Por mucho que el gobierno de Pepe Lobo y el de Estados Unidos intenten convencer a la comunidad internacional de que el primero ha tomado medidas significativas para reconciliar a la sociedad hondureña y superar definitivamente la crisis generada por el golpe de Estado, la realidad contradice sus afirmaciones y ratifica que las estructuras golpistas siguen intactas y con mucho poder de decisión.
Por ejemplo, Lobo Sosa habla de búsqueda de la verdad pero al mismo tiempo establece una comisión ignorando la opinión de las víctimas, garantizando la ocultación de la información por 10 años y evadiendo la posibilidad de que se establezcan responsabilidades de las personas involucradas en el golpe de Estado y en las violaciones a los derechos humanos.
Lobo Sosa habla de que su gobierno no tiene nada que ver con el rompimiento constitucional pero al mismo tiempo el Congreso Nacional dominado por una mayoría de su partido, asciende a los militares que participaron y planearon el golpe de Estado; y a su vez, él personalmente nombra a estos militares como máximos responsables de algunas instituciones claves del Estado.
Lobo Sosa habla de que su gobierno está comprometido con la defensa de los derechos pero la policía y el ejército no han sido depurados, la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público y el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos siguen controlados por quienes formaron parte activa en el golpe de Estado y avalaron las masivas y sistemáticas violaciones a los derechos humanos.
Al mismo tiempo, de acuerdo con el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), se han registrado 707 casos de agresiones por razones políticas en el gobierno de Porfirio Lobo Sosa, entre ellas, 12 asesinatos por razones políticas, 6 asesinatos de periodistas, 2 atentados, 63 amenazas a muerte, 76 persecuciones e intimidaciones, 2 agresiones sexuales, 53 detenciones, 10 casos de tortura, 2 secuestros, 58 detenciones ilegales, 18 allanamientos.
Con este panorama, será muy difícil que Lobo Sosa bajo el padrinazgo de Estados Unidos pueda convencer a toda la comunidad internacional de que su gobierno merece el reconocimiento tan ansiado, pues la realidad ratifica que la violencia contra el pueblo hondureño sigue tan activa como en los peores días de gobierno de facto de Micheletti y Romeo Vásquez.
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