Durante el mes de julio, Honduras estuvo bajo el foco internacional en relación con la situación de los derechos humanos. Primero, porque como lo señalamos la semana pasada, los días 5 y 6 de julio el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas realizó un examen al Estado para verificar el estado de protección de los derechos civiles y políticos.
En sus observaciones finales, el Comité expresó un número importante de preocupaciones al respecto, lo cual confirma la gravedad de la situación de los derechos humanos que se profundizó a partir del golpe de Estado y que hemos venido denunciando permanentemente.
Segundo, en el mismo mes el Secretario General Adjunto de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Andrew Gilmour, realizó una visita de tres días al país y sostuvo reuniones con altos funcionarios del gobierno, representantes diplomáticos y representantes de la sociedad civil.
Al igual que el Comité de Derechos Humanos, el señor Gilmour recibió y manifestó su preocupación por informaciones que revelan una impunidad generalizada, altos niveles de violencia, un aumento de la militarización de la seguridad pública, acceso restrictivo a la planificación familiar, un aumento alarmante del femicidio y violencia contra las mujeres en general.
También advirtió que las políticas penales que imponen castigos extremadamente duros a la niñez y juventud no son la solución a la violencia y la criminalidad, cuyas causas de fondo deben ser enfrentadas a través inversiones sociales y la rehabilitación.
A su vez, el señor Gilmour manifestó su preocupación por la violencia que enfrentan con valentía las personas defensoras de derechos humanos, especialmente mujeres, personas LGBTI, defensoras de la tierra y pueblos indígenas, y resaltó la necesidad primordial de aumentar su protección.
Por ello, insistió en la necesidad de abrir espacios para el diálogo, el acceso a la información y la participación efectiva en la formulación de políticas públicas, que son elementos clave de una sociedad democrática. De esta manera, exhortó a los funcionarios estatales a ver a las personas defensoras de derechos humanos como aliadas y agentes de cambio.
El examen realizado por el Comité de Derechos Humanos y la visita del señor Gilmour demuestran dos cosas: En primer lugar, que por mucha demagogia y cerco mediático, el gobierno no puede tapar el sol con un dedo en materia de derechos humanos.
Y en segundo lugar, la importancia del diálogo y la participación efectiva de las personas y comunidades antes que las autoridades adopten decisiones que tienen un impacto en sus derechos, lo cual es una obligación que solo un auténtico Estado democrático de derecho cumple frente a su ciudadanía.
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