Honduras sigue en deuda con la democracia y los derechos humanos

Hoy, 28 de junio de 2010, se cumple un año del golpe de Estado ocurrido en Honduras y la democracia en este país continúa siendo un anhelo lejano.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su última visita a Honduras realizada en el mes de mayo expresó “su preocupación porque continúan las violaciones a los derechos humanos en el contexto de golpe de Estado”. En esta ocasión, la CIDH manifestó haber recibido información sobre el asesinato de varias personas, entre ellas periodistas y defensores y defensoras de derechos humanos, así como “sobre una serie de amenazas y hostigamientos en contra de defensoras y defensores de derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales, maestros, sindicalistas y miembros de la Resistencia ”. Para la CIDH estos hechos “no cuentan con las debidas investigaciones por parte de la justicia”.

De igual manera, la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) señaló que “El golpe de Estado dio lugar a violaciones de derechos humanos, la mayoría de las cuales siguen impunes. Además, reveló y exacerbó problemas estructurales existentes que afectan a los derechos humanos, intensificó una atmósfera política y social difícil y tensa, y profundizó la polarización dentro de la mayoría de las instituciones del Estado y la sociedad en general.”

CEJIL ha insistido reiteradamente que el golpe de Estado ha significado un terrible precedente para la democracia en las Américas. Asimismo, en la actualidad las instituciones estatales continúan siendo ineficaces para hacer frente a las violaciones de derechos humanos. Por ejemplo, se han emitido decretos de amnistía ambiguos, se ha sobreseído a funcionarios relacionados directamente con el golpe de Estado, las investigaciones de violaciones de derechos humanos se encuentran estancadas en la Fiscalía , se adoptó un decreto de creación de una Comisión de la Verdad que no cumple con los estándares internacionales en la materia, se mantiene el nombramiento de Roberto Micheletti como diputado vitalicio al igual que el de Romeo Vásquez Velásquez, General de las Fuerzas Armadas directamente vinculado con el golpe de Estado como gerente de Hondutel y han sido asesinados 8 periodistas de marzo a junio de este año en situaciones aún no aclaradas.

Ante este panorama, y al cumplirse un año del fatídico golpe de Estado, el Estado de Honduras debe tomar algunas acciones para avanzar hacia una verdadera democracia con instituciones garantistas e independientes. En tal sentido, el Estado de Honduras debería:

1. Cesar de todo acto de persecución política contra las personas que han manifestado su oposición al golpe de Estado.

2. Realizar una revisión de la propuesta actual de la Comisión de la Verdad a la luz de los estándares internacionales en la materia.

3. Implementar las recomendaciones establecidas en el Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre las violaciones de los derechos humanos en Honduras desde el golpe de Estado de 28 de junio de 2009; y en las Observaciones Preliminares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre su visita a Honduras realizada del 15 al 18 de mayo de 2010.

4. Extender la solicitud a la OACNUDH para la instalación en Honduras de una oficina de dicho órgano con mandato amplio para acompañar en los procesos de fortalecimiento del Estado de Derecho.

5. Abstenerse de realizar actos y nombramientos que fomentan la impunidad de quienes participaron activamente en el golpe de Estado;

6. Realizar acciones concretas que fortalezcan la independencia judicial en Honduras, tales como la creación de un Consejo de la Judicatura ; la reforma de la Ley de la Carrera Judicial ; y la rectificación de la resolución de remoción arbitraria, el pasado mes de mayo, de cuatro jueces hondureños por su oposición al golpe de Estado.

Finalmente, CEJIL desea reconocer la destacada labor que han cumplido los defensores y las defensoras de derechos humanos en Honduras. Ante el comportamiento arbitrario de las instituciones llamadas a garantizar el ejercicio de los derechos, los defensores y las defensoras han asumido hasta el límite de sus posibilidades algunas obligaciones que dependen del Estado, como la documentación, denuncia y protección de los derechos humanos, sacrificándose de manera admirable y algunos hasta han dado sus vidas.

A la comunidad internacional, CEJIL solicita realizar todos los esfuerzos necesarios para apoyar la labor que realizan los defensores y defensoras de derechos humanos en Honduras.

CEJIL urge a las autoridades estatales para que garanticen la actividad de los defensores de derechos humanos e implementen todas las medidas necesarias para protegerlos de agresiones e interferencias ilegítimas.

Finalmente se exhorta al Estado de Honduras y a la comunidad internacional de Estados para que recuerden un principio fundamental de la Carta Democrática Interamericana cual es “que la promoción y protección de los derechos humanos es condición fundamental para la existencia de una sociedad democrática.”