Desde el año pasado, con una
muestra más de cinismo, el presidente Hernández y su gobierno han venido
presentando como un logro de su gestión que el país saliera de la lista
siniestra de los derechos humanos que la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos publica en su informe anual con el objetivo de advertir sobre la
preocupante situación de algunos países.
Honduras ha sido incluida en dicha lista desde el
2009 hasta el 2013 pero no en la de 2014, no porque la situación haya mejorado,
sino por una cuestión reglamentaria, ya que la Comisión Interamericana visitó
el país ese año y el artículo 59 numeral 8 de su reglamento establece que cuando un
Estado incluido en la lista siniestra haya sido visitado por la Comisión, “no
se le incorporará en dicho capítulo del Informe Anual correspondiente al año de
la visita”.
De
acuerdo con el citado artículo 59, el monitoreo de la situación de los derechos
humanos de 2014 se debe realizar a través de un informe especial exclusivamente
sobre Honduras, el cual acaba de ser publicado por la Comisión Interamericana y
en él se nos presenta un panorama radicalmente distinto al pregonado por el
gobierno de la supuesta vida mejor.
En este informe se constata que la violencia y la
inseguridad son problemas graves con grandes repercusiones en el goce y
ejercicio efectivo de los derechos humanos, y que los niveles de violencia son
el resultado del incremento del crimen organizado y el tráfico de drogas, el
reclutamiento de niños y adolescentes, una deficiente respuesta judicial que
conlleva a la impunidad, la corrupción y a altos niveles de pobreza y
desigualdad.
Para la Comisión, parte de la inseguridad proviene
de la Policía Nacional, de la Policía Militar y del Ejército a través del uso
ilegítimo de la fuerza, en algunos casos en complicidad con el crimen
organizado. Estos índices de violencia e inseguridad se agravan por la falta de
políticas públicas para hacerle frente a las desigualdades y exclusión social
de grandes sectores de la población.
Este informe confirma la grave situación que enfrentan
las defensoras y los defensores de derechos humanos, los periodistas y
comunicadores sociales, las mujeres, los pueblos indígenas y afrodescendientes,
y la niñez, especialmente la que se ve forzada a migrar con el fin de escapar
de esta realidad.
Detrás de toda esta situación se encuentra la
impunidad, que según cifras oficiales alcanza el 80% de los casos, es decir,
que de cada 10 delitos cometidos en el país, 8 se quedan sin castigo, lo cual
es un estímulo para que se sigan perpetrando.
A pesar de la propaganda oficial de que “Honduras está cambiando”, la
sociedad hondureña lo tiene claro. Según el sondeo de opinión pública del
ERIC-SJ, el 79% de la población cree que la situación de derechos humanos sigue
igual o ha empeorado. La
percepción constituye un elemento primordial para medir el éxito del gobierno y
aunque puede medirse de diversas maneras objetivas, la opinión pública
representa el veredicto final.
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