La Convergencia por los Derechos Humanos de la zona noroccidental de Honduras ante la comunidad nacional e internacional manifestamos lo siguiente:
PRIMERO: Declaramos que la conservación de la memoria histórica es fundamental para avanzar en la lucha contra la impunidad en Honduras, por ello no olvidamos que el 15 de septiembre de 2010 fue reprimida violentamente por la Policía Nacional una manifestación pacífica en la que participaban colegios de educación media, escuelas públicas, sindicatos, grupos artísticos, organizaciones sociales y varios colectivos de profesionales, dejando como saldo manifestantes con fracturas de costillas, fracturas de cráneo, pérdida de los dientes y heridas en el rostro y la cabeza, así como la detención de 37 personas, entre ellas, 3 menores de edad.
SEGUNDO: Denunciamos que esta estrategia de represión que criminaliza cualquier manifestación de disidencia se ha constituido en una de las más recurridas violaciones a derechos humanos a partir del golpe de Estado, y su impunidad se ha institucionalizado de tal forma que representa la amenaza más grave para la vida y la seguridad de los hondureños y hondureñas, y en consecuencia, para la existencia misma del proceso de construcción democrática.
TERCERO: Celebramos que después de casi dos años, la Fiscalía Especial de Derechos Humanos de San Pedro Sula por fin presentó un requerimiento fiscal contra los subcomisionados de policía Héctor Iván Mejía Velásquez y Daniel Matamoros Ávila, por los delitos de detención ilegal, lesiones leves y violación de los deberes de los funcionarios, cuya audiencia inicial se celebrará el próximo 3 de mayo.
CUARTO: Exigimos que las instancias encargadas de impartir justicia estén conscientes que la deducción de responsabilidades penales y administrativas en este caso es una oportunidad histórica para enviar un mensaje contundente a las fuerzas de seguridad del Estado en el sentido que en una sociedad que se precie democrática no puede permitirse el uso discriminatorio y excesivo de la fuerza; abiertos excesos e inexistencia de control respecto del uso de fuerza letal y no letal, con el objetivo de castigar a quienes participan en tales manifestaciones; y la inobservancia de los criterios de proporcionalidad, oportunidad, necesidad y legitimidad en el uso de la fuerza.
QUINTO: Exhortamos a la ciudadanía en general y a las organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos en particular, a estar vigilantes con respecto al desenlace de este proceso contra los subcomisionados Mejía Velásquez y Matamoros Ávila, pues si nuevamente la impunidad se coloca por encima de la justicia, se tendrá un efecto devastador para la realización del Estado de derecho y la democracia que queremos construir, en tanto que se seguirá fomentando la vulnerabilidad de las personas al generar la percepción de que es posible violar los derechos humanos sin recibir castigo y se enviará a toda la sociedad un mensaje intimidatorio que puede causar temor generalizado, y desanimar y silenciar las denuncias, reclamos y reivindicaciones sociales.
San Pedro Sula, Cortés, 24 de abril de 2012.
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