El asesinato de Magdaleno Meza, el narcotraficante que entregó las narcolibretas que constituyeron una de las pruebas para condenar en Estados Unidos a otro narcotraficante, Tony Hernández, ratifica lo que es un secreto a voces: el narcotráfico controla las instituciones del Estado y existe una enorme complicidad con altos funcionarios civiles y militares de este régimen.
Aunque el presidente de facto, Juan Orlando Hernández, ha vendido la idea de que su régimen libra una lucha eficaz contra el crimen organizado, las declaraciones del Fiscal del Distrito Sur de Nueva York evidenciaron que Tony Hernández no pudo traficar cocaína a gran escala sin la cooperación de altas esferas del poder público en Honduras.
Parte del discurso oficial es que las cárceles de máxima seguridad son un dato que refleja ese compromiso del régimen contra la criminalidad y que son la solución para reducirla, ya que en ellas es imposible que puedan continuar delinquiendo y ordenando crímenes desde el interior como pasa en las otras cárceles del país.
Sin embargo, el asesinato de Magdaleno Meza no solo reafirma el fracaso del régimen en materia de sistema penitenciario, ya que no es un hecho aislado, pues hasta la fecha 11 personas privadas de libertad han sido asesinadas en las cárceles de máxima seguridad de El Pozo y La Tolva, sino que también ratifica para qué fueron construidas ese tipo de cárceles.
Edwin Espinal, Raúl Álvarez, Rommel Herrera y 7 defensores del Río Guapinol fueron enviados a La Tolva como si fueran peligrosos criminales. El narco Magdaleno Meza fue asesinado dentro de la misma cárcel. El mensaje es claro: las cárceles de máxima seguridad fueron construidas para vengarse y eliminar a quienes el régimen considera un peligro para sus intereses.
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