¿Hacia dónde va Honduras?

Por: Padre Ismael Moreno, sj.

1. Continuidad de los dinamismos del golpe de Estado

La propuesta de gobierno que encabeza Porfirio Lobo Sosa tiene en su interior todos los dinamismos desestabilizadores presentes en el golpe de Estado del 28 de junio del año 2009. En lugar de ruptura hay continuidad, por mucho que se quiera hacer ver lo contrario, o del desmarcaje que el gobernante se esfuerza en establecer en relación con el régimen golpista que culminó el 27 de enero del 2010.

Los signos apuntan a mayor inestabilidad, como ocurre con la denuncia sobre un complot para defenestrarlo que hizo pública el propio Lobo Sosa antes de salir hacia Sudáfrica a dar su respaldo a la Selección Nacional en su participación en la copa mundial de fútbol. Hoy más que nunca, el poder del Estado ha dejado de residir en Casa Presidencial, y la reducida cuota reservada para el Ejecutivo no llega a ser suficiente para negociar decisiones políticas fundamentales del país. El deslizamiento del poder en Honduras resulta evidente. El Estado más que ser concentrador, es referente o argumento de un poder que se ha deslizado hacia otros escenarios. En el momento más agudo del conflicto en la región del Aguán, por ejemplo, el empresario Miguel Facussé logró desplazar hacia allí al ejército, la naval, y hasta la fuerza aérea y la policía para hacer sentir quién tiene el poder al momento de las negociaciones entre los agroindustriales y las organizaciones campesinas. El principal poder en el país reside actualmente en sectores empresariales y políticos que lo ejercen a través de mecanismos e instancias no formales, y capitalizan a su favor la institucionalidad formal del Estado; es decir, las principales decisiones políticas y económicas que actualmente se implementan no pasan necesariamente por los partidos políticos o los gremios empresariales ni menos por las instancias oficiales del Estado. Un golpe decisivo del golpe de Estado fue haber reducido a escombros una institucionalidad que ya estaba en situación precaria, y consiguientemente, haber dado carta de ciudadanía a los poderes fácticos, los cuales hoy conservan su propio espacio de poder, el cual lo defienden y lo ejercen sobre la sociedad a través de los únicos factores que en la actual inestabilidad resultan convincentes: la violencia y muerte.

Esos poderes -Ejecutivo, Legislativo y Judicial-- que formalmente oímos decir que configuran el Estado de Derecho, cada grupo de poder los utiliza para sus “fincas” particulares, que en los hechos se han convertido en pequeños gobiernos, con cuotas importantes de autonomía. Un ejemplo, el sábado cinco de junio, a pocos minutos de las cinco de la mañana, un accidente de tránsito en la ciudad de El Progreso, en el valle de Sula, en el norte hondureño, dejó como saldo un muerto y tres heridos muy graves. Un accidente más, de esos que ocurren en nuestras ciudades, con frecuencia con tan pocas señalizaciones. La diferencia es que el provocador del accidente venía muy borracho –previsiblemente drogado--, había salido de un lugar de exclusivo servicio de bebidas alcohólicas, iba a exceso de velocidad y antes de provocar el accidente, ya había irrespetado dos señales de alto. Resulta que la ley estableció que el accidente fue provocado por otra persona distinta a la que venía conduciendo, que el vehículo propiedad del Estado, estaba cumpliendo su misión de hacer rondas, y el muerto y los heridos ocurrieron como resultado de sus propias irresponsabilidades. El hecho quedó irremediablemente en el olvidó. Los familiares de las víctimas no pueden hablar. Y Nadie tiene capacidad para hacer valer otra verdad que la oficial, porque la policía –poder Ejecutivo—los diputados del departamento –poder legislativo—y los jueces –poder judicial—ya dieron su veredicto inapelable. Y la razón es muy sencilla: el motorista y el provocador del accidente tiene un nombre: Aldo Micheletti, hijo de Roberto Micheletti Baín, quien por sí mismo, conserva una cuota de poder que le permite garantizar una vida en impunidad para él, los suyos y sus allegados.

En este marco de lectura es en el que habría que situar y explicar el asesinato de nueve comunicadores sociales en un tiempo tan corto, no conocido en otras experiencias o contextos de violencia, ni siquiera en la realidad colombiana o del Medio Oriente. Estos asesinatos no tienen como patrón común el factor político contestatario al golpe de Estado, sino una libertad de expresión sometida a los caprichos de tantos poderes dispersos y cada uno con capacidad para tomar decisiones con un grado importante de autonomía. En el actual contexto hondureño, no existe capacidad para tener control sobre decisiones que se toman sin un hilo común de mando, y en una localidad cualquiera, cualquier noticia que difunda un comunicador social está sometida al escrutinio arbitrario de poderes que en los hechos se sitúan por encima o al margen de los poderes públicos formales. La sanción a lo que se hace desde un medio de comunicación reside en estos poderes dispersos, que es el lugar en donde se ejerce la justicia, a partir de la estricta ley del más fuerte. Y la sanción no tiene términos medios: sólo se paga con la vida. Esto es lo que en sentido estricto se llama ingobernabilidad. Y no hay señales de que por la vía del tradicional control del Estado y de la economía, las reducidas elites políticas y empresariales estén en disposición de avanzar hacia una ruta de salida. Como ha quedado establecido tras varios meses de avanzar con el rumbo errático de tantos poderes dispersos, y con la violencia como única referente para dirimir conflictos, en lugar de resolverse la crisis, las elecciones y el nuevo gobierno, han contribuido más bien a ahondarla.

El gobierno de los Estados Unidos y los gobiernos de la Unión Europea han decidido jugar la suerte en Honduras con el régimen de Lobo Sosa. “Es lo único que tenemos”, lo dijo uno de los embajadores europeos. Para ello, demandan de Lobo Sosa una garantía para que la Comisión de la Verdad cumpla con su misión, y se garanticen condiciones mínimas para el respeto a los derechos humanos, así como el retorno de Zelaya Rosales. Más de fondo, la administración de los Estados Unidos estaría buscando que se consolide el régimen de Lobo Sosa, se estabilice la situación política a partir de una propuesta: administrar y buscar resolver la crisis política actual desde una transición moderada, que siente las bases para impulsar su proyecto latinoamericano de “democracia autoritaria”, como base para la inversión del capital de las multinacionales y contrarrestar el bloque latinoamericano liderado por Hugo Chávez.

Sin embargo, el régimen de Lobo Sosa no tiene capacidad de responder a los requerimientos de los Estados Unidos y Europa porque se encuentra atrapado y es víctima de sus propias contradicciones. Por una parte, necesita el reconocimiento internacional, sabiendo que para lograrlo deberá cumplir con los compromisos que le demandan los gringos y los europeos, pero por otra, Lobo Sosa, con su extrema debilidad, tiene la presión de los sectores de poder, golpistas de pura cepa, y de los que recibió un fuerte respaldo para lograr la presidencia de la República, para que no haga ninguna concesión que cuestione el control que actualmente tienen del Estado. Y mientras el régimen se esfuerza en ganar reconocimiento, y la comunidad internacional de los gringos y los europeos hacen lo suyo para sacar adelante su apuesta por Lobo Sosa, el piso hondureño lo serruchan esas pocas familias cuya visión no tiene capacidad de superar sus propias ganancias, y en esta labor de mezquindad cuentan con el respaldo de los sectores de la derecha extremista del continente.

2. La encrucijada hondureña

Por el rumbo errático actual, el país no parece apuntar a otra salida que no sea la violencia como el factor desde donde los diversos y dispersos grupos de poder definen y establecen su posicionamiento en la vida pública, y la sospecha el criterio para establecer las relaciones de los grupos de poder entre sí y de los mismos con la sociedad en general. Parece tratarse de una violencia que cruza toda la sociedad, pero sin hilos de autoridad nacionales, y por ello mismo, los costos sociales y sobre todo en muertes y destrucción serán cada vez crecientes e incalculables. Los datos actuales de esta violencia son apenas pequeños adelantos de lo que se nos vendría en caso de seguir por la actual ruta de destrucción. Todos los signos podrían estar coincidiendo en el descalabro del modelo bipartidista y en el umbral político de un nuevo período político. El modelo sostenido sobre un reducido grupo de familias acaudaladas, no sólo no puede resolver el asunto fundamental de la inequidad y de ingobernabilidad, sino que en el actual contexto sólo se sostiene a costa de trampas y produciendo insaciablemente más violencia e inequidad.

3. Nuevo Pacto Social

Honduras ha quedado atrapada en la encrucijada más profunda de su historia moderna. Y la ingobernabilidad o su destrucción, es uno de los caminos en esa encrucijada a la que ha llegado la sociedad hondureña. Y si ya estamos experimentando los efectos y consecuencias del camino por donde nos conduce este modelo excluyente y elitista, hemos de apostar por el otro camino de la encrucijada. Y aquí es donde se encuentra la tranca o la oportunidad hondureña para su futuro.

Por el rumbo perdido actual el país no tiene más salida que la violencia en todas sus expresiones, y al carecer de líneas de decisión y de autoridad comunes, los costos sociales y sobre todo humanos, resultan incalculables. Los datos actuales de esta violencia son apenas pequeños adelantos de lo que se nos vendrá en caso de seguir por la actual ruta de destrucción. Un modelo que se sostenga con el liderazgo de una reducida cantidad de familias acaudaladas, es un modelo productor de violencia y de ingobernabilidad. Sin embargo, ese es uno de los caminos en la encrucijada a la que ha llegado la sociedad hondureña. Y si ya estamos experimentando los efectos y consecuencias del camino por donde nos conduce este modelo excluyente y elitista, hemos de apostar por el otro camino de la encrucijada. Diversos sectores de la sociedad desvinculados de las elites gobernantes concuerdan en reiterar la necesidad de un Nuevo Pacto Social –o plan estratégico de lucha, como preferirían llamarlo algunos sectores organizados en la resistencia popular hondureña--, y que tendría al menos los tres componentes siguientes:

Primer componente: definir contenidos
Estos contenidos se agrupan en tres bloques.

Primer bloque: demandas por los recursos naturales, la tierra y el ambiente, y que políticamente tiene que ver con la soberanía, entendida como el control y la decisión del Estado y de la ciudadanía sobre su patrimonio. Soberanía es el mayor déficit que tiene el país y tiene que ver con contenidos patrimoniales. Una reforma agraria que rompa con la lógica de un puñado de empresarios que acaparan las tierras más fértiles de los valles hondureños, y que subordina la alimentación y la vida misma de la población campesina a los intereses de las multinacionales agroexportadoras. Lo mismo habría que decir sobre los bosques, el agua, la energía y la minería y todas las riquezas naturales, como es el caso de la potencial existencia de petróleo en las tierras bajas y costeras del atlántico hondureño.

Segundo bloque: Demandas sociales que tienen que ver con educación, salud, vivienda, salarios, respeto a etnias y a minorías sexuales, respeto y promoción de la organización y movilización social. Saber situar las demandas sociales vinculadas con las demandas por la soberanía y recursos naturales, es un modo estratégico de garantizar la participación de todos los sectores de la sociedad, sin dejar que sean las elites de siempre quienes acaben imponiendo sus demandas como si fuesen demandas nacionales únicas.

Tercer bloque: las demandas político-jurídico-institucionales que tienen que ver con las transformaciones que necesita el Estado hondureño para que en efecto se avance en eso que los sectores en resistencia llaman “refundación de Honduras”. Aquí es donde se sitúa la demanda por una Asamblea Nacional constituyente, la misma utilizada por las elites hondureñas como argumento para dar al traste con la administración de Manuel Zelaya Rosales, y lo que actualmente representa el factor político que aglutina y convoca a los sectores organizados en el Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP).


Segundo componente:
Definir el sujeto político y social. Aquí se encuentra el debate en torno a los partidos políticos y los movimientos sociales, la relación y la diferencia entre ambos, la identidad que ha de asumir el Frente Nacional de Resistencia Popular. El debate actualmente pasa al menos por establecer la relación y las diferencias en torno a tres posturas.

Primera postura: Que la resistencia se convierta en una corriente interna del Partido Liberal, con el fin de recuperar ese instituto político en manos de quienes dieron el golpe de Estado, y desde allí ir a elecciones que permita recuperar el poder del Estado para retomar las transformaciones truncadas con el golpe de Estado. Existen sectores liberales vinculados con el liderazgo de Zelaya Rosales que realizan una actividad muy fuerte para convertir esta postura en un hecho. Y no es que los liberales no tengan el legítimo derecho de empujar la resistencia hacia su partido como la mejor opción. Pero si la resistencia se reduce a una corriente del partido liberal, la misma deberá someterse a negociaciones con quienes tradicionalmente tiene la mayor capacidad de decisión en ese partido, y que tuvieron una altísima cuota de responsabilidad en el diseño e implementación del golpe de Estado. Y una vez que la resistencia sea corriente interna liberal, muchos sectores deberán tomar otros caminos, porque los liberales no tienen propiamente una tradición de lucha popular. Los liberales en resistencia tienen el derecho de luchar por su partido, así como los sectores de la resistencia tienen el derecho de mantenerse al margen del partido liberal y de cualquier otro partido político, como lo ha establecido el FNRP en su posicionamiento político en el mes de febrero del año en curso.

Segunda postura: Convertir el FNRP en partido político que luche por las transformaciones contenidas en el primer componente de este Nuevo Pacto social. Quienes así piensan, afirman que el país se encuentra ante el impostergable desafío de luchar por la toma del poder político, y que descartada la lucha armada, dicha toma sólo se logrará a través de elecciones. Sin embargo, otros piensan que convertir el FNRP en partido político sería reducir la fuerza de la resistencia nacional, tan amplia y sostenida en muchísimas expresiones de base, en una estricta lucha electoral, lo cual acabaría debilitando la lucha popular. Cualquier sector tiene el derecho legítimo de luchar por construir su partido político, y si su declaración o principios políticos sostiene su oposición al sistema y al modelo neoliberal, es mucho mejor, puesto que ello puede permitir alianzas futuras. Sin embargo, para diversos sectores, la existencia del FNRP como instancia amplia de masas es garantía para una lucha política más honda, y que en determinados períodos o coyunturas puede establecer alianzas con partidos políticos sin perder su identidad de movimiento social.

Tercera postura: El FNRP debe tener una identidad permanente como un frente amplio que canalice como movimiento social las diversas demandas de los sectores populares y sociales de todo el país, tanto de los gremiales como de los sectores organizados comunitariamente en los diversos territorios del país. EL FNRP, en tanto movimiento de lucha social amplia, debía tener dos modos de lucha en el presente período: el primer modo el de la lucha de presión por debilitar, denunciar y desenmascarar el actual régimen político como estricto continuador del golpe de Estado hasta obligar a que se convoque una Asamblea nacional Constituyente; y el segundo modo, ir avanzando en la definición de una propuesta de candidaturas independientes que se convierte en una fórmula exitosa para las próximas elecciones generales.

Tercer componente:
Definir la participación en los procesos políticos electorales. Una vez definida la identidad del FNRP, se debe garantizar la lucha por democratizar los mecanismos de participación popular con el fin de que los procesos electorales dejen de ser expresiones legitimadores del control del Estado por parte de una reducida elite, como condición de posibilidad para la participación ciudadana en la construcción de la democracia y del Estado de Derecho. El Estado de Derecho no puede existir sin democracia y vigencia de los derechos humanos. En el caso hondureño, no es asunto de un deficiente Estado de Derecho, es cuestión de ausencia de Estado de Derecho, y las elites políticas y empresariales utilizan el término para imponer la ley del más fuerte y violar los derechos humanos de la ciudadanía.

4. Sobre el sujeto político y social

Todas esas transformaciones que encarnen ese camino que salve al país del despeñadero, sólo pueden impulsarse desde un sujeto político y social, que en el actual contexto no acaba de alcanzar un perfil con capacidad conductora y aglutinadora. Y ese es sin duda uno de los mayores desafíos hondureños que debían situar a los diversos sectores de la sociedad que rechazan la propuesta destructiva de las elites empresariales y políticas hondureñas, en estado de debate constructivo y propositivo.

Una de las preocupaciones políticas fundamentales para los sectores populares hondureños, en el actual contexto de debacle del modelo económico y político de la oligarquía, es si existe la capacidad y las condiciones subjetivas para el debate abierto, constructivo, propositivo, transparente y franco y tolerante al interior de los diversos sectores que se agrupan o se sienten remitidos al FNRP, como para conducir al mismo a constituirse en instancia nacional con capacidad para capitalizar la crisis de ingobernabilidad y convertirla en oportunidad para una liderar el impulso de un período de democracia participativa en el país para las próximas décadas. Añadido a las limitaciones propias en el análisis de los sectores populares hondureños --los cuales tienden a dejarse llevar, y vivir atrapados en la consigna, muy entusiasta, pero sin sustento y en las acciones movilizadoras continuas y sin reposo, como si en sí mismas esas actividades anidaran acumulaciones mágicas de fuerza, y soluciones mesiánicas--, el contexto de convulsión tras el golpe de Estado, contribuyó enormemente a la polarización y a la intolerancia al interior de los diversos sectores populares que se agruparon en el FNRP. La carencia en la visión estratégica y la dosis muy reducida de tolerancia y de profundidad en el análisis que jalone hacia una lectura de la realidad histórica, más que a la lectura a partir de folletos petrificados, ha acentuado desconfianzas, descalificaciones, aversión a los análisis y al propio debate, y a usar la expresión “golpista” ante cualquier expresión o postura que no sea la que dicte la consigna o que se salga del esquema maniqueo “golpismo/zelayismo”. Quien grita más o quien insulta más a los enemigos parecen tener mayor liderazgo en esta coyuntura en la que el sosiego, el debate, el análisis, la búsqueda de claridad, la tolerancia en la diversidad y la construcción de pensamiento político son fundamentales para definir el camino hacia la construcción de poder popular para llenar el vacío que ya no pueden llenar los grupos oligárquicos hondureños.

Construir el sujeto político y social es sin duda un objetivo político esencial en el actual contexto de ingobernabilidad. Las condiciones políticas y la correlación de fuerzas al interior de los grupos de poder que han liderado el Estado y la vida del país, dejan señales evidentes de un desplome que por su propia naturaleza no parece que sea reversible. Los sectores oligárquicos se afanan por buscar soluciones a la crisis, pero su círculo de propuestas se inscribe dentro de la lógica de conducción total del proceso, adecentar el pacto social de comienzos de los ochentas, sin reconocer la inviabilidad de sus propuestas económicas y políticas en una sociedad convulsionada. Los altos dirigentes empresariales y políticos se esfuerzan en hacer cambios, pero sin cambiar la lógica de la acumulación, productora de inequidad y de violencia. Por parte de los sectores oligárquicos, no existe capacidad ni voluntad política de abrirse a una nueva lógica que signifique sacrificar privilegios, que cuestione el modelo de acumulación y el país se abra hacia una búsqueda conjunta con todos los sectores de la sociedad hondureña, en igualdad de condiciones para el debate y para las decisiones. Las condiciones objetivas, entonces, están dadas para un cambio de rumbo. Sin embargo, ¿Quiénes han liderar este proceso? ¿Están los sectores populares en madurez política, ideológica, cultural y ética para ser los conductores de este nuevo proceso de “refundación”, como le llaman al interior de los sectores conjuntados en la resistencia, o de nuevo pacto social como le hemos venido llamando desde nuestro análisis?

5. Diez sugerencias a las dirigencias y participantes de los sectores populares de cara a ese monumental desafío de construir el sujeto político y social

1) Situarnos en estado de debate, bajo la aceptación de que en este proceso de búsqueda nadie tiene toda la verdad, y que nadie tampoco puede ser tachado de estar completamente en el error.
2) Bajar los niveles subjetivos de prejuicios, descalificaciones y estigmatizaciones que en la historia de la izquierda y del movimiento popular hondureño nos ha dejado daños a veces irreparables y heridas que con el correr de los años siguen laceradas y sangrantes.
3) Ni la gente que vive y se organiza en Tegucigalpa puede adjudicarse el derecho a ser conductora del proceso, y por eso mismo, adquirir derechos o prerrogativas de tomar decisiones como si fuese en nombre de todo el movimiento popular o de la resistencia de todo Honduras, ni las organizaciones populares de las otras regiones del país deberán estar ausentes de la capital, sobre la base de que es allí en donde se encuentra el centro neurálgico de la política, y en donde se deberán articular y coincidir diversas acciones políticas que se desarrollan en las diversas regiones del país.
4) En el debate y en la búsqueda se debería evitar prácticas que parezcan excluyentes, vanguardistas, iluminadas, superiores o de menosprecio hacia ciertos sectores de la sociedad. La inclusión, la horizontalidad y la complementariedad en la participación, son criterios que contribuirán a la confianza y al ambiente constructivo.
5) Ni las organizaciones son más relevantes o valen mucho más porque tienen más antigüedad o porque han ofrecido más mártires a la causa, ni las organizaciones No Gubernamentales tienen derecho a imponer sus agendas porque contribuyen con dinero para los encuentros y las movilizaciones, ni los gremios son vanguardia de las luchas ni las organizaciones comunitarias pueden ser sólo relleno, que sirven sólo para poner gente en las calles, ni las organizaciones de profesionales son menos porque no son obreras o porque sus miembros ganan más o tienen mayores beneficios salariales. Todas tienen su capacidad de aportar, todas tienen su especificidad en la lucha, cada organización aporta desde su propio campo, y todas son complementarias a partir de la diversidad de pensamiento, antigüedad, composición, género y cultura.
6) No se puede calificar la “pureza” popular o revolucionaria de una persona por repetir y ser fiel a una consigna y porque no se sale del molde que han establecido unos cuantos dirigentes. La pluralidad y diversidad en el pensamiento sólo puede ser riqueza para la lucha y la construcción del sujeto político y social. A nadie se le debía excluir, descalificar o negar su presencia en este proceso por expresar su disenso en relación con la lucha. El pensamiento único y las concepciones teóricas “puras” difícilmente pueden tener cabida en el actual desarrollo de las ideas y de la cultura del siglo XXI.
7) En lo posible, se debía evitar la injerencia en plan de control de los partidos políticos, cualquiera sea su orientación ideológica, sin negar por ello, que dirigentes de los mismos puedan participar en el debate, siempre que los mismos no hayan participado en actos públicos y evidentes de traición a la soberanía, que hayan contribuido a entregar los recursos naturales y la tierra del país a grupos o multinacionales extranjeras o hayan participado en actos evidentes de corrupción de los bienes públicos. De igual manera, se debía evitar la injerencia de líderes o sectores religiosos o empresariales, sin que por ello se niegue su participación en igualdad de condiciones de los demás en el proceso de búsqueda, siempre que los mismos no estén evidentemente vinculados a los actos relacionados con los dirigentes de partidos políticos.
8) Buscar el aporte y el testimonio de personas y organizaciones de otros países para enriquecer el debate y la construcción del sujeto político y social, es una condición complementaria necesaria y enriquecedora, siempre que los mismos sean aportes y no parezcan imposiciones, o que con ello se busque trasladar mecánicamente a una realidad hondureña con sus propias peculiaridades.
9) El aporte de intelectuales en este debate y en la construcción del sujeto político y social no puede ser desestimado. El aporte de la investigación en la economía, la sociología, la historia, la antropología y otras ramas del quehacer intelectual se constituye en un complemento plenamente necesario para la lucha y la construcción de propuestas. No se trata de que los intelectuales estén separados de los procesos, o que sean personas o sectores que por la oportunidad que tuvieron de formarse académicamente, hagan valer sus aportes como verdades a seguir. Son aportes complementarios y no dogmas a seguir. Ni los intelectuales debían menospreciar la lucha y el aporte de los dirigentes populares actuales, ni éstos despreciar el aporte teórico de los intelectuales. La inserción en los procesos de lucha es condición de posibilidad para que los sectores profesionales e intelectuales acerquen sus aportes a la realidad desafiante del movimiento popular hondureño. “Intelectuales orgánicos”, como nos recuerda Gramsci, es lo que necesitamos en este proceso de debate y construcción.
10) El aporte de la juventud, muchachas y muchachos, debe representar una verdadera novedad para la construcción del sujeto político y social. Las dirigencias actuales en todos los campos, deberían alcanzar el talante de “puente”, que van abriendo paso para que emerja la juventud con sus nuevos aportes y sus nuevos liderazgos. Contribuir a que el sujeto político y social esté notablemente liderado por una nueva generación comprometida con la transformación o “refundación” del país, es un factor decisivo y “revolucionario” en este proceso de llenar el vacío que ya ha dejado la reducida elite al haber perdido la capacidad y el derecho a proseguir con su proyecto de “pacto” desde arriba y sólo para los de arriba.