Desde que Pepe Lobo asumió la presidencia de la república en el marco de unas elecciones ilegítimas está intentando por todos los medios aparentar ante la comunidad internacional que es un gobernante de conciliación y que no tiene ninguna relación con el golpe de Estado.
Los sectores golpistas que lo apoyan y que aún mantienen secuestradas las instituciones del Estado intentan mostrar que con las elecciones todo ha vuelto a la normalidad.
Para dar una imagen de que el sistema de justicia funciona, el Ministerio Público presentó una simple acusación por el delito de abuso de autoridad en contra los jerarcas militares que ordenaron y ejecutaron el secuestro y destierro del ex presidente Zelaya; la Corte Suprema de Justicia se encargó de declararlos inocentes con una celeridad sorprendente y con argumentos que contradicen las cuestiones más básicas de la lógica jurídica.
El congreso nacional aprobó una ley de amnistía para evitar que los responsables del golpe de Estado y de las violaciones a los derechos humanos sean castigados; y ahora, el gobierno de Lobo promueve a toda prisa la integración de una comisión de la verdad para cumplir con uno de los puntos del fracasado acuerdo de San José-Guaymuras.
Tal y como se están dando las cosas, es cuestionable que una comisión de la verdad organizada por el actual gobierno que ha continuado con la represión selectiva sea capaz de esclarecer tales violaciones, pues ello implicaría identificar a sus propios compinches como responsables de dichos actos y abrir el camino para que sean investigados seriamente y juzgados como criminales por delitos de lesa humanidad.
Si finalmente esta comisión de la verdad no investiga seriamente los patrones de abusos y violaciones de derechos humanos, el pueblo hondureño en resistencia tendrá una prueba más para demostrarle al fiscal de la Corte Penal Internacional que en Honduras no hay voluntad ni capacidad para investigar y sancionar los crímenes de lesa humanidad cometidos por los golpistas.
Y tarde o temprano, la justicia penal internacional pedirá cuentas a los militares y civiles que han facilitado y ejecutado tales crímenes, y se sentará un precedente fundamental para evitar que en Honduras y en América Latina vuelvan a repetirse este tipo de hechos.
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