Reporteros sin Fronteras
Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC)
Comité por la libre expresión (C-Libre)
Comunicado de prensa
28 de junio de 2010
Honduras
Reporteros sin Fronteras, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias
(AMARC) y el Comité por la libre expresión (C-Libre) han decidido
pronunciarse juntos, un año después del golpe de Estado del 28 de junio de
2009. Este acontecimiento ha marcado probablemente uno de los más
vertiginosos fracasos de las libertades fundamentales en un país – en
particular la de informar y ser informado – hasta el punto de hacerlo caer
al peor rango mundial para la libertad de los periodistas.
Destacan dos principales períodos en estos acontecimientos. El primero –
que va del derrocamiento de Manuel Zelaya por el ejército hasta la
investidura de Porfirio Lobo Sosa, el pasado 27 de enero – se ha
caracterizado a nivel mediático por actos de censura, sabotajes,
brutalidades y militarizaciones de medios de comunicación conocidos por su
línea de oposición al golpe. Fue el caso de la cadena Canal 36 Cholusat,
Radio Globo, Radio Progreso, Radio Uno así como de medios comunitarios
como la radio garífuna Faluma Bimetu (Radio Coco Dulce), devastada por un
incendio criminal, el pasado 6 de enero y en cuya reconstrucción
participaron nuestras tres organizaciones. La censura y el sabotaje
también afectaron a la prensa extranjera desde las primeras horas del
golpe de Estado, y medios tan distintos como CNN Español o Telesur, de los
que una decena de periodistas resultaron expulsados del país.
El segundo período, post-golpe de Estado, va de la última investidura
presidencial a este primer “aniversario”, y se distingue sobre todo por el
asesinato de ocho profesionales de los medios de comunicación desde marzo
a junio de 2010:
-Joseph Ochoa, cadena Canal 51, 1 de marzo
-David Meza Montesinos, cadena Abriendo Brecha y radio El Patio, 11 de
marzo
-Nahúm Palacios, cadena Televisora de Aguán – Canal 5, 14 de marzo
-Bayardo Mairena, cadena Canal 4, 26 de marzo
-Manuel Juárez, Radio Excélsior, 26 de marzo
-Luis Antonio Chévez, emisora W 105, 11 de abril de 2010 (locutor)
-Georgino Orellana, Televisión de Honduras, 20 de abril
-Luis Arturo Mondragón, cadena Canal 19, 14 de junio
Se añaden a esta lista defensores de derechos humanos, como Walter
Tróchez, secuestrado y asesinado en el mes de diciembre. Es posible que
todos estos asesinatos no estén relacionados con la violencia política que
afecta al país desde hace un año. Pero no justifica en ningún caso la
actitud de las autoridades que consiste en excluir sistemáticamente, y a
priori, cualquier relación entre estos dramas y dicha violencia. No
obstante, Nahúm Palacios Arteaga denunció frecuentes persecuciones por
parte del ejército del que era víctima antes de que lo matasen. Georgino
Orellana se expuso personalmente al abandonar por razones editoriales sus
anteriores redacciones de La Prensa y Televicentro, dos medios de
comunicación favorables al golpe de Estado. Joseph Ochoa, por su parte,
fue blanco de un atentado destinado a su compañera de la cadena Canal 8,
Karol Cabrera, por apoyo al golpe de Estado, refugiada desde entonces en
Canadá.
¿Cómo negar la constancia de la violencia política contra los medios de
comunicación tras el increíble asalto llevado a cabo, el pasado 3 de
junio, por militares y policías contra la recién creada radio comunitaria
La Voz de Zacate Grande, voz de una comunidad rural en conflicto con el
magnate de la agroindustria Miguel Facussé? ¿Cómo interpretar la
nominación al mando de la empresa pública de telecomunicaciones Hondutel,
el 8 de marzo, del general retirado Romeo Vásquez Velásquez, instaurador
de la censura justo después del golpe de Estado? ¿Cómo entender el
silencio de las autoridades tras dos conminaciones de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos a favor de la protección física de los
periodistas de Radio Progreso y de su director, Ismael Moreno, amenazados
de muerte?
De la voluntad de las autoridades actuales en responder de manera concreta
a esta situación depende la reintegración de Honduras en la Organización
de los Estados Americanos, suspendida de la misma desde de hace un año.
Hasta ahora solo han confirmado la lógica nacida del golpe de Estado.
En su ámbito de competencias, nuestras organizaciones demandan:
-La instalación de una Comisión Interamericana de Derechos Humanos
permanente para Honduras, en tanto no se dé una mejoría notable del
ejercicio de la libertad de expresión
-Que una comisión de investigación civil independiente constituida con el
apoyo de la OEA pueda ejercer sin impedimentos un poder de observación
sobre las investigaciones relativas a los asesinatos y agresiones a los
periodistas cometidos durante el primer semestre del año 2010, así como a
la verificación del cumplimiento de las medidas cautelares otorgadas a los
comunicadores y medios de comunicación.
-Que esta labor dé lugar a la creación de auténticos mecanismos de
protección a favor de los profesionales de los medios de comunicación y de
investigaciones que den los responsables y terminen con la impunidad en
que se encuentran los asesinatos y agresiones en contra de periodistas y
medios de comunicación.
-Que se registren y restituyan los equipamientos de los medios de
comunicación víctimas de una ocupación militar desde el 28 de junio de
2009 en base de criterios democráticos que garanticen la pluralidad y la
diversidad informativa para los sectores comercial, público y comunitario.
-Que se realice un recuento de las frecuencias audiovisuales junto con una
reestructuración de su sistema de atribución.
-Que la legislación hondureña en materia de acceso a la información, de
delitos de libertad de expresión, de diversidad de los medios de
comunicación y de pluralismo se adapte cuanto antes a las normas jurídicas
internacionales y a los marcos de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos.
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