Esta semana la Comisión Interamericana de Derechos Humanos publicó un informe titulado “Honduras: Derechos Humanos y Golpe de Estado” en el que confirma dos realidades que los golpistas han tratado de negar sin éxito: que lo ocurrido en el país el 28 de junio del año pasado fue un golpe de Estado que produjo la ruptura del orden democrático y constitucional, y que las autoridades de facto militares, civiles y policiales han cometido graves violaciones a los derechos humanos.
Este informe es el resultado de la visita realizada por la Comisión Interamericana del 17 al 21 de agosto de 2009, durante la cual verificó la existencia de masivas y sistemáticas violaciones a los derechos humanos, que incluye muertes, declaración arbitraria del estado de excepción, represión de manifestaciones públicas a través del uso desproporcionado de la fuerza, criminalización de la protesta social, detenciones arbitrarias de miles de personas, tratos crueles, inhumanos y degradantes y malas condiciones de detención, militarización del territorio, aumento de las situaciones de discriminación racial, violaciones a los derechos de las mujeres, serias restricciones arbitrarias al derecho a la libertad de expresión y graves vulneraciones a los derechos políticos.
La Comisión Interamericana también comprobó la ineficacia de los recursos judiciales para proteger los derechos humanos y el alto grado de deslegitimación institucional por la participación en el golpe de Estado del Ministerio Público, la Corte Suprema de Justicia, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, la Policía Nacional, el Congreso Nacional y las Fuerzas Armadas.
El informe de la Comisión Interamericana ratifica la necesidad urgente de reformar profundamente las instituciones hondureñas y constituye una herramienta jurídica fundamental para el establecimiento de una Comisión de la Verdad independiente, profesional e imparcial que facilite la individualización de los responsables materiales e intelectuales de las violaciones a los derechos humanos cometidas por el régimen de facto.
Y sobre todo, este informe representa una prueba contundente contra los altos responsables civiles, militares y policiales del régimen que han sido denunciados ante la oficina del Fiscal de la Corte Penal Internacional, los cuales, tarde o temprano, tendrán que pagar por sus crímenes.
jueves, 28 de enero de 2010
La amnistía y la justicia penal internacional
Durante más de 6 meses el pueblo hondureño en resistencia democrática ha sufrido la violencia de las armas que el General Romeo Vásquez Velásquez ha puesto al servicio de los sectores que idearon y ejecutaron el golpe de Estado.
En el marco de dicha violencia, militares y policías han cometido graves violaciones a los derechos humanos que son consideradas crímenes de lesa humanidad por el Estatuto de Roma.
Por ello, Micheletti, Romeo Vásquez y otros altos responsables civiles, militares y policiales del gobierno de facto enfrentan una seria denuncia ante la oficinal del Fiscal de la Corte Penal Internacional que actualmente está siendo valorada.
Una de las condiciones para que este tribunal Internacional actúe es que el Estado hondureño no tenga voluntad o capacidad para perseguir a las personas denunciadas. Evidentemente, cuando todo el sistema de justicia hondureño está involucrado en el más alto nivel jerárquico en el golpe de Estado, no puede existir ni capacidad ni voluntad.
A ello se suma el anuncio por parte del congreso nacional de la posible aprobación de una ley de amnistía para intentar limpiar el expediente criminal de los involucrados en el golpe de Estado.
Sin embargo, los golpistas deben saber que una ley de esta clase jamás puede servir para dejar sin castigo a los violadores de los derechos humanos pues al hacerlo, se estaría contraviniendo el derecho internacional y activando automáticamente la competencia de la Corte Penal Internacional para perseguir a estos criminales.
La justicia penal internacional camina despacio pero avanza firme en la lucha contra la impunidad, y por eso el pueblo hondureño en resistencia, tarde o temprano podrá ver a Micheletti, a Romeo Vásquez y a otros de sus victimarios pagando por todos sus crímenes.
En el marco de dicha violencia, militares y policías han cometido graves violaciones a los derechos humanos que son consideradas crímenes de lesa humanidad por el Estatuto de Roma.
Por ello, Micheletti, Romeo Vásquez y otros altos responsables civiles, militares y policiales del gobierno de facto enfrentan una seria denuncia ante la oficinal del Fiscal de la Corte Penal Internacional que actualmente está siendo valorada.
Una de las condiciones para que este tribunal Internacional actúe es que el Estado hondureño no tenga voluntad o capacidad para perseguir a las personas denunciadas. Evidentemente, cuando todo el sistema de justicia hondureño está involucrado en el más alto nivel jerárquico en el golpe de Estado, no puede existir ni capacidad ni voluntad.
A ello se suma el anuncio por parte del congreso nacional de la posible aprobación de una ley de amnistía para intentar limpiar el expediente criminal de los involucrados en el golpe de Estado.
Sin embargo, los golpistas deben saber que una ley de esta clase jamás puede servir para dejar sin castigo a los violadores de los derechos humanos pues al hacerlo, se estaría contraviniendo el derecho internacional y activando automáticamente la competencia de la Corte Penal Internacional para perseguir a estos criminales.
La justicia penal internacional camina despacio pero avanza firme en la lucha contra la impunidad, y por eso el pueblo hondureño en resistencia, tarde o temprano podrá ver a Micheletti, a Romeo Vásquez y a otros de sus victimarios pagando por todos sus crímenes.
Un ejemplo más de que habrá justicia
El 22 de septiembre del año pasado, el ex militar argentino Julio Alberto Poch fue detenido en España por su implicación en crímenes de lesa humanidad durante la dictadura militar que gobernó Argentina entre 1976 y 1983.
Poch también tenía la nacionalidad holandesa y trabajaba para una línea área de ese país; según testimonios de sus compañeros de trabajo, se jactaba de haber participado en los “vuelos de la muerte” en los que los prisioneros políticos de la dictadura eran arrojados amarrados al mar o al río de La Plata desde aviones militares en pleno vuelo.
A pesar del tiempo transcurrido desde que este militar cometió sus crímenes y de que había logrado llevar una vida normal y tranquila en Holanda, la justicia internacional por fin lo ha alcanzado y enfrenta procesos penales en España y en Argentina por la comisión de crímenes de lesa humanidad.
Al igual que los altos responsables civiles, militares y policiales del gobierno de facto en Honduras, el ex militar Poch se burlaba de la memoria de sus víctimas y se creyó intocable y todopoderoso pues su soberbia no le permitió reflexionar sobre la gravedad de sus delitos.
Los máximos responsables de las violaciones de derechos humanos en Honduras en el marco del golpe de Estado deberían entender que por mucho que se declaren héroes nacionales y salvadores de la democracia, sus crímenes contra el pueblo hondureño son de tanta gravedad que tarde o temprano tendrán que responder ante la justicia penal internacional.
El caso del ex militar Poch es un ejemplo más de lo que les espera a Micheletti, Romeo Vásquez y demás responsables del golpe de Estado.
Poch también tenía la nacionalidad holandesa y trabajaba para una línea área de ese país; según testimonios de sus compañeros de trabajo, se jactaba de haber participado en los “vuelos de la muerte” en los que los prisioneros políticos de la dictadura eran arrojados amarrados al mar o al río de La Plata desde aviones militares en pleno vuelo.
A pesar del tiempo transcurrido desde que este militar cometió sus crímenes y de que había logrado llevar una vida normal y tranquila en Holanda, la justicia internacional por fin lo ha alcanzado y enfrenta procesos penales en España y en Argentina por la comisión de crímenes de lesa humanidad.
Al igual que los altos responsables civiles, militares y policiales del gobierno de facto en Honduras, el ex militar Poch se burlaba de la memoria de sus víctimas y se creyó intocable y todopoderoso pues su soberbia no le permitió reflexionar sobre la gravedad de sus delitos.
Los máximos responsables de las violaciones de derechos humanos en Honduras en el marco del golpe de Estado deberían entender que por mucho que se declaren héroes nacionales y salvadores de la democracia, sus crímenes contra el pueblo hondureño son de tanta gravedad que tarde o temprano tendrán que responder ante la justicia penal internacional.
El caso del ex militar Poch es un ejemplo más de lo que les espera a Micheletti, Romeo Vásquez y demás responsables del golpe de Estado.
Luces y sombras del 2009
El 2009 ha sido el año más oscuro de los últimos 30 años en Honduras. Con el golpe de Estado del pasado 28 de junio hemos regresado a regimenes dictatoriales y totalitarios que toda América Latina creía superados y que eran solamente terribles experiencias del pasado.
En los últimos 6 meses de este año hemos sido testigos del ascenso de las fuerzas armadas en el control del Estado y sus instituciones, y del sometimiento del poder civil al poder militar; como consecuencia, los pequeños avances democráticos han quedado destruidos y nos encontramos en una situación de emergencia ante las graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos cometidas por el gobierno de facto.
Por eso, aunque se hayan celebrado unas elecciones de por sí ilegítimas y no reconocidas por un gran número de países del mundo, el 2009 nos ha dejado, además de la experiencia de vivir bajo una dictadura encabezada por el general Romeo Vásquez y Roberto Micheletti, un nuevo gobierno elegido bajo la represión de las armas y que sólo tiene la fachada de civil al constituir una continuación del golpe de Estado y del poder militar.
Pero el 2009 también nos ha dejado la experiencia de la toma de conciencia de un buen porcentaje de la población que estaba adormecida y que nos hemos dado cuenta que la democracia que propugna la clase política sólo consiste en votar cada 4 años pero no en democratizar la riqueza y el bienestar.
Nos hemos dado cuenta que los intereses de las grandes mayorías nunca han estado representados en el congreso nacional y que todas las instituciones del Estado encargadas de impartir justicia sólo han estado al servicio del poder económico, militar y político.
El 2009 ha dejado al descubierto que la clase política hondureña sólo habla de democracia cuando sus intereses no están en juego pero cuando el pueblo cuestiona el modelo que nos han impuesto están dispuestos a asesinar, torturar, violar, detener ilegalmente, desaparecer y pisotear cuantas veces sea la legalidad constitucional.
Seguramente el 2010 será un año difícil para el pueblo hondureño en materia económica, social y política pero también tendrá que ser un año de esperanza, de cambios, de pequeños signos que nos permitan ver en el horizonte, un país nuevo en donde la dignidad de cada hondureño y hondureña sea verdaderamente el fin supremo de la sociedad y del Estado.
En los últimos 6 meses de este año hemos sido testigos del ascenso de las fuerzas armadas en el control del Estado y sus instituciones, y del sometimiento del poder civil al poder militar; como consecuencia, los pequeños avances democráticos han quedado destruidos y nos encontramos en una situación de emergencia ante las graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos cometidas por el gobierno de facto.
Por eso, aunque se hayan celebrado unas elecciones de por sí ilegítimas y no reconocidas por un gran número de países del mundo, el 2009 nos ha dejado, además de la experiencia de vivir bajo una dictadura encabezada por el general Romeo Vásquez y Roberto Micheletti, un nuevo gobierno elegido bajo la represión de las armas y que sólo tiene la fachada de civil al constituir una continuación del golpe de Estado y del poder militar.
Pero el 2009 también nos ha dejado la experiencia de la toma de conciencia de un buen porcentaje de la población que estaba adormecida y que nos hemos dado cuenta que la democracia que propugna la clase política sólo consiste en votar cada 4 años pero no en democratizar la riqueza y el bienestar.
Nos hemos dado cuenta que los intereses de las grandes mayorías nunca han estado representados en el congreso nacional y que todas las instituciones del Estado encargadas de impartir justicia sólo han estado al servicio del poder económico, militar y político.
El 2009 ha dejado al descubierto que la clase política hondureña sólo habla de democracia cuando sus intereses no están en juego pero cuando el pueblo cuestiona el modelo que nos han impuesto están dispuestos a asesinar, torturar, violar, detener ilegalmente, desaparecer y pisotear cuantas veces sea la legalidad constitucional.
Seguramente el 2010 será un año difícil para el pueblo hondureño en materia económica, social y política pero también tendrá que ser un año de esperanza, de cambios, de pequeños signos que nos permitan ver en el horizonte, un país nuevo en donde la dignidad de cada hondureño y hondureña sea verdaderamente el fin supremo de la sociedad y del Estado.
La condena a Fujimori y el futuro de los golpistas hondureños
Para quienes creemos y luchamos por la democracia, la justicia y los derechos humanos el año nuevo nos trajo la buena noticia de que la Corte Suprema del Perú ratificó la condena a 25 años de prisión para el ex presidente Alberto Fujimori por la comisión de graves violaciones a los derechos humanos durante su mandato.
Fujimori fue juzgado como autor intelectual de las matanzas del barrio limeño de Barrios Altos y de la Universidad de La Cantuta donde resultaron muertas 15 y 10 personas, respectivamente. Estas masacres fueron ejecutadas por un comando paramilitar del ejército peruano en el marco de la guerra que el Gobierno había declarado contra el grupo rebelde Sendero Luminoso.
La Comisión de la Verdad que documentó el conflicto peruano constató que ninguna de las víctimas asesinadas tenía relación con la guerrilla, como presumían los organismos de seguridad del Estado, y con base a ello, la Corte Suprema del Perú determinó que los actos criminales realizados por Fujimori no constituyen delitos simples y comunes sino crímenes de lesa humanidad.
Los altos responsables del golpe de Estado en Honduras deberían verse reflejados en la condena a Fujimori pues al igual que él, los actos criminales que han cometido y siguen cometiendo contra el pueblo hondureño, son crímenes de lesa humanidad por los que tarde o temprano tendrán que responder, ya sea ante la Corte Penal Internacional o ante la justicia de alguno de los de más de 100 Estados en el mundo que reconocen la justicia universal.
Si Micheletti, Romeo Vásquez y demás responsables civiles, militares y policiales tuvieran algún sentido de responsabilidad para reflexionar sobre las implicaciones de la gravedad de sus actos, se darían cuenta que lo que les espera en un futuro no muy lejano es sentarse ante el banquillo de los acusados para responder por sus crímenes, tal y como ha sucedido y está sucediendo con los grandes criminales que ha habido en América Latina y el mundo.
Quizá hoy se sientan todopoderosos e intocables, así como se sintió Fujimori, pero la justicia relacionada con crímenes de lesa humanidad nunca se detiene ni con el paso del tiempo y pronto las víctimas de sus actos criminales podrán verlos juzgados por la justicia penal y por la historia.
Fujimori fue juzgado como autor intelectual de las matanzas del barrio limeño de Barrios Altos y de la Universidad de La Cantuta donde resultaron muertas 15 y 10 personas, respectivamente. Estas masacres fueron ejecutadas por un comando paramilitar del ejército peruano en el marco de la guerra que el Gobierno había declarado contra el grupo rebelde Sendero Luminoso.
La Comisión de la Verdad que documentó el conflicto peruano constató que ninguna de las víctimas asesinadas tenía relación con la guerrilla, como presumían los organismos de seguridad del Estado, y con base a ello, la Corte Suprema del Perú determinó que los actos criminales realizados por Fujimori no constituyen delitos simples y comunes sino crímenes de lesa humanidad.
Los altos responsables del golpe de Estado en Honduras deberían verse reflejados en la condena a Fujimori pues al igual que él, los actos criminales que han cometido y siguen cometiendo contra el pueblo hondureño, son crímenes de lesa humanidad por los que tarde o temprano tendrán que responder, ya sea ante la Corte Penal Internacional o ante la justicia de alguno de los de más de 100 Estados en el mundo que reconocen la justicia universal.
Si Micheletti, Romeo Vásquez y demás responsables civiles, militares y policiales tuvieran algún sentido de responsabilidad para reflexionar sobre las implicaciones de la gravedad de sus actos, se darían cuenta que lo que les espera en un futuro no muy lejano es sentarse ante el banquillo de los acusados para responder por sus crímenes, tal y como ha sucedido y está sucediendo con los grandes criminales que ha habido en América Latina y el mundo.
Quizá hoy se sientan todopoderosos e intocables, así como se sintió Fujimori, pero la justicia relacionada con crímenes de lesa humanidad nunca se detiene ni con el paso del tiempo y pronto las víctimas de sus actos criminales podrán verlos juzgados por la justicia penal y por la historia.
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