La semana pasada, Mauricio Oliva, presidente del Congreso Nacional, volvió a liderar un acto para otorgar impunidad a policías y militares violadores de derechos humanos. Junto con los diputados y diputadas de su partido y sus aliados, eliminaron el artículo 153 del nuevo Código Penal.
Este artículo establece la responsabilidad penal del superior jerárquico por los crímenes cometidos por sus subordinados. Es decir, gracias a esta norma se puede castigar a los altas jerarcas policiales y militares por las violaciones a derechos humanos cometidas por los agentes bajo su mando durante los años 80, el golpe de Estado y la crisis postelectoral.
Este es un principio que está reconocido en las normas internacionales de derechos humanos que Honduras ha aceptado. De acuerdo con la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, dichas normas son tan importantes que forman parte de la Constitución y, por tanto, están por encima del Código Penal y de cualquier otra ley.
Esto significa que, aunque el Congreso la eliminó del Código Penal, la responsabilidad de los altos mandos no desaparece porque se encuentra en la Constitución a través de las normas internacionales. En otras palabras, el Ministerio Público y el Poder Judicial siempre se encuentran obligados a investigarlos y sancionarlos cuando ocurran violaciones a derechos humanos.
Sin embargo, no podemos ignorar que esta decisión de Mauricio Oliva y sus compinches implica dos cuestiones: la primera, está enviando un mensaje a la sociedad hondureña de que no le importan las víctimas y que está dispuesto a proteger a los militares y policías que asesinan, torturan, violan y detienen ilegalmente.
La segunda, que está dispuesto a hacer incurrir al Estado en un incumplimiento de su obligación internacional de adaptar las leyes nacionales a los tratados de derechos humanos con tal de proteger a los criminales.
Nuevamente se presenta una oportunidad para que el Ministerio Público demuestre o no su independencia, pues quienes eliminaron el artículo 153 ya deberían estar siendo investigados y acusados por hacer incurrir al Estado en responsabilidad internacional y tratar de poner obstáculos en la lucha contra la impunidad.
Este artículo establece la responsabilidad penal del superior jerárquico por los crímenes cometidos por sus subordinados. Es decir, gracias a esta norma se puede castigar a los altas jerarcas policiales y militares por las violaciones a derechos humanos cometidas por los agentes bajo su mando durante los años 80, el golpe de Estado y la crisis postelectoral.
Este es un principio que está reconocido en las normas internacionales de derechos humanos que Honduras ha aceptado. De acuerdo con la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, dichas normas son tan importantes que forman parte de la Constitución y, por tanto, están por encima del Código Penal y de cualquier otra ley.
Esto significa que, aunque el Congreso la eliminó del Código Penal, la responsabilidad de los altos mandos no desaparece porque se encuentra en la Constitución a través de las normas internacionales. En otras palabras, el Ministerio Público y el Poder Judicial siempre se encuentran obligados a investigarlos y sancionarlos cuando ocurran violaciones a derechos humanos.
Sin embargo, no podemos ignorar que esta decisión de Mauricio Oliva y sus compinches implica dos cuestiones: la primera, está enviando un mensaje a la sociedad hondureña de que no le importan las víctimas y que está dispuesto a proteger a los militares y policías que asesinan, torturan, violan y detienen ilegalmente.
La segunda, que está dispuesto a hacer incurrir al Estado en un incumplimiento de su obligación internacional de adaptar las leyes nacionales a los tratados de derechos humanos con tal de proteger a los criminales.
Nuevamente se presenta una oportunidad para que el Ministerio Público demuestre o no su independencia, pues quienes eliminaron el artículo 153 ya deberían estar siendo investigados y acusados por hacer incurrir al Estado en responsabilidad internacional y tratar de poner obstáculos en la lucha contra la impunidad.
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