La
semana antepasada, el gobierno de Juan Orlando Hernández convocó a una marcha por
una navidad en paz con el objetivo de alzar la voz contra la violencia y la
criminalidad.
Fue
encabezada por el propio presidente Hernández y la primera dama, Ana García, a
quienes se les sumaron sectores religiosos y empresariales, y un reducido
número de funcionarios a quienes se ha conocido se les obligó a participar.
Pese
a los llamados y coacciones a participar, y a gastarse 30 millones de lempiras
en la organización de la misma, apenas participaron dos mil empleados públicos,
lo cual puede considerarse un total fracaso aunque los grandes medios de
comunicación han intentado maquillar y esconder esa realidad.
Lo
que sí está claro es que cuando un presidente de un Estado decide salir a la
calle para protestar contra la violencia, es la manifestación más evidente del
fracaso de su gobierno para enfrentar la criminalidad.
La
manifestación pública y pacífica es un derecho humano que la ciudadanía tiene
cuando sus gobiernos son incapaces de dar respuestas institucionales a los
problemas de la gente.
Por
tanto, que el presidente Hernández haga uso de este derecho, ¿acaso está
manifestando su descontento frente a sus propias políticas en materia de
seguridad que no han logrado reducir drásticamente los índices delictivos?
Evidentemente
detrás de esta marcha lo que hay es pura demagogia para hacerle creer a la
población que su gobierno no es responsable, intentando ignorar que el
principal garante de la seguridad de la población es el Estado que está bajo su
gobierno.
Pero no cualquier seguridad ni a cualquier costo, sino aquella que sea respetuosa de los derechos humanos y que implique una mejora en la calidad de vida de la gente, particularmente de la más excluida.
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