El gobierno de Barack Obama, principal aliado y defensor diplomático del gobierno de Lobo Sosa en la región, ha expresado mediante un comunicado su preocupación sobre la situación de los derechos humanos en Honduras, particularmente en lo que se refiere a los asesinatos de periodistas y otras personas opositoras al golpe de Estado.
A primera vista, esta declaración podría tomarse como una señal de que el gobierno estadounidense tomará medidas contundentes al respecto, sin embargo, conociendo los antecedentes de Washington y siguiendo con la lectura del comunicado en el que felicita a Lobo Sosa por promover la reconciliación nacional y restaurar el orden democrático y constitucional, sabemos que son simples palabras con las que Estados Unidos acostumbra a endulzar los oídos de una comunidad internacional sumisa mientras al mismo tiempo destina importantes recursos para fortalecer al ejército hondureño que es el principal violador de los derechos humanos.
Si verdaderamente el gobierno de Obama está preocupado por los derechos humanos en el país debería condicionar la ayuda económica y militar al ejército hondureño a que dicha institución sea depurada a través de la investigación y castigo a los responsables de las graves y sistemáticas violaciones a los derechos del pueblo hondureño.
Y ello implica la exigencia de destitución inmediata de Romeo Vásquez Velásquez de la gerencia de HONDUTEL y de otros militares golpistas de importantes y estratégicas instituciones del Estado.
Hasta ahora, de Washington sólo puede esperarse un doble discurso producto de su doble moral; no obstante, el gobierno estadounidense tiene ante sí una gran oportunidad para limpiar al menos algunas manchas de su deteriorada imagen en la región por su apoyo al golpe de Estado, y esa oportunidad pasa obligatoriamente por la adopción de medidas contundentes para lograr un alto a la represión sistemática y a la impunidad en Honduras.
Al menos, las declaraciones de preocupación de Obama deberían servir para que otros Estados como los que forman parte de la Unión Europea, condicionen el reconocimiento del gobierno de Lobo Sosa al irrestricto respeto a los derechos humanos de la población.
Y para ello se requiere una investigación efectiva y la sanción de todos los responsables para evitar que la impunidad permita la repetición de estos hechos que profundizan la crisis política y agravan la herida institucional, cultural, humana, económica y social que ha quedado abierta desde el 28 de junio del año pasado.
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