La
estrategia de involucrar a los militares en la represión de la violencia supone
graves riesgos para la democracia y el Estado de derecho, ya que los expone
abiertamente a mayores niveles de corrupción y a violaciones a derechos
humanos.
La
dinámica de enfrentamiento con las bandas criminales trae consigo el peligro de
una “guerra sucia” en la que los militares se ven tentados a operar de manera
extrajudicial, practicando la tortura y las ejecuciones arbitrarias.
Y pese a
que es posible que la violencia pueda remitir en los primeros momentos del
despliegue inicial, el ejemplo de otros países de la región nos alerta que (a)
pronto vuelve a arremeter con fuerza y la tasa de homicidios puede ascender
rápidamente, superando los niveles previos, (b) otras formas de criminalidad
también se incrementan y (c) las denuncian sobre violaciones a los derechos
humanos por parte de militares aumentan de manera dramática.
Como lo señala Víctor Meza, en
Honduras conocemos perfectamente que la intervención y participación de las
Fuerzas Armadas en la vida nacional tienen graves implicaciones para nuestra
frágil democracia y “han sido una permanente pesadilla en la historia política contemporánea
del país”.
Además de su
participación activa en la década de los años 80 y en el golpe de Estado de
2009, las denuncias de violaciones a derechos humanos por militares han
aumentado considerablemente desde que el presidente Hernández incrementó la
participación militar en la lucha contra la criminalidad.
De acuerdo con Human Rights Watch, “policías militares han sido acusados de al menos nueve asesinatos, más de 20 casos de tortura y cerca de 30 detenciones ilegales entre 2012 y 2014, y al menos 24 soldados estaban siendo investigados en relación con los asesinatos”.
De acuerdo con Human Rights Watch, “policías militares han sido acusados de al menos nueve asesinatos, más de 20 casos de tortura y cerca de 30 detenciones ilegales entre 2012 y 2014, y al menos 24 soldados estaban siendo investigados en relación con los asesinatos”.
El gobierno actual ha aprovechado el sentimiento de
inseguridad y vulnerabilidad que provoca la criminalidad para instalar en la
opinión pública la necesidad de convertir a los militares en los agentes
redentores de una sociedad sometida al miedo, y que a cambio está dispuesta a
renunciar a sus propias libertades y derechos para concederle a ellos
facultades excepcionales.
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