Red Morazánica de Información
Tegucigalpa. 16 junio 2010. Una oleada de asedio y de hostigamiento –mortal, en algún caso- han vivido, en los últimos días, varios integrantes del Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP) en Honduras, tiempo en el que soportaron ataques armados contra sus vehículos, intentos de secuestro, o de asesinato, según los propios denunciantes.
Las acometidas violentas, se han intensificado de manera consecutiva, una tras otra, entre el 10 y el 15 de junio, en que ocurrieron, al menos reportadas, dos en un mismo día, el jueves 10 y el sábado 12 de junio de 2010. Todas las víctimas habían sufrido, antes, amenaza verbal, vía celular, y actos intimidatorios diversos.
El patrón de los hechos sugiere una acción sistemática de cuerpos especiales. El presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos (Codeh), Andrés Pavón, aseguró que en Honduras hay una “colombianización” [comparativo del tipo de violencia en Colombia] promovida por grupos para-empresariales.
Dijo que en los casos de Carolina Pineda y Luis Baquedano, podría haberse “instalado un chip” en sus carros para monitorear el movimiento vehicular y perseguirlos. Y que, en el Codeh, “tenemos plenamente identificados a quienes han agredido a colaboradores” de esa organización.
Fue contundente al afirmar que el “Secretario de Seguridad está controlado por el crimen organizado”, y es apoyada con “dinero de gobiernos como España”. Ayer entregó 45 millones de lempiras para proyecto locales de seguridad, en las alcadías y ONGs, con un costo de hasta 300 mil cada uno, según Gobernación y Justicia.
El martes 15 de junio, en la noche, el exministro del presidente exilado, Manuel Zelaya, en el Programa Nacional de Desarrollo Rural Sostenible (Pronaders), Luis Rolando Valenzuela Ulloa, fue asesinado, en un restaurante de San Pedro Sula, por al empresario, Carlos Alberto Yacamán Meza, fugitivo, según vocero policial.
Valenzuela, era miembro activo de Liberales en Resistencia, amigo personal y colaborador del presidente Zelaya. A pesar de que la Policia ve este, y demás asesinatos, como no politicos, y que intentó ocultar el nombre del hechor, la DGIC ya investigaba a Yacamán por “homicidio y amenazas” y lo vincula a “situaciones complicadas por actividades ilícitas”, reveló otro policía.
El lunes 14 de junio de 2010, temprano en la mañana, Sergio Armando Rivera Martínez, docente, y vicepresidente del Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación para las Víctimas de la Torturas y sus Familiares (CPTRT), sufrió un intento de detención arbitraria por un hombre y una mujer, guardias del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), mientras él intentaba transportar al paciente, Oscar Armando Padilla, hasta el Hospital Escuela.
Rivera, denunció ante el Observatorio Ecuménico de DH del CLAI, que una policía, traída por los dos agentes de seguridad del IHSS, intentó detenerlo después de que afirmará, a la pregunta de esa policial, que si él era de la Resistencia. La agente pretendía obligarlo a “acompañarla”, sin ninguna causa, por lo que Rivera dio de gritos, para alarmar que intentaban llevarlo quien sabe dónde.
Lo que provocó que el grupo de seguridad que lo acechaba fuera a llamar a otro policía, quien no portaba la placa de su nombre, y le anunció que estaba detenido. Y al intentar aproximársele para “reducirme a la impotencia”, una mujer desconocida pidió a los policías que se retiraran porque perturbaban la paz del hospital. Otro policía, desde la entrada, “llamó a los que intentaban secuestrarme para que se fueran”, relató.
El domingo 13 de junio, desapareció el joven taxista, Oslin Obando Cáceres. Sus familiares perdieron contacto con él desde las 4:30 de la tarde, y su taxi fue hallado dos horas después, abandonado en Los Cedros. La familia teme por la vida de Oslin, pues hace tres semanas un hombre amenazó a muerte al padre de éste, Eliodoro Cáceres, coordinador del FNRP, en Tela, Atlántida, denunció al Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh).
El sábado 12 de junio, Ruy Díaz, de la coordinación del FNRP; junto a Germán Zepeda, presidente de la Coordinadora de Sindicatos Bananeros de Honduras (Cosibah); y, a Héctor García, de la Resistencia de Choloma, Cortés, fueron detenidos por la Policía, bajo el cargo de "pintas prohibidas", cuando participaban de una asamblea nacional del Frente, en Siguatepeque.
El mismo sábado 12 de Junio, por la noche, el fiscal de la Confederación Unitaria de Trabajadores (CUTH) y dirigente del FNRP, José Luís Baquedano, fue interceptado por un microbús gris de vidrios polarizados, y hombres armados con pistola, dispararon, desde dentro, contra el vehículo en el que iban: Baquedano, quien logró huir, un hijo, una hija y tres nietos. Nadie salió herido.
Antes, lo persiguieron un tiempo, desde la vivienda de él, hasta las cercanías de un centro comercial. Después, fue detenido por la Policía, acusado de haber sido él quien disparó, lo que favoreció fugarse a los agresores. Declaró haber sido amenazado por teléfono y su casa es vigilada por extraños.
El jueves 10 de junio, por la tarde, Porfirio Ponce, coordinador departamental del FNRP, y vicepresidente del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Bebida y Similares (STIBYS), fue embestido por dos hombres que se bajaron de un vehículo al detenerse en un semáforo, hicieron 42 disparos contra el carro en el que viajaban: Ponce, el padre de éste, de igual nombre, y su esposa, Griselda Ponce.
En el ataque, mataron a quien conducía, Oscar Molina, cuñado de Porfirio Ponce, y fueron heridos el padre y la esposa de este último.
El mismo 10 de junio, pasadas las seis de la mañana, la fiscal de la Directiva Central del Colegio de Profesores de Educación Media de Honduras (Copemh), Carolina Pineda, huyó a salvo luego de que cuatro encapuchados intentaran secuestrarla cuando ella se dirigía a Comayagua a la altura del desvió a La Paz.
Los asechadores se bajaron de un carro negro, doble cabina, sin placas, que se detuvo a la par del microbús que ella conducía, se fueron y regresaron, desde donde hicieron ráfagas al aire por dos veces, según denunció el presidente del Copemh, Jaime Rodríguez.
Además, el martes 01 de junio, pasadas las tres de la tarde, el dirigente del FNRP, Juan Ramón Flores, de ciudad Comayagua, fue secuestrado en la proximidad de Siguatepeque, por seis encapuchados armados a bordo de un vehículo, cuatro permanecieron dentro y dos se bajaron, lo encañonaron y se lo llevaron. Dejaron amarradas a 14 personas en el taller de donde lo sustrajeron.
Reveló que por cinco horas lo tuvieron arrodillado, manos a la cabeza, en tanto le apuntaban con pistola, y supone querían matarlo. Logró escapar, reveló el Codeh.
Flores, quien fue candidato a diputado del Partido Liberal por Comayagua, afirmó que los secuestradores eran militares y policías y uno de ellos se identificó como agente de la Dirección Nacional de Investigación Criminal (DNIC), mientras pasaban por retenes policiales.
De acuerdo a Luis Baquedano, varios dirigentes del Stibys y del Copemh fueron amenazados a muerte y atentados contra su vida. El 28 de mayo de 2010, Carlos H. Reyes, miembro conductor del FNRP, reveló amenazas de muerte contra él.
jueves, 17 de junio de 2010
Denunciarán a Lobo ante la Corte Penal Internacional por ignorar asesinatos de periodistas en Honduras
Fuente: TeleSUR
La Organización de Periodista Iberoamericanos (OPI) fundada en la isla de Margarita en 1997, anunció este miércoles que denunciará al Gobierno hondureño de Porfirio Lobo por los ya nueve asesinatos a periodistas que se han cometido en la nación centroamericana. Por su parte la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó en la ciudad de Washington el reciente asesinato del director del canal 19 de Honduras, Luis Arturo Mondragón.
La Organización de Periodistas Iberoamericanos (OPI) sostuvo este miércoles que denunciará ante el Tribunal Penal Internacional y otros organismos internacionales al cuestionado gobernante de Honduras, Porfirio Lobo por ignorar los múltiples asesinatos a periodistas que se han perpetrado en Honduras y que suman nueve en lo que va del 2010.
En un comunicado emitido por el gremio, expresaron que el Gobierno actual ha demostrado un total desprecio por los derechos humanos y la libertad de los ciudadanos, particularmente la de los profesionales del periodismo.
Adicionalmente a los crímenes cometidos en contra de los comunicadores sociales, también existen denuncias por el asesinato de más de 50 abogados, políticos, empresarios y gente del pueblo a manos de bandas armadas que, presuntamente trabajan para el Estado.
Esta cantidad de fallecidos son contabilizados a partir del Golpe de Estado llevado a cabo contra del presidente Manuel Zelaya en junio de 2009, indicó el texto.
El documento de la OPI fue suscrito por el presidente del organismo, el venezolano, Álvaro Julio Martínez, quien aprovechó para instar a la comunidad internacional a que intervengan para que acaben estos asesinatos y se respeten los derechos de aquellos que sólo han cumplido con el deber de informar.
Hago un "llamado de urgencia a la comunidad internacional para que cesen estos asesinatos y se respeten los derechos de quienes no han hecho sino trabajar por el sagrado derecho de defender las instituciones y las tradiciones democráticas", afirmó.
La OPI fue fundada en 1997 durante la VII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno efectuada en la isla de Margarita a la cual asistieron 37 países.
Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó en Washington el asesinato del periodista Mondragón y exigió al Gobierno de Lobo que tomara medidas para cambiar la situación de indefensión de la prensa hodureña.
La semana pasada el director de Canal 19, Luis Arturo Mondragón, fue asesinado en horas de la noche por un grupo de desconocidos que le dispararon desde un vehículo en movimiento en la ciudad del Paraíso.
Mondragón había hecho varias denuncias de amenazas por cuestionar la labor de varios funcionarios locales y diputados a quienes acusaba de corrupción
el director del canal 19 es el noveno periodista que es asesinado luego de que le pasado 18 de febrero asesinaran a Nicolás Asfura, de 42 años de edad quien fuera atado de pies y manos en la bañera de su vivienda.
Posteriormente, el 1 de marzo, el comunicador social, Joseph Hernández Ochoa, de 26 años fue ultimado mientras iba en su vehículo y el 11 de ese mismo mes, David Meza, de 51 años de edad fue acribillado.
El 14 de marzo se le dio muerte a Nahum Palacios Arteaga, de 34 años cuando también se desplazaba en su carro.
miércoles, 16 de junio de 2010
Relatoría Especial manifiesta preocupación por el nuevo asesinato de un periodista en Honduras y por la grave situación de indefensión de la prensa
COMUNICADO DE PRENSA Nº R62/10
Washington D.C., 16 de junio de 2010 - La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena el asesinato del periodista Luis Arturo Mondragón, el pasado martes 14 de junio de 2010 en la ciudad de El Paraíso, Honduras. Este crimen constituye el séptimo asesinato de un periodista en ese país en el 2010 y con él se pone de presente, nuevamente, la grave situación de indefensión y vulnerabilidad de la prensa en Honduras. La Relatoría Especial exhorta de manera urgente al Estado a adoptar todas las medidas necesarias para prevenir estos crímenes, proteger a los periodistas en riesgo y avanzar de manera pronta y decidida en las investigaciones correspondientes.
Según la información recibida, Mondragón recibió cuatro impactos de bala, al salir de las oficinas de la televisora de cable Canal 19, en la cual, además de ser el director de noticias, tenía un programa en el que informaba, entre otras cosas, sobre corrupción, crímenes y problemas ambientales. El periodista murió en el lugar de los hechos, como consecuencia de los disparos recibidos.
De acuerdo con la información recibida, durante los últimos dos años, Mondragón había sido constantemente amenazado a través de llamadas anónimas.
El homicidio de Mondragón es el séptimo asesinato de un periodista en lo que va corrido del 2010 en Honduras. El 1 de marzo de 2010 fue asesinado Joseph Hernández Ochoa, periodista del canal 51 de Tegucigalpa. El 11 de marzo de 2010 fue asesinado David Meza Montesinos, periodista del Canal 10 y de las Radios América y El Patio de la ciudad de La Ceiba. El 14 de marzo de 2010 fue asesinado en la ciudad de Tocoa el periodista Nahúm Palacios, director de noticias de la Televisora Canal 5 del Aguán. El 26 de marzo de 2010 fueron asesinados los periodistas del Canal 4 R.Z. Televisión y Radio Excélsior Bayardo Mairena y Manuel Juárez, quienes se encontraban en la carretera cercana a la ciudad de Juticalpa en el departamento de Olancho. El 20 de abril de 2010 fue asesinado Jorge Alberto (Georgino) Orellana, periodista del canal Televisión de Honduras.
La Relatoría Especial reitera su profunda preocupación por la gravísima situación que viven los periodistas hondureños y por el hecho de que aún no se conozca resultado alguno de las investigaciones, ni si los asesinatos tienen relación con la práctica de su profesión como periodistas. La Relatoría Especial urge al Estado a investigar los casos de manera eficiente y diligente, a través de cuerpos técnicos especializados, y a que capture y sancione adecuadamente a todos los responsables de estos crímenes.
La Relatoría Especial recuerda al Estado que el principio 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH señala: "El asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada".
Para más información sobre la Relatoría Especial: http://www.cidh.org/Relatoria/index.asp?lID=2
Washington D.C., 16 de junio de 2010 - La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena el asesinato del periodista Luis Arturo Mondragón, el pasado martes 14 de junio de 2010 en la ciudad de El Paraíso, Honduras. Este crimen constituye el séptimo asesinato de un periodista en ese país en el 2010 y con él se pone de presente, nuevamente, la grave situación de indefensión y vulnerabilidad de la prensa en Honduras. La Relatoría Especial exhorta de manera urgente al Estado a adoptar todas las medidas necesarias para prevenir estos crímenes, proteger a los periodistas en riesgo y avanzar de manera pronta y decidida en las investigaciones correspondientes.
Según la información recibida, Mondragón recibió cuatro impactos de bala, al salir de las oficinas de la televisora de cable Canal 19, en la cual, además de ser el director de noticias, tenía un programa en el que informaba, entre otras cosas, sobre corrupción, crímenes y problemas ambientales. El periodista murió en el lugar de los hechos, como consecuencia de los disparos recibidos.
De acuerdo con la información recibida, durante los últimos dos años, Mondragón había sido constantemente amenazado a través de llamadas anónimas.
El homicidio de Mondragón es el séptimo asesinato de un periodista en lo que va corrido del 2010 en Honduras. El 1 de marzo de 2010 fue asesinado Joseph Hernández Ochoa, periodista del canal 51 de Tegucigalpa. El 11 de marzo de 2010 fue asesinado David Meza Montesinos, periodista del Canal 10 y de las Radios América y El Patio de la ciudad de La Ceiba. El 14 de marzo de 2010 fue asesinado en la ciudad de Tocoa el periodista Nahúm Palacios, director de noticias de la Televisora Canal 5 del Aguán. El 26 de marzo de 2010 fueron asesinados los periodistas del Canal 4 R.Z. Televisión y Radio Excélsior Bayardo Mairena y Manuel Juárez, quienes se encontraban en la carretera cercana a la ciudad de Juticalpa en el departamento de Olancho. El 20 de abril de 2010 fue asesinado Jorge Alberto (Georgino) Orellana, periodista del canal Televisión de Honduras.
La Relatoría Especial reitera su profunda preocupación por la gravísima situación que viven los periodistas hondureños y por el hecho de que aún no se conozca resultado alguno de las investigaciones, ni si los asesinatos tienen relación con la práctica de su profesión como periodistas. La Relatoría Especial urge al Estado a investigar los casos de manera eficiente y diligente, a través de cuerpos técnicos especializados, y a que capture y sancione adecuadamente a todos los responsables de estos crímenes.
La Relatoría Especial recuerda al Estado que el principio 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH señala: "El asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada".
Para más información sobre la Relatoría Especial: http://www.cidh.org/Relatoria/index.asp?lID=2
martes, 15 de junio de 2010
Asesinan a otro periodista hondureño
TEGUCIGALPA - Un sicario mató al periodista Luis Arturo Mondragón Morazán, de 53 años a 9:40 de la noche de este lunes frente a su estación, 19 Paraíso TV en El Paraíso, departamento de El Paraíso.
Según parientes del difunto, el comunicador social estaba parado frente a su estación de televisión, de la cual era propietario y mientras hablaba por teléfono con uno de sus hijos, el sicario se le acercó y le infirió dos balazos por la espalda, quitándole la vida al instante.
Los familiares desconocen el móvil del crimen, pero no descartan que el origen sea por las constantes denuncias que Mondragon Morazán, hizo contra la corrupción, tala de bosques, narcotráfico, y crimen organizado.
Con la muerte de Mondragón son ocho los periodistas asesinados en este año sin que al momento haya alguien preso por estas muertes.
Fuente: http://www.tiempo.hn/web2/secciones/portada/17882-matan-a-otro-periodista-esta-vez-en-el-paraiso.html
Según parientes del difunto, el comunicador social estaba parado frente a su estación de televisión, de la cual era propietario y mientras hablaba por teléfono con uno de sus hijos, el sicario se le acercó y le infirió dos balazos por la espalda, quitándole la vida al instante.
Los familiares desconocen el móvil del crimen, pero no descartan que el origen sea por las constantes denuncias que Mondragon Morazán, hizo contra la corrupción, tala de bosques, narcotráfico, y crimen organizado.
Con la muerte de Mondragón son ocho los periodistas asesinados en este año sin que al momento haya alguien preso por estas muertes.
Fuente: http://www.tiempo.hn/web2/secciones/portada/17882-matan-a-otro-periodista-esta-vez-en-el-paraiso.html
El abismo entre las palabras y los hechos del gobierno de Lobo Sosa
Por mucho que el gobierno de Pepe Lobo y el de Estados Unidos intenten convencer a la comunidad internacional de que el primero ha tomado medidas significativas para reconciliar a la sociedad hondureña y superar definitivamente la crisis generada por el golpe de Estado, la realidad contradice sus afirmaciones y ratifica que las estructuras golpistas siguen intactas y con mucho poder de decisión.
Por ejemplo, Lobo Sosa habla de búsqueda de la verdad pero al mismo tiempo establece una comisión ignorando la opinión de las víctimas, garantizando la ocultación de la información por 10 años y evadiendo la posibilidad de que se establezcan responsabilidades de las personas involucradas en el golpe de Estado y en las violaciones a los derechos humanos.
Lobo Sosa habla de que su gobierno no tiene nada que ver con el rompimiento constitucional pero al mismo tiempo el Congreso Nacional dominado por una mayoría de su partido, asciende a los militares que participaron y planearon el golpe de Estado; y a su vez, él personalmente nombra a estos militares como máximos responsables de algunas instituciones claves del Estado.
Lobo Sosa habla de que su gobierno está comprometido con la defensa de los derechos pero la policía y el ejército no han sido depurados, la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público y el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos siguen controlados por quienes formaron parte activa en el golpe de Estado y avalaron las masivas y sistemáticas violaciones a los derechos humanos.
Al mismo tiempo, de acuerdo con el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), se han registrado 707 casos de agresiones por razones políticas en el gobierno de Porfirio Lobo Sosa, entre ellas, 12 asesinatos por razones políticas, 6 asesinatos de periodistas, 2 atentados, 63 amenazas a muerte, 76 persecuciones e intimidaciones, 2 agresiones sexuales, 53 detenciones, 10 casos de tortura, 2 secuestros, 58 detenciones ilegales, 18 allanamientos.
Con este panorama, será muy difícil que Lobo Sosa bajo el padrinazgo de Estados Unidos pueda convencer a toda la comunidad internacional de que su gobierno merece el reconocimiento tan ansiado, pues la realidad ratifica que la violencia contra el pueblo hondureño sigue tan activa como en los peores días de gobierno de facto de Micheletti y Romeo Vásquez.
Por ejemplo, Lobo Sosa habla de búsqueda de la verdad pero al mismo tiempo establece una comisión ignorando la opinión de las víctimas, garantizando la ocultación de la información por 10 años y evadiendo la posibilidad de que se establezcan responsabilidades de las personas involucradas en el golpe de Estado y en las violaciones a los derechos humanos.
Lobo Sosa habla de que su gobierno no tiene nada que ver con el rompimiento constitucional pero al mismo tiempo el Congreso Nacional dominado por una mayoría de su partido, asciende a los militares que participaron y planearon el golpe de Estado; y a su vez, él personalmente nombra a estos militares como máximos responsables de algunas instituciones claves del Estado.
Lobo Sosa habla de que su gobierno está comprometido con la defensa de los derechos pero la policía y el ejército no han sido depurados, la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público y el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos siguen controlados por quienes formaron parte activa en el golpe de Estado y avalaron las masivas y sistemáticas violaciones a los derechos humanos.
Al mismo tiempo, de acuerdo con el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), se han registrado 707 casos de agresiones por razones políticas en el gobierno de Porfirio Lobo Sosa, entre ellas, 12 asesinatos por razones políticas, 6 asesinatos de periodistas, 2 atentados, 63 amenazas a muerte, 76 persecuciones e intimidaciones, 2 agresiones sexuales, 53 detenciones, 10 casos de tortura, 2 secuestros, 58 detenciones ilegales, 18 allanamientos.
Con este panorama, será muy difícil que Lobo Sosa bajo el padrinazgo de Estados Unidos pueda convencer a toda la comunidad internacional de que su gobierno merece el reconocimiento tan ansiado, pues la realidad ratifica que la violencia contra el pueblo hondureño sigue tan activa como en los peores días de gobierno de facto de Micheletti y Romeo Vásquez.
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