martes, 30 de septiembre de 2014

Comisión Nacional de Telecomunicaciones pretende cerrar radio garífuna.


Alerta 055-14
30 de septiembre de 2014

Comité por la Libre Expresión, C-Libre.- La Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH), denunció el 25 de septiembre que la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, CONATEL, pretende sacar del aire a la radio comunitaria Garífuna Sugua, que opera desde hace seis años en la comunidad de Sambo Creek, en el municipio de La Ceiba, departamento de Atlántida. 

La denuncia fue difundida mediante un pronunciamiento público emitido por la OFRANEH, en el cual destacan el posible cierre de la radio comunitaria Sugua, como una clara intimidación Estatal para concretar la entrega de la costa Garífuna al capital extranjero bajo el marco de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico, (ZEDE), mejor conocidas como ciudades modelo.

El pronunciamiento también resalta el error cometido por CONATEL al emplazar a La OFRANEH como "propietaria de la radio comunitaria Sugua", puesto que la relación entre la radio comunitaria y la OFRANEH es de apoyo solidario en pro de la defensa de los derechos territoriales, políticos y culturales del pueblo Garífuna.
Bajo este contexto la OFRANEH, hace un llamado público al pueblo Garífuna para evitar el atropello del cierre de la radio comunitaria Sugua, una emisora que salió al aire en noviembre del año 2009, en el marco del golpe de Estado.

La radio comunitaria Sugua que además pertenece a la Red de Radios Comunitarias Garífunas, trabaja bajo una línea editorial educativa dirigida a fomentar la recuperación del uso de la lengua Garífuna y a transmitir el conocimiento tradicional.

Por su parte CONATEL a través de un comunicado enviado a C-Libre informó:

"Que en el ejercicio de su facultad de administrar y controlar el uso del espectro radioeléctrico, constató en fecha 4 de diciembre del año 2013, que la organización Fraternal Negra Hondureña, está utilizando la frecuencia 100.9 MHz, en la comunidad de Sambo Creek del departamento de Atlántida de manera ilegal, sin poseer la autorización correspondiente otorgada por este ente regulador, por tal razón y en respecto a la garantía constitucional de derecho de defensa en fecha 17 de septiembre del año de 2014 , se emplazó a la confraternidad Negra Hondureña, para que presente sus correspondientes descargos de esta situación".

Además el comunicado firmado por el comisionado presidente de esa dependencia dice que "CONATEL, pondrá en conocimiento al Ministerio Público de conformidad con lo establecido en el artículo 39 de la Ley Marco del Sector de Telecomunicaciones y otros del reglamento que dicen: Que cuando hay indicios de delito se debe de poner en conocimiento al Ministerio Público". 

Para el Comité por la Libre Expresión, C-Libre, estas acciones de CONATEL son arbitrarias y violatorias al Convenio 169 de la OIT, suscrito y ratificado por el Estado de Honduras, puesto que buscan intimidar a la población Garífuna y afectar la plena efectividad de sus derechos sociales, económicos y culturales, irrespetando a la vez su identidad social y cultural, sus costumbres, tradiciones y sus instituciones. 

El Convenio 169 es una norma internacional y como tal prevalece sobre la ley interna de los Estados que lo ratificaron. El artículo 18 de la Constitución de la República estipula que en caso de conflicto entre el tratado o convención y la ley, prevalecerá el primero. 

Ante lo anterior, C-Libre, exhorta al Gobierno a respetar a la comunidad de Sambo Creek y su derecho universal a la libertad de expresión y a tener sus propios medios de comunicación, al amparo de este Convenio.
Fuente: Comité por la Libre Expresión (C-Libre). 

C-Libre es una coalición de periodistas y miembros de la sociedad civil constituida para promover y defender la libertad de expresión y el derecho a la información en Honduras. Quienes integramos C-Libre, estamos convencidos que en la construcción de un Estado de Derecho es imprescindible la existencia de un periodismo ético, de investigación, fiscalizador de la gestión pública, que se desempeñe en un ambiente de seguridad y acceso libre a la información y que promueva un régimen de opinión pública que haga valer su Derecho a la Información.

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