¿Incapaces o cómplices?

Después del golpe de Estado de 2009 se ha implementado una política agresiva de remilitarización de la vida pública en el país. Los militares controlan prácticamente todo, no solamente son los dueños y señores de la agenda de seguridad ciudadana, sino también tienen un enorme poder de facto que les da protagonismo en el manejo de los hilos de la política nacional.

La creciente presencia militar ha permeado hasta el sistema penitenciario bajo el argumento que el poder civil y policial es incapaz de resolver los graves problemas estructurales que aquejan a las cárceles hondureñas.

De esta manera, se nombró a un triunvirato de coroneles al frente de los centros penales en franca violación a lo establecido en la Ley del Sistema Penitenciario Nacional, las direcciones de los principales centros penales quedaron bajo la responsabilidad de las Fuerzas Armadas y se autorizó la creación de centros penales de carácter preventivo en instalaciones militares.

Todo ello en contravención de los estándares internacionales en la materia que exige que el personal encargado de la administración y seguridad interna de los centros penitenciarios esté integrado por funcionarios idóneos de carácter civil específicamente capacitado y destinado a tal efecto.

La fuga de 22 personas privadas de libertad pertenecientes a la mara 18 de la Penitenciaria Nacional “Marco Aurelio Soto” y el supuesto desconocimiento de la misma por parte de su director, el teniente coronel César Nájera, evidencia la incapacidad, negligencia o complicidad de los militares en estos hechos.

Este tipo de actos es similar a lo que sucede con el tráfico de droga. A los militares se les da la facultad de luchar contra el narcotráfico en el ámbito de la seguridad ciudadana pero ellos han sido incapaces o cómplices de evitar que la droga pase por las fronteras marítimas, áreas y terrestres.

Ahora se les da la autoridad para custodiar los centros penales y se fugan 22 personas que estaban bajo su custodia. Como lo señala Omar Rivera, miembro de la Comisión Depuradora, “esta fuga demuestra la incapacidad, negligencia, falta de valor para enfrentar el problema y que siembra dudas en las autoridades del sistema carcelario”.

Si el gobierno realmente tuviera voluntad para cambiar radicalmente la situación del sistema penitenciario, solo tendría que tomar en cuenta tres cuestiones.

Primero, las más de 85 recomendaciones formuladas por el Subcomité contra la Tortura de Naciones Unidas al Estado hondureño en enero de 2010.

Segundo, las recomendaciones hechas por la Comisión Interamericana en su informe de 2013 sobre la situación de las personas privadas de libertad en Honduras.

Tercero, los puntos resolutivos de la sentencia Pacheco Teruel y otros vs. Honduras dictada por la Corte Interamericana en 2012.