Poder judicial y dignidad

En su informe “Honduras: Derechos humanos y golpe de Estado”, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señaló que en el país los recursos judiciales son ineficaces para proteger los derechos de la población, ya que la Corte Suprema de Justicia ha negado sistemáticamente la existencia de las violaciones a los derechos humanos, lo que se traduce en una situación de inactividad y tolerancia que facilita la impunidad.

Mientras la máxima autoridad judicial avala y legitima el rompimiento del orden constitucional, la Asociación de Jueces por la Democracia, compuesta por jueces y juezas verdaderamente comprometidos con la justicia, ha denunciado la confabulación de la Corte Suprema con los sectores golpistas.

Debido a su posición de dignidad y compromiso con los valores democráticos y con el pueblo hondureño en resistencia, estos jueces vienen siendo objeto de traslados, remociones, amenazas, agresiones, detenciones y sometimiento a procesos disciplinarios, que de acuerdo con varias fuentes, son exigencias que las Fuerzas Armadas y la empresa privada le han hecho a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

Es ente contexto que se sitúa el despido de los jueces Ramón Barrios, Luis Chévez, Guillermo López Lone, la magistrada Thirza Flores y el defensor público Osmán Fajardo, todos miembros de la Asociación de Jueces por la Democracia, quienes han mantenido una posición valiente, crítica y apegada a los valores constitucionales en relación con el golpe de Estado del 28 de junio pasado.

Estas acciones intimidatorias y violatorias a los derechos humanos de las personas despedidas se corresponden con la posición asumida por la Corte Suprema de Justicia como pieza clave en el golpe de Estado, y ratifica que el poder judicial en Honduras no es independiente ni imparcial y que sus actuaciones responden a los intereses de los grupúsculos políticos y económicos que han atentado contra la democracia.

El pueblo hondureño tiene una oportunidad histórica para exigir por todos los medios a su alcance la restitución de estos funcionarios judiciales, ya que representan un oasis de dignidad e independencia dentro de un poder judicial corrupto, mediatizado y comprometido con los sectores más oscuros y recalcitrantes del país.

Su reintegro no sólo constituiría una victoria individual para cada uno de ellos sino una victoria del pueblo hondureño en la construcción de un sistema de justicia que responda únicamente a la exigencia del respeto de los derechos humanos de todos y todas.