La situación de los derechos humanos en Honduras en el escenario postgolpe de Estado

Las notas al pie de página han sido suprimidas por motivos de espacio.

1. La democracia en Honduras antes del golpe de Estado.
La Constitución de Honduras de 1982 marcó el inicio del camino de la democracia con la esperanza de avanzar en la construcción de una sociedad política, económica y socialmente justa. Aunque durante este tiempo ha habido incipientes avances institucionales, el balance que nos dejan casi 3 décadas de democracia formal no es nada alentador.

Dicho balance nos muestra que algunas de las reformas en materia económica y jurídica realizadas han servido para profundizar la violencia, la desigualdad y la exclusión; la economía construida durante estos años sólo ha significado la consolidación de un modelo que ha privilegiado los intereses de una elite, ha destruido el papel del Estado como factor de cohesión social, ha afectado la soberanía nacional, ha profundizado la desigualdad social y ha deteriorado las condiciones de vida de la mayoría de los hondureños y hondureñas.

Las instituciones públicas se han convertido en pesadas cargas burocráticas caracterizadas por su ineficacia y su ineficiencia casi generalizada para cumplir con sus funciones constitucionales; los permanentes y frecuentes escándalos de corrupción económica y política han estado a la orden del día; el sistema judicial se ha mantenido al servicio de los sectores que detentan el poder económico y político; y los derechos humanos han significado discursos vacíos de contenido para amplios sectores de la sociedad.

El golpe de Estado del 28 de junio de 2009 ha venido a profundizar la grave crisis estructural que venimos arrastrando por décadas; también ha desnudado que pese a que la Constitución de la República prevé los mecanismos mínimos para promover el Estado de derecho, la clase política hondureña sólo ha gobernado en función de sus propios intereses y ha mostrado su total incapacidad, desprecio y negligencia para responder a los intereses de las grandes mayorías.

En otras palabras, con el rompimiento del orden constitucional quedaron expuestas en mayor grado la situación de fragilidad social, de pobreza y desigualdad, y de deficiencia institucional, y algunas medidas adoptadas por el gobierno de facto “se tradujeron en dificultades adicionales para el acceso de la población a los derechos más básicos, en particular la atención de salud, la educación y la alimentación. Algunos programas institucionales asociados con esos derechos sufrieron un colapso total”.

2. El impacto del golpe de Estado en los derechos humanos.
El Estado hondureño es uno de los que más sentencias condenatorias ha recibido en el marco del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y en todas los casos denunciados el común denominador ha sido la impunidad con la que han actuado los responsables intelectuales y materiales de las violaciones a los derechos humanos debido a la falta de una investigación seria y diligente por parte de las autoridades nacionales. Esto implica que a las víctimas se les ha negado el acceso a la justicia en el ámbito local y que el Estado ha sido incapaz de cumplir con uno de los imperativos fundamentales que caracterizan a todo Estado de derecho: la garantía del respeto y protección de los derechos humanos.

Para cumplir con esta exigencia es necesario que el Estado organice todo su aparato gubernamental y todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de manera que pueda ser capaz de prevenir, investigar y sancionar cualquier violación de los derechos humanos, y procurar, además, la restitución, si es posible, del derecho vulnerado y, en su defecto, la reparación de los daños producidos por dicha violación, dado que un Estado sólo se justifica y legitima en la medida que reconoce, protege y promueve tales derechos consagrados en su Constitución política y en los tratados internacionales que ha ratificado.

Antes del golpe de Estado, la situación de los derechos humanos en Honduras ya inquietaba a algunos órganos de Naciones Unidas (en adelante la ONU) como el Comité contra la Tortura, que en su momento expresó su preocupación por los “persistentes actos de hostigamiento y persecución, incluidas amenazas, asesinatos y otras violaciones de los derechos humanos que experimentan defensores de los derechos humanos, ambientalistas y otros activistas políticos, y por la impunidad de dichos actos”, en virtud de lo cual le recomendó al Estado adoptar medidas eficaces para prevenirlos y proteger a las personas de los mismos, así como asegurar la realización de una investigación pronta, exhaustiva y eficaz, y aplicar el castigo correspondiente a los autores de tales acciones.

Con el golpe de Estado la situación de los derechos humanos se deterioró a niveles alarmantes y su violación generalizada y sistemática se enmarcó dentro de una política de Estado ejecutada de forma pública y manifiesta, en donde todas las instituciones claves del sector justicia como el Ministerio Público, la Corte Suprema de Justicia y el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos han defendido el rompimiento del orden constitucional y han avalado las violaciones a los derechos humanos cometidas por militares, policías y paramilitares.

Lo anterior ha sido confirmado por varios organismos en el ámbito de la Organización de Estados Americanos (en adelante la OEA) y de la ONU; así la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante la CIDH), en su informe “Honduras: Derechos Humanos y golpe de Estado” estableció que junto con la deslegitimación institucional originada por el golpe de Estado, se han producido graves violaciones a los derechos humanos, incluyendo muertes, declaración arbitraria del estado de excepción, represión de manifestaciones públicas a través del uso desproporcionado de la fuerza, criminalización de la protesta social, detenciones arbitrarias de miles de personas, tratos crueles, inhumanos y degradantes y malas condiciones de detención, militarización del territorio, aumento de las situaciones de discriminación racial, violaciones a los derechos de las mujeres, serias restricciones arbitrarias al derecho a la libertad de expresión y graves vulneraciones a los derechos políticos. La CIDH también comprobó la ineficacia de los recursos judiciales para proteger los derechos humanos.

En el marco de la ONU, el Consejo de Derechos Humanos condenó rotundamente las violaciones a los derechos humanos cometidas en Honduras durante el golpe de Estado y llamó al fin de las mismas y al respeto incondicional de todos ellos y de las libertades fundamentales; además, mediante la Resolución 12/14 titulada “Situación de los derechos humanos en Honduras desde el golpe de Estado de 28 de junio de 2009”, solicitó a la titular de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (en adelante la OACNUDH), Navi Pillay, que presentara un estudio sobre las violaciones cometidas para darlo a conocer ante el propio Consejo y ante la Asamblea General de la ONU.

Para ello, la OACNUDH envió a Honduras entre el 18 de octubre y el 07 de noviembre de 2009 un equipo con la tarea de compilar información para un informe especial sobre las violaciones a los derechos humanos cometidas por el gobierno de facto, el cual fue sometido a discusión del Consejo durante su sesión de marzo de este año. En este informe, la OACNUDH ratificó (a) que en el marco del golpe de Estado se cometieron asesinatos, miles de detenciones arbitrarias, censura, abusos sexuales, torturas y malos tratos, entre otras violaciones a los derechos humanos; y (b) que existe una ausencia de investigaciones judiciales independientes, oportunas y efectivas que han garantizado la impunidad de los responsables de estos crímenes, y que han dejado a las víctimas sin protección ni reparación adecuada.

Por otra parte, varios relatores especiales de la ONU, entre ellos el Presidente-Relator del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, El Hadji Malick Sow, la Relatora Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos, Margaret Sekaggya, el Relator Especial sobre el derecho a la libertad de opinión y expresión, Frank La Rue, y el Relator Especial contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, Manfred Nowak, han manifestado su seria preocupación por las violaciones a los derechos humanos cometidas por el gobierno de facto, entre las que sobresalen muertes, detenciones a gran escala en centros de detención no autorizados, suspensión de las libertades de opinión y expresión, circulación y reunión, así como ataques, agresiones y actos de intimidación contra periodistas y defensores de derechos humanos.

A su vez, el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la utilización de mercenarios como medio de violar los derechos humanos y de obstaculizar el ejercicio del derecho de los pueblos a la libre determinación, expresó preocupación por la posible utilización de ex paramilitares de Colombia para proteger propiedades e individuos en caso de nuevos actos de violencia y para apoyar el golpe de Estado. Y finalmente, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de jueces y abogados, Leandro Despouy, condenó y censuró el comportamiento de la Corte Suprema de Justicia hondureña por participar y avalar la ruptura del Estado de derecho que ya ha causado varios muertos y heridos entre la población civil, y por apartarse de las reglas de independencia e imparcialidad que deben caracterizar a dicho órgano.

En el mismo sentido, Amnistía Internacional hizo público un informe titulado “Recomendaciones al nuevo gobierno de Honduras tras el golpe de Estado de junio de 2009”, en el que documenta violaciones generalizadas de los derechos humanos contra el pueblo hondureño por parte de policías y militares, entre ellas, uso excesivo de la fuerza, asesinatos, torturas y otros tratos crueles y degradantes, detenciones arbitrarias y hostigamiento e intimidación de jueces, periodistas, defensores de derechos humanos y demás opositores al golpe de Estado.

Este escenario de violación masiva y sistemática de los derechos humanos ratifica que el Estado hondureño incumple su obligación de combatir la impunidad por todos los medios legales disponibles, lo cual propicia la repetición crónica de la violencia “y la total indefensión de las víctimas y de sus familiares”.
Bajo estos parámetros, la impunidad y su consecuente privación del derecho a la justicia se han convertido en un componente estructural de la cotidianidad nacional, pues las violaciones a los derechos humanos cometidas en el marco del golpe de Estado y a partir de la toma de posesión del nuevo gobierno surgido de unas elecciones ilegítimas, no están siendo investigadas, sancionadas ni reparadas en los términos exigidos por la legislación nacional y los estándares internacionales.

3. Elecciones bajo un gobierno de facto: ¿La salida a la crisis política?
Tanto a nivel nacional como internacional, los sectores que han apoyado el golpe de Estado iniciaron una campaña sistemática para legitimar la idea de que las elecciones generales del pasado 29 de noviembre eran la salida a la crisis política, ya que sólo en el marco de las elecciones y a partir de la toma de posesión del nuevo gobierno tal situación sería un asunto del pasado.

La comunidad internacional, con excepción de los Estados Unidos, dejó claro que hablar de elecciones democráticas bajo un gobierno de facto es ignorar que para ello es imperativo la existencia de unas condiciones que garanticen el respeto de los derechos humanos y un régimen de libertades públicas que asegure permanentemente las libertades de pensamiento, de información, de expresión, de organización, de petición, de manifestación pacífica, etc., como elementos esenciales de la democracia participativa.

Evidentemente, tales condiciones han estado ausentes en el país desde el 28 de junio de 2009 pues la población hondureña ha vivido en un constante estado de sitio, con sus derechos y libertades prácticamente suprimidos y con altos niveles de militarización nacional como si se tratase de un ambiente de guerra.

Como resultado de la persecución política que el gobierno de facto ejecutó a través de policías, militares y paramilitares en contra de las personas en resistencia democrática y pacífica, más de una veintena de ellas fueron asesinadas, más de 4 mil personas sufrieron diferentes tipos de violaciones a sus derechos humanos, decenas sufrieron atentados contra su vida e integridad, centenares de personas fueron amenazadas de muerte, centenares fueron acusadas y apresadas por motivos políticos, centeneras de personas sufrieron torturas y otras miles fueron lesionadas y heridas a causa de la represión, y miles de personas fueron detenidas ilegalmente.

Antes y durante las elecciones del 29 de noviembre, el gobierno de facto creó un clima de terror y de guerra psicológica mediante la militarización de la sociedad y la demostración del poderío policial-militar dispuesto a acallar cualquier disidencia. En este marco, la policía y los militares ejecutaron decenas de allanamientos de casas y de sedes de organizaciones sociales, desarrollaron retenes en las carreteras, detuvieron ilegalmente a decenas de personas, realizaron hostigamientos y amenazas, y militarizaron comunidades enteras. En San Pedro Sula, la capital industrial del país, una marcha pacífica en la que participaban familias enteras fue salvajemente reprimida por la policía y el ejército, resultando decenas de heridos y detenidos, incluidos un periodista internacional y un observador de una misión internacional de derechos humanos.

Si a todo este clima de represión le sumamos el alto abstencionismo, la falta de presencia de observadores electorales oficiales calificados y la violación de la Ley Electoral que prohíbe la presencia de militares a menos de 100 metros de los centros de votación, así como la supresión por parte del Tribunal Nacional de Elecciones del uso de la tinta indeleble como requisito indispensable para el desarrollo de las elecciones, entre otras cosas, es más que evidente que las elecciones del 29 de noviembre no se desarrollaron en un clima de transparencia, igualdad, participación, libertad y legalidad.

Sobre la base de lo anterior, se puede afirmar con contundencia que las elecciones generales en Honduras no han sido justas ni libres y por tanto, el gobierno surgido de las mismas no goza de la legitimidad necesaria en un Estado de derecho. Por tanto, es un deber moral y legal para con la democracia y la soberanía del pueblo hondureño que la mayoría de Estados que conforman la comunidad internacional no reconozca los resultados electorales si antes no se sanean las instituciones del Estado que siguen en manos de los promotores del golpe de Estado y si no se dan pasos contundentes para investigar y sancionar a los responsables intelectuales y materiales de las graves violaciones a los derechos humanos que han sido suficientemente documentadas.


4. El escenario postgolpe en materia de derechos humanos.
Desde el 28 de junio de 2009–día del golpe de Estado- hasta el 27 de enero de 2010 – día de la toma de posesión del nuevo gobierno-, las violaciones a los derechos humanos eran ejecutadas de forma masiva y pública por militares y policías; pero a partir del 28 de enero, las mismas están siendo cometidas de forma selectiva y en el marco de una modalidad de baja intensidad con la intención de desarticular especialmente los mandos medios de la resistencia hondureña.

En este sentido, se observa un patrón sistemático de violaciones a los derechos humanos caracterizado por la actuación con total impunidad de los autores; la utilización de uniformes y armas de la policía y el ejército; la similitud de las prácticas de tortura en todos los casos que se han documentado; la selección de las víctimas como resultado de prácticas de seguimiento y control de itinerarios; y el robo de computadoras portátiles y documentación importante de las víctimas.

Esta nueva situación ha provocado una emergencia de violaciones a los derechos humanos, a tal punto que a menos de un mes de la toma de posesión del nuevo gobierno, las organizaciones de derechos humanos documentaron la comisión de 254 violaciones a los derechos humanos, es decir, 9 casos diarios, entre asesinatos, agresiones sexuales, detenciones arbitrarias, allanamientos ilegales, secuestros temporales, torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes, entre otros.

Del mismo modo, la CIDH ha condenado los asesinatos, secuestros, detenciones arbitrarias, torturas, violaciones sexuales y allanamientos ilegales de que han sido víctimas personas activas en la resistencia contra el golpe de Estado, sindicalistas y comunicadores sociales, y ha manifestado su consternación porque también se están asesinando, secuestrando, agrediendo y amenazando a sus hijos e hijas como una estrategia para acallarlos. Frente a ello, le ha exigido al nuevo gobierno de Lobo Sosa la adopción de medidas urgentes para garantizar los derechos a la vida, integridad personal y libertad de la población en resistencia democrática.

Pese a este llamado de la CIDH, continúan los actos violentos y la represión sistemática en contra de personas miembros de la resistencia, lo cual ratifica que el gobierno de Pepe Lobo es una continuidad del golpe de Estado. Sólo por mencionar algunos ejemplos: (a) A mediados de enero fue asesinado en la aldea del Carbonal, el maestro Blas López, líder de la etnia Pech en el departamento de Olancho y miembro activo de la resistencia; (b) el 02 de febrero fueron secuestrados temporalmente los jóvenes camarógrafos Manuel de Jesús Murillo Varela, del Programa Hable como Habla y Ricardo Rodríguez, del noticiero Mi Nación, por un comando policial con hombres vestidos de civil que los condujeron a una cárcel clandestina donde fueron torturados.

(c) El 02 de febrero, dos reconocidos miembros de la resistencia hondureña, Ariel Lobo y Ricardo Domínguez, fueron capturados sin orden judicial por policías preventivos que los trasladaron a la posta policial de El Manchén, en la capital de la República, en donde fueron interrogados sobre su supuesta tenencia de armas. En agosto de 2009, Ariel Lobo fue víctima de un intento de secuestro por parte de elementos del ejército y hombres vestidos de civil fuertemente armados que realizaban un supuesto operativo en el centro de la ciudad.

(d) El 03 de febrero fue encontrado el cuerpo sin vida de la sindicalista Vanesa Zepeda, miembro activa de la resistencia contra el golpe de Estado y militante del Sindicato del Instituto Hondureño de Seguridad Social. Antes de su asesinato fue víctima de persecución administrativa a través de audiencias de descargo por parte de las autoridades del Instituto Hondureño de Seguro Social debido a su participación activa en la resistencia democrática.

(e) El 10 de febrero Edgar Martínez, su esposa Carol Rivera y sus hermanos Meliza Rivera y Johan Martínez, junto con una amiga de la familia, fueron secuestrados en la colonia Ciudad Planeta de San Pedro Sula; dos días más tarde fueron liberados después de haber sido torturados y dos de las tres mujeres retenidas, violadas. Esta familia es reconocida por ser miembros activos de la resistencia contra el golpe de Estado.

(f) El 11 de febrero, Porfirio Ponce, miembro del Sindicato de Trabajadores de la Industria de Bebidas y Similares sufrió un allanamiento en su casa en Tegucigalpa por parte de sujetos que se identificaron como policías, quienes destruyeron parte de sus pertenencias, le robaron una computadora con información de sus actividades sindicales y dejaron manchas de sangre en su cama y en las paredes.

(g) El 12 de febrero, Hermes Reyes, artista en resistencia y miembro del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, fue interceptado, forzado a subir a un carro y luego golpeado por tres sujetos que lo interrogaron y lo amenazaron; (h) el 15 de febrero, Julio Fúnez Benítez, miembro del Sindicato de Trabajadores del Servicio y Acueductos y Alcantarillados fue asesinado en Comayagüela, ciudad contigua a Tegucigalpa, por unos sujetos que lo acribillaron desde un taxi y una motocicleta.

(i) El 24 de febrero fue asesinada Claudia Larissa Brizuela en la puerta de su casa por varios individuos que le dispararon 3 balas en la cabeza frente a sus hijos de 2 y 8 años. Claudia era militante de la resistencia hondureña y del sindicato de la alcaldía donde trabajaba, e hija de Pedro Brizuela, connotado dirigente local del Frente Nacional de Resistencia Popular.

(j) El 14 de marzo fue asesinado Nahún Palacios, quien era beneficiario de medidas cautelares otorgadas por la CIDH ya que tras el golpe de Estado este periodista dio cobertura a las manifestaciones anti golpistas y expresó públicamente su rechazo al atentado contra la democracia. Previamente, como consecuencia de su compromiso de informar con objetividad, el 30 de junio de 2009 los militares le confiscaron su equipo de trabajo, allanaron su domicilio, apuntaron a sus hijos con armas y decomisaron su vehículo.

(k) El 17 de marzo fue asesinado Francisco Castillo, miembro de la resistencia nacional y beneficiario de medidas cautelares otorgadas por la CIDH para salvaguardar su vida e integridad; (l) ese mismo día fueron asesinados los líderes campesinos José Antonio Cardoza y José Carías, directivos de la cooperativa Brisas de COHDEFOR, en Carbonales, Bonito Oriental, en la costa caribeña del país.

(m) El 23 de marzo fue asesinado el profesor José Manuel Flores, miembro activo del Frente Nacional de Resistencia Popular, dirigente magisterial y político y miembro del Partido Socialista Centroamericano (PSOCA). Sus asesinos llegaron hasta el centro de estudios donde trabajaba y le dispararon frente a sus alumnos y compañeros docentes.

Los ejemplos anteriores son sólo una muestra de la grave crisis de derechos humanos que vive el país desde la llegada al poder de José Porfirio Lobo Sosa, en cuyo gobierno la estrategia de represión está consistiendo en sembrar el terror mediante el asesinato público y con cierto impacto mediático de las personas que son dirigentes de base del Frente Nacional de Resistencia Popular, evitando así que la comunidad internacional se pronuncie contundentemente como quizá lo haría si los asesinatos estuvieran dirigidos contra los altos dirigentes sociales y populares del país.

El denominador común de todos estos crímenes sigue siendo la impunidad que los rodea, ya que las instituciones del Estado encargadas de investigar estos hechos realizan diligencias sin la seriedad requerida y a juzgar por los resultados, parece que las investigaciones han sido emprendidas como una simple formalidad que desde un principio ha estado destinada al fracaso. Teniendo en cuenta que las autoridades hondureñas encargadas de investigar estas violaciones a los derechos humanos están involucradas en el más alto nivel jerárquico en el golpe de Estado, es evidente que no puede existir capacidad ni voluntad para garantizar el derecho de las víctimas y sus familiares a que los hechos sean esclarecidos y a que los responsables intelectuales y materiales de los mismos sean juzgados y sancionados.

5. El papel de la comunidad internacional frente a la situación de emergencia de los derechos humanos en Honduras
Desde un inicio, la comunidad internacional condenó unánimemente el golpe de Estado y su consecuente violación a los derechos humanos; como resultado, Honduras fue suspendida de la OEA por quebrantamiento de la Carta Democrática Interamericana mediante la Resolución AG/RES. 2 (XXXVII-E/09) aprobada en la segunda sesión plenaria, celebrada el 4 de julio de 2009 durante el Trigésimo Séptimo Período Extraordinario de Sesiones de la Asamblea General.

De acuerdo con el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, el regreso de Honduras a la organización continental es difícil mientras no se cumplan con una serie de requisitos, como por ejemplo, la aplicación de una Comisión de la Verdad que permita conocer la verdad sobre las atrocidades cometidas en el marco del golpe de Estado.

No obstante, el escenario que presentamos en el apartado anterior plantea serias dudas acerca de la voluntad política del nuevo gobierno para garantizar el respeto de los derechos humanos e investigar y sancionar a los responsables intelectuales y materiales de sus violaciones. Más bien, la falta de investigación efectiva y el aumento de la represión selectiva corroboran que las estructuras del golpe de Estado se mantienen intactas en el gobierno actual.

En este sentido, 64 de 128 diputados y diputadas que aprobaron el rompimiento del orden constitucional fueron reelegidos en las pasadas elecciones y se mantienen en el “nuevo” congreso Nacional; estos mismos diputados nombraron al líder del gobierno de facto Roberto Micheletti diputado vitalicio -al estilo Pinochet- para protegerlo de acusaciones penales por violaciones a los derechos humanos, lo cual violenta la Constitución hondureña que no contempla esa figura y la normas internacionales en lo relativo a los derechos políticos y la igualdad ante la ley. A su vez, se aprobó un decreto de amnistía para los crímenes relacionados con el golpe de Estado pero sus ambigüedades están permitiendo su aplicación a violadores de derechos humanos.

El Fiscal General del Ministerio Público, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y el titular del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos siguen dirigiendo esas instituciones claves del sector justicia, pese a su apoyo fundamental al rompimiento del orden democrático. También los altos mandos de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas siguen controlando estas instituciones importantes.

En vez de promover las condiciones para que se realice una investigación seria y diligente sobre la participación de la policía y el ejército en las graves violaciones a los derechos humanos, Lobo Sosa decretó el retiro de la jefatura de las Fuerzas Armadas del General Romeo Vásquez Velásquez para nombrarlo gerente general de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL), empresa estatal clave en lo que se refiere a su uso para actividades de inteligencia militar en contra de las personas en resistencia. Al mismo tiempo, pese al terrible papel de la policía y del ejército en las violaciones a los derechos humanos, el nuevo gobierno ha propuesto aumentar en más de 460 millones de lempiras el presupuesto de las Fuerzas Armadas (alrededor de €18 millones) para crear mil nuevas plazas para soldados y renovar la flota de helicópteros.

Por su parte, la Corte Suprema de Justicia ha declarado sobreseimiento definitivo a favor de seis oficiales militares de alto rango que apoyaron el golpe de Estado pues consideró que su actuación fue para defender la democracia y la paz en Honduras. En el mismo sentido, se han decretado fallos favorables en contra de militares y policías señalados como responsables de violaciones a los derechos humanos. Mientras tanto, todos los recursos judiciales interpuestos por las organizaciones de derechos humanos han sido declarados sin lugar o simplemente engavetados por el sistema judicial hondureño, corroborando de este modo que la construcción y consolidación de un sistema judicial moderno, eficiente, justo, independiente, accesible a la ciudadanía y garante de la seguridad jurídica continúa siendo una tarea urgente.

Finalmente, al mismo tiempo que la represión selectiva sigue golpeando al pueblo hondureño y el gobierno de Lobo Sosa adopta medidas encaminadas a garantizar la impunidad y a premiar a quienes participaron en el golpe de Estado, se está organizando una Comisión de la Verdad que desde ya parece destinada al fracaso ya que muchos de los funcionarios involucrados en el rompimiento del orden democrático “aún se encuentran en funciones, o bien, forman parte de los grupos de poder involucrados en la toma de decisiones, situación que podría impedir que las recomendaciones de una Comisión de la Verdad se hagan realidad”.

En este sentido, Romel Jurado Vargas, ex Secretario Ejecutivo de la Comisión de la Verdad del Ecuador ha sostenido que el mayor capital de una instancia como ésta “son sus comisionados, quienes deben ser elegidos por su alta calidad moral y profesional, pero principalmente, por su lucha en defensa de los derechos humanos”. Por tal razón, el nombramiento de Eduardo Stein, ex vice-presidente de Guatemala y de Vicente Fox, ex presidente de México, como integrantes de la Comisión de la Verdad en Honduras son poco aconsejables porque hay sombras de parcialidad y en general, en el país no existen condiciones necesarias para que una comisión de esta clase cumpla con su papel de establecer la verdad de lo sucedido.

Pese a ello, algunos países, con Estados Unidos a la cabeza, han comenzado a ejercer presión para que el nuevo gobierno de Honduras sea reconocido e integrado al concierto regional y mundial de naciones como si nada hubiera pasado. Nadie está en contra de la reintegración del país a la comunidad internacional, pero el reconocimiento del gobierno de Lobo Sosa no debe realizarse como una carta blanca y sin que cumpla con las recomendaciones que le han hecho diversos órganos de la ONU y de la OEA, así como organizaciones internacionales no gubernamentales de derechos humanos.

En este sentido, la comunidad internacional no debe sentar un pésimo precedente para la democracia en América Latina al reconocer sin condiciones al nuevo gobierno de Honduras y debe presionar para que garantice la realización de investigaciones inmediatas e independientes sobre las violaciones de los derechos humanos denunciadas que permitan conocer la verdad de lo sucedido.

El conocimiento de la verdad además de ser un derecho que debe ser asegurado a las víctimas y sus familiares, es una herramienta de lucha contra la impunidad que no solamente se expresa en la sanción a los responsables materiales e intelectuales y en el resarcimiento a las víctimas y sus familiares, sino que ha de establecer un precedente para evitar a toda costa la repetición de las violaciones a los derechos humanos como las que se cometieron en el marco del golpe de Estado y que continúan cometiéndose bajo el gobierno de Lobo Sosa.