Las elecciones del domingo están dejando una nube peligrosa de certezas e incertidumbres en un país altamente polarizado.
Entre las certezas se encuentra la enorme irresponsabilidad del Tribunal Supremo Electoral al no brindar los resultados electorales en un tiempo prudente, tal como lo ha hecho en pasadas elecciones, a pesar de haber hecho alarde de contar con un sistema de conteo moderno y efectivo.
Este silencio institucional ha venido a aumentar la desconfianza ciudadana sobre el Tribunal, la cual, de acuerdo con el Sondeo de Opinión Pública del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación, ya alcanzaba el 77.1% de la población a finales de 2016.
Entre las incertidumbres se encuentra hasta dónde el grupo político y económico liderado por Juan Orlando Hernández estará dispuesto a aceptar el rechazo de su proyecto continuista y extractivo, pues quienes están perdiendo políticamente con la tendencia actual es el sector más poderoso del país.
Este sector parasita alrededor de los proyectos mineros, hidroeléctricos, de peaje y de las zonas de empleo y desarrollo económico (ZEDE), y durante 8 años de gobierno del Partido Nacional han logrado acumular un enorme poder político y económico.
Está claro que la incertidumbre en la que nos mantiene el Tribunal Supremo Electoral y lo que representa, nos llama a la imperiosa necesidad de acometer profundas reformas políticas que permitan reconstruir nuestro sistema electoral y despolitizar dicha institución.
Y también nos exige estar atentos y atentas para no permitir que los resultados electorales sean maliciosamente modificados para evitar que en esta ocasión el voto popular sea una manifestación concreta de la soberanía sobre nuestro futuro.
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