A un año de ejecutarse el golpe de Estado en Honduras las voces de la solidaridad internacional se han dejado escuchar para exigir un alto a las violaciones a los derechos humanos y el fin de la impunidad de sus actores materiales e intelectuales.
Reporteros sin Fronteras, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y el Comité por la Libre Expresión señalan en un comunicado conjunto que el rompimiento del orden constitucional representa uno de los mayores fracasos de las libertades fundamentales en el país y que el régimen de Lobo Sosa pasará a la historia como el gobierno durante el cual han sido asesinados ocho periodistas entre marzo y junio de este año.
Por su parte, 27 congresistas estadounidenses enviaron una carta a la Secretaria del Departamento de Estado de Estados Unidos, Hilary Clinton, en la que manifiestan su preocupación por la violencia política e inseguridad que se vive en Honduras, razón por la cual no es admisible que el gobierno estadounidense le dé un apoyo adicional al régimen de Lobo Sosa sin que exista un informe fiable sobre la situación de los derechos humanos.
A su vez, un número importante de redes de la sociedad civil europea, latinoamericana e internacional dirigieron una carta a la responsable de la política Exterior de la Unión Europea en la que demandan un compromiso proactivo para el restablecimiento de la democracia y el Estado de derecho, lo cual sólo puede lograrse mediante la depuración de los poderes públicos, la superación de las violaciones a los derechos humanos y de la impunidad, y el respeto a los derechos de verdad, justicia y reparación para las víctimas.
Finalmente, esta semana llegaron a Honduras Luis Carlos Nieto de España, Craig Scott de Canadá, Nora Cortiñas de Argentina, Elsy Monge de Ecuador; Mirna Perla de El Salvador y Francisco Aguilar de Costa Rica, quienes son especialistas en investigación en violaciones de derechos humanos y que forman parte de la Comisión de la Verdad alternativa impulsada por la Plataforma de Derechos Humanos con el aval de las víctimas y del Frente Nacional de Resistencia Popular.
A diferencia de los miembros de la Comisión oficialista, los comisionados de esta Comisión de la Verdad tienen un alto grado de compromiso con los derechos humanos, lo cual se refleja en que realizarán su trabajo ad honoren, sin salario ni estipendios, sólo impulsados por la esperanza de asegurar que las víctimas conozcan qué pasó y vean sancionados a los responsables de las violaciones a sus derechos.
Para lograrlo, cuentan con el apoyo de todo un pueblo en resistencia y de la solidaridad internacional de personas, organizaciones y algunos gobiernos que tienen claro que en Honduras no puede haber borrón y cuenta nueva, y que la reconciliación obligadamente pasa por el conocimiento de la verdad y el castigo a los criminales que, sin lograrlo, quisieron robarnos la esperanza de una nueva Honduras.
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