La advertencia de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras es contundente en relación con la grave situación que atraviesa el país: “Probablemente se deteriorará aún más, a menos que haya una verdadera rendición de cuentas por las violaciones de derechos humanos”.
El informe del Alto Comisionado y la declaración de fin de misión del Relator Especial de Naciones Unidas sobre personas defensoras de derechos humanos, Michel Forst, deberían ser suficientes para que se adopten medidas políticas, administrativas y penales en contra de los responsables de la violencia extrema debido al uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía Militar, el ejército y la Policía Nacional.
Tales acciones policiales y militares provocaron la muerte de manifestantes y transeúntes, así como detenciones y encarcelamientos masivos. Con excepción del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, desde el Estado de Honduras no ha habido condenas públicas contundentes ni compromisos para investigar y sancionar a los responsables.
En vez de perseguir a los jefes militares, civiles y policiales responsables de los crímenes cometidos por sus subordinados, quienes denunciamos estas graves violaciones enfrentamos, como lo señala el Relator Forst, situaciones de peligro, ataques, amenazas, criminalización y falta de acceso a la justicia, al igual que las víctimas directas.
La falta de investigación y sanción efectiva de quienes son responsables de los crímenes es una bofetada a las víctimas, pero este régimen además muestra su profundo desprecio hacia ellas cuando premia a los militares victimarios otorgándoles ascensos por sus servicios prestados a favor de mantener al dictador en el poder.
Es el caso de René Orlando Ponce Fonseca, jefe del Estado Mayor Conjunto, y de Raynel Enrique Fúnes Ponce, Comandante de la Fuerza de Seguridad Interinstitucional (FUSINA), cuyos ascensos al grado de general de división fueron aprobados por el Congreso Nacional y publicados en el Diario Oficial La Gaceta en marzo de este año.
Estos ascensos son una prueba clara de que el régimen no tiene voluntad política para castigar a los criminales y reparar a las víctimas. Pero también es un aviso para quienes, desde adentro o desde afuera, creen que pueden cambiar la naturaleza criminal de un régimen que solamente puede sobrevivir en la ilegalidad.
Fuente: Nuestra Palabra
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