuentes, son exigencias que las Fuerzas Armadas y la empresa privada le han hecho a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

Es ente contexto que se sitúa el despido de los jueces Ramón Barrios, Luis Chévez, Guillermo López Lone, la magistrada Thirza Flores y el defensor público Osmán Fajardo, todos miembros de la Asociación de Jueces por la Democracia, quienes han mantenido una posición valiente, crítica y apegada a los valores constitucionales en relación con el golpe de Estado del 28 de junio pasado.

Estas acciones intimidatorias y violatorias a los derechos humanos de las personas despedidas se corresponden con la posición asumida por la Corte Suprema de Justicia como pieza clave en el golpe de Estado, y ratifica que el poder judicial en Honduras no es independiente ni imparcial y que sus actuaciones responden a los intereses de los grupúsculos políticos y económicos que han atentado contra la democracia.

El pueblo hondureño tiene una oportunidad histórica para exigir por todos los medios a su alcance la restitución de estos funcionarios judiciales, ya que representan un oasis de dignidad e independencia dentro de un poder judicial corrupto, mediatizado y comprometido con los sectores más oscuros y recalcitrantes del país.

Su reintegro no sólo constituiría una victoria individual para cada uno de ellos sino una victoria del pueblo hondureño en la construcción de un sistema de justicia que responda únicamente a la exigencia del respeto de los derechos humanos de todos y todas.

viernes, 7 de mayo de 2010

Comunicado ante el despido de jueces y juezas miembros de la Asociación de Jueces por la Democracia

Radio Progreso y el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús en Honduras, a la opinión pública nacional e internacional manifestamos lo siguiente:

PRIMERO: Condenamos enérgicamente el despido de los jueces (as) RAMÓN ENRIQUE BARRIOS, LUIS ALONZO CHEVEZ DE LA ROCHA, GUILLERMO LÓPEZ LONE, el defensor público OSMÁN FAJARDO MOREL y de la Magistrada THIRZA DEL CARMEN FLORES LANZA, todos miembros de la ASOCIACIÓN DE JUECES PARA LA DEMOCRACIA.

SEGUNDO: Denunciamos que estos despidos se enmarcan en un contexto de persecución política por parte de la Corte Suprema de Justicia contra todos aquellos funcionarios judiciales que han asumido una posición valiente, crítica y apegada a los valores constitucionales en relación con el golpe de Estado del 28 de junio pasado.

TERCERO: Reafirmamos que estas acciones intimidatorias y violatorias a los derechos humanos de las personas despedidas se corresponden con la posición asumida por la Corte Suprema de Justicia como pieza clave en el golpe de Estado, y ratifica que el poder judicial en Honduras no es independiente ni imparcial y que sus actuaciones responden a los intereses de los sectores políticos y económicos que han atentado contra la democracia.

CUARTO: Expresamos nuestra solidaridad con los (as) compañeros (as) despedidos, exigimos su reintegro inmediato y un alto a las amenazas y hostigamientos de las que son víctimas otros funcionarios judiciales que han mantenido una posición coherente con los principios democráticos ,y demandamos al Estado hondureño para que a través de la Corte Suprema de Justicia cumpla fielmente con lo estipulado en la Constitución de la República y en los tratados internacionales en materia de independencia judicial.

Dado en la ciudad de El Progreso, departamento de Yoro, a los 06 días del mes de mayo del dos mil diez.

Radio Progreso y Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación.

Pleno de la Corte Suprema de Justicia despide de forma arbitraria a directivos de la Asociación de Jueces por la Democracia

La crisis política que vive el Estado de Honduras desde los acontecimientos del Golpe de Estado del pasado 28 de junio del año 2009, continúa profundizándose sin que se avizoren, desde el sector gubernamental, alternativas democráticas para restablecer la institucionalidad del Estado de Derecho.

La fractura del orden constitucional ha dejado su huella en el poder judicial, en donde sus autoridades entendieron los acontecimientos como una “sucesión constitucional” y un sector de jueces(zas) y magistrados(as), funcionarios(as) y empleados(as), en particular, la Asociación de Jueces por la Democracia (AJD), asumieron una posición de condena al golpe de Estado, implicándose en demostraciones pacíficas, denuncias públicas y acciones legales orientadas a la tutela de garantías constitucionales.

Como consecuencia de este posicionamiento a los jueces Ramón Enrique Barrios, Luis Alonso Chévez de la Rocha, Guillermo López Lone, la magistrada Tirza del Carmen Flores y el defensor público Osman Fajardo Morel, las autoridades les abrieron expedientes disciplinarios, los cuales fueron resuelto el dia de ayer miércoles 5 de mayo, en horas de la noche, por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, decidiendo estas autoridades de forma arbitraria e injustificada el despido de todos los compañeros investigados.

Esta medida del despido de cuatro juzgadores y de un defensor público además de autoritaria, arbitraria y contraria a la legalidad, constituye una herida casi mortal a la independencia de todos los jueces, juezas y del poder judicial.

Al producirse este despido se persigue en particular desarticular y de ser posible destruir el colectivo de la Asociacion de Jueces por la Democracia, pero de manera especial el Pleno de la Corte está mandando el mensaje d que los jueces no pueden ser críticos, y que deben ser sumisos y obedientes, y que vale más un juez sujeto a las directrices superiores y del poder político, que un juez honesto, responsable e independiente.

Estos despidos retroceden y sumen al poder judicial en una crisis institucional que acarrea mayor cuestionamiento y falta de credibilidad a la administración de justicia, pues estos hechos lo que reflejan es que se han impuesto los magistrados que apuestan por la subordinación político-partidaria, y por la posiciones que dan continuidad al rompimiento del orden constitucional, situación en la cual el Poder Judicial se involucro directamente “legalizando” el golpe de estado.

Ante esta situación, la Asociación de Jueces por la Democracia, manifestamos lo siguiente:

1.- Que nos opondremos a estos despidos con todas las acciones legales que la ley nos permite.

2.- De no encontrar respuesta a nuestros reclamos en las instancias internas, recurriremos con nuestras demandas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
3.- Además de estas acciones legales, manifestamos nuestra disposición a Resistir estos actos ilegales, para lo cual demandamos de nuestros compañeros jueces su apoyo, al tiempo que pedimos a todas las organizaciones populares y de la sociedad civil a acompañar nuestra lucha por recuperar la institucionalidad del poder judicial.


San Pedro Sula, 6 de Mayo de 2010

ASOCIACION DE JUECES POR LA DEMOCRACIA
JUNTA DIRECTIVA NACIONAL

martes, 4 de mayo de 2010

Una Comisión de Verdad

El mayor capital de una Comisión de la Verdad son sus integrantes, quienes deben ser elegidos por su alta calidad moral y profesional, y sobre todo, por su lucha destacada en la defensa de los derechos humanos.

Estas características son las que diferencian enormemente a los miembros de la Comisión de la Verdad oficial instalada por el gobierno de Lobo Sosa y a los miembros de la Comisión de la Verdad alternativa anunciada por la Plataforma de Derechos Humanos, en coordinación con diferentes organizaciones internacionales como el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional y la Federación Internacional de Derechos Humanos.

Por poner unos cuantos ejemplos, mientras la Comisión de la Verdad oficial no está integrada por ninguna persona reconocida internacionalmente por su capacidad y compromiso con los derechos humanos, la Comisión de la Verdad alternativa está conformada nada más y nada menos que por dos Premio Nobel de la Paz, la guatemalteca Rigoberta Menchú y el argentino Adolfo Pérez Esquivel.

Mientras la Comisión de la Verdad oficial está integrada por un abogado canadiense, Michael Kergin, miembro de la firma de abogados Bennett Jones que representa a compañías mineras de Canadá con grandes intereses en Honduras, la Comisión de la Verdad alternativa está integrada por el holandés Theo Van Boven, un reconocido jurista internacional y experto en derechos humanos, quien se ha desempeñado, entre otras cosas, como Relator Especial de Naciones Unidas contra la Tortura.

Mientras la Comisión de la Verdad oficial está integrada por el ex vicepresidente y ex canciller guatemalteco, Eduardo Stein, vinculado a los grupos de poder político y económico en Guatemala, la Comisión de la Verdad alternativa está integrada por Nora Cortiñas, cofundadora de las Madres de Plaza de Mayo de Argentina, una organización que ha luchado por la defensa de los derechos humanos, el fin de la impunidad y el conocimiento de la verdad de los hechos sucedidos durante las dictaduras militares en el país sudamericano.

Mientras la Comisión de la Verdad oficial la integra María Zavala Valladares, ex ministra de Justicia del gobierno de Alan García en Perú, la Comisión de la Verdad alternativa la integra la ecuatoriana Elsie Monge, reconocida defensora de los derechos humanos e integrante de la Comisión de la Verdad en Ecuador creada para investigar, esclarecer e impedir la impunidad en los hechos violentos y violaciones a los derechos humanos atribuidos a agentes del Estado, ocurridos entre 1984 y 1988.

Con estos pocos ejemplos, es claro que la Comisión de la Verdad oficial no tiene la capacidad técnica ni la altura moral para realizar una función tan importante como la investigación de los hechos y el señalamiento de los responsables; en cambio, la Comisión de la Verdad anunciada por la Plataforma de Derechos Humanos tiene toda la potencialidad para ser una Comisión de Verdad, tal y como lo exigen los estándares internacionales en la materia.

Dos premios Nobel de la Paz a comisión de la verdad alternativa

La diferencia entre esta comisión y la establecida por el gobierno es el “espirito ético, el gran compromiso con el pueblo hondureño, con la verdad y que hable de los Derechos Humanos”.

Red Morazánica de Información

Tegucigalpa, 03 de mayo. La Plataforma de Derechos Humanos de Honduras, anunció hoy la instalación de una “comisión de la verdad” alternativa, integrada entre otras personas por dos ganadores del Premio Nobel de la Paz, la guatemalteca Rigoberta Menchú y el argentino Adolfo Pérez Esquivel.

El anunció lo hacen la víspera de que el gobierno de Porfirio Lobo, instale una “Comisión de la Verdad” a la que diferentes organizaciones y El Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP), han catalogado como “una comisión de la mentira”.

La comisión alternativa estará compuesta además de los premio Nobel, por la defensora de los Derechos Humanos Nora Cortiñas, cofundadora de Madres de Plaza de Mayo de Argentina, el holandés Teo Van Boven y Elsie Monge, una ecuatoriana que integró la comisión de la verdad en su país.

Por la parte hondureña estarán integrando la comisión el Padre Fausto Milla, víctima de la represión militar y eclesiástica en la década de los 80, y la escritora Helen Humaña, Premio Nacional de Literatura 1989.

La Plataforma de Derechos Humanos que surgió después del golpe de estado contra Manuel Zelaya, está conformada por El Centro de Derechos de la Mujer (CDM), El Centro de Investigación y Promoción de Derechos Humanos (CIPRODEH), El Comité de Familiares Detenidos y Desaparecidos de Honduras (COFADEH), El Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (CODEH), El Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de las Víctimas de la Tortura (CPTRT) y FIAN Internacional.

Una comisión diferente

Para el defensor de los Derechos Humanos Juan Almendares Bonilla, la diferencia entre esta comisión y la establecida por el gobierno es el “espirito ético, el gran compromiso con el pueblo hondureño, con la verdad y que hable de los Derechos Humanos”.

Para Almendares, miembro de la Plataforma hondureña, la legalidad esta vinculada a la justicia y a la ética, y por eso (la comisión) tiene la credibilidad moral ética para todo el pueblo hondureño.

El informe realizado por la comisión servirá para que el pueblo “lleve su voz a la Asamblea Nacional Constituyente”, una exigencia del Frente Nacional de Resistencia Popular, para restituir el Estado de Derecho, roto con el golpe de Estado Militar contra Zelaya Rosales, el pasado 28 de junio de 2009.

La comisión es apoyada por la Federación Internacional de Derechos humanos (FIDH), quien desarrolla las consultas a nivel internacional.

Almendares recordó que en la comunidad internacional, tanto en Estados Unidos, Europa y América Latina, “existe un gran respaldo moral a esta comisión”, que surge para conocer la verdad desde el pueblo sin intervención oficial.

Comisión de la mentira.

El dirigente popular Juan Barahona, expresó que “el Frente no cree en la comisión de la mentira”, refiriéndose a la comisión nombrada por el gobierno de Porfirio Lobo, que se instalará mañana cuatro de mayo.

Barahona se quejó que la comisión integrada por Lobo, es una comisión compuesta por dos destacados miembros de su partido, que participaron en el golpe de Estado contra Manuel Zelaya Rosales, “es una comisión integrada por ellos mismos” puntualizó.

lunes, 3 de mayo de 2010

ALERTA NACIONAL E INTERNACIONAL: Jueces, juezas y Magistrados(as) hondureños(as) expedientados(as) podrían ser despedidos(as) en los próximos días

La crisis política que vive el Estado de Honduras desde los acontecimientos del Golpe de Estado del pasado 28 de junio del año 2009, continúa profundizándose sin que se avizoren, desde el sector gubernamental, alternativas democráticas para restablecer la institucionalidad del Estado de Derecho.

La fractura del orden constitucional ha dejado su huella en el poder judicial, en donde sus autoridades entendieron los acontecimientos como una “sucesión presidencial” y un sector de jueces(zas) y magistrados(as), funcionarios(as) y empleados(as), en particular, la Asociación de Jueces por la Democracia (AJD), asumieron una posición de condena al golpe de Estado, implicándose en demostraciones pacíficas, denuncias públicas y acciones legales orientadas a la tutela de garantías constitucionales.

Como consecuencia de este posicionamiento a los jueces Ramón Enrique Barrios, Luis Alonso Chévez de la Rocha, Guillermo López Lone, la magistrada Tirza del Carmen Flores y el defensor público Osman Fajardo Morel, las autoridades les abrieron expedientes disciplinarios, los cuales serán resueltos en los próximos días por la Corte Suprema de Justicia, trascendiendo extra oficialmente que la posibilidad de despido es inminente contra estos operadores de justicia.

El Caso de los jueces y magistrados hondureños ha obtenido pronunciamientos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de Amnistía Internacional, de la Alta comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que ha exigido que se “revisen las decisiones adoptadas respecto a jueces y defensores públicos sometidos a procesos disciplinarios en relación con la crisis política y las actividades de protección de derechos humanos”.

Pese a todas estas manifestaciones, los procedimientos investigativos se han prolongado por aproximadamente nueve meses. Siendo inconcebible su instrucción pues las mismas autoridades llamaron mediante comunicación escrita a los jueces y funcionarios a participar en una marcha a favor del régimen de facto, del mismo modo, otro sector de la judicatura se ha pronunciado favorablemente en torno a la posición de la Corte Suprema en su lectura de la “sucesión presidencial” del 28 de junio de 2009.

En estas circunstancias, es fácil entender que los expedientes disciplinarios en contra de los jueces y magistrados hondureños, constituyen una agresión a las libertades de expresión, reunión y de asociación, y por ende, de producirse despidos, la afectación sería a los valores y principios constitucionales democráticos, hoy por hoy, en pugna con el autoritarismo y la intolerancia en el poder judicial de Honduras.

La garantía de inamovilidad para los(as) jueces (zas) y magistrados(as) expedientados(as) representa en la actualidad un respaldo a toda la judicatura hondureña, pues de producirse los despidos se silenciarán las voces críticas y la menguada independencia de los jueces y magistrados se vería seriamente quebrantada.

Ante la realidad descrita en grandes líneas, surge este llamamiento nacional e internacional, para que las organizaciones de derechos humanos, las asociaciones de jueces y sus federaciones se pronuncien de forma urgente y a la brevedad en contra de estos despidos y pidan a la Corte Suprema de Justicia el respeto a la estabilidad y los derechos y libertades de los jueces y magistrados hondureños.

También pueden adherirse a este llamamiento de forma individual todos y todas las personas que quieran sumar su voz y su nombre en defensa de la independencia judicial en Honduras.

Sus llamamientos los pueden remitir a las direcciones de los(as) Magistrados(as) de la Corte Suprema de Justicia que son las siguientes:

JORGE ALBERTO RIVERA AVILEZ presidencia@poderjudicial.gob.hn,
mlanda@poderjudicial.gob.hn, jarivera@poderjudicial.gob.hn
ROSA DE LOUDES PAZ HASLAM rpaz@poderjudicial.gob.hn
JOSE FRANCISCO RUIZ GAEKEL jruiz@poderjudicial.gob.hn
ROSALINDA CRUZ SEQUEIRA rcruzs@poderjudicial.gob.hn
JACOBO CALIX HERNANDEZ jcalixh@poderjudicial.gob.hn
OSCAR FERNANDO CHINCHILLA ochinchilla@poderjudicial.gob.hn
GUSTAVO ENRIQUE BUSTILLO PALMA gebustillo@poderjudicial.gob.hn
JORGE REYEZ DIAZ jreyesd@poderjudicial.gob.hn
EDITH MARIA LOPEZ RIVERA emlopez@poderjudicial.gob.hn
MARCO VINICIO ZUNIGA mvzuniga@poderjudicial.gob.hn
VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA vmmartinez@poderjudicial.gob.hn
TOMAS ARITA VALLE tarita@poderjudicial.gob.hn
RAUL HENRIQUEZ INTERIANO rhenriquez@poderjudicial.gob.hn
CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO ccalix@poderjudicial.gob.hn
JOSE ANTONIO GUTIERREZ NAVAS jagutierrez@poderjudicial.gob.hn


San Pedro Sula, 3 de mayo del 2010.
JUNTA DIRECTIVA NACIONAL
ASOCIACION DE JUECES POR LA DEMOCRACIA