San José, Costa Rica, 18 de marzo de 2010
Un informe de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) concluyó que el golpe de Estado en Honduras, del 28 de junio de 2009, produjo muertes, miles de detenciones arbitrarias, censura, abusos sexuales, torturas y malos tratos que permanecen impunes, todo en un contexto de uso excesivo de la fuerza que afectó principalmente a los opositores al gobierno de facto.
El Consejo de Derechos Humanos conoció el 15 de marzo el informe de la Alta Comisionada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, Navy Pillay, acerca de los abusos ocurridos en Honduras tras el golpe.
“La ausencia de investigaciones judiciales independientes, oportunas y efectivas dejó impunes a la mayoría de los responsables, y a las víctimas, sin protección ni reparación judicial apropiada”, según el informe.
El documento cuestiona el uso sistemático de la fuerza excesiva por parte de fuerzas militares y la Policía para disolver manifestaciones opositoras pacíficas, que causó muertes y heridas; la aplicación de torturas a personas acusadas de ser partidarias del depuesto presidente Manuel Zelaya; miles de detenciones arbitrarias, seguidas de malos tratos y la limitación severa de la libertad de expresión, mediante la ocupación de medios de comunicación y la interferencia o interrupción de sus señales.
Entre sus conclusiones, la Alta Comisionada señaló que los preparativos del proceso electoral del 29 de noviembre, en el que ganó el actual presidente Porfirio Lobo, “tuvieron lugar en el contexto de limitaciones y suspensión de garantías, como la libertad de expresión y el derecho de reunión pacífica.
A la impunidad imperante se suma la desprotección en la que se encuentran las personas en Honduras por no contar con órganos de garantía autónomos, eficaces e independientes que les protejan.
El informe surge en momentos en que el gobierno de Porfirio Lobo procura el reconocimiento de la comunidad internacional. CEJIL insiste en la necesidad de establecer condiciones mínimas para este reconocimiento y en este sentido las consideraciones de la Alta Comisionada constituyen insumos legítimos acerca de las acciones concretas que se deben implementar en Honduras.
Para la Alta Comisionada “la fiscalía, los jueces y la Corte Suprema de Justicia, en general han apoyado a las autoridades de facto defendiendo medidas restrictivas a costa de la protección de los derechos humanos y del respeto del estado de derecho”.
Adicionalmente señaló que “las instituciones encargadas de la protección de derechos humanos y de garantizar el estado de derecho en muchos casos no cumplieron este mandato, como consecuencia principalmente de la falta de independencia”. La señora Pillay concluye que “la falta de independencia del Poder Judicial y la aplicación e interpretación desiguales y discriminatorias de la ley han sido evidentes”.
En cuanto al Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), Ramón Custodio, el informe destacó que “no cumplió con su mandato de proteger los derechos humanos, negándose a investigar las denuncias presentadas a su oficina”. Además mencionó que “en la mayoría de los casos las medidas del propio Comisionado Nacional y su oficina fueron consideradas ineficientes, negligentes, o directamente incompatibles con su mandato.”
Estas afirmaciones de la Alta Comisionada son prueba suficiente del vergonzoso rol que jugaron las autoridades de la Corte Suprema y el CONADEH en el golpe de Estado. A ellos se les debe exigir responsabilidad por sus actuaciones.
Por otra parte, el informe destacó la incompatibilidad de varias normas internas con las obligaciones internacionales del Estado de Honduras e inclusive recomienda enérgicamente revisar o derogar, entre otras, las disposiciones relativas a los delitos de sedición y manifestación ilícita, la Ley de policía y convivencia social y la Ley de estado de sitio.
Esta recomendación es fundamental ya que casi un centenar de personas continúan sometidas a procesos penales por los delitos de sedición y/o manifestación ilícita. Para la Alta Comisionada “estas acusaciones o bien son infundadas, o en el mejor de los casos incongruentes o desproporcionadas”.
CEJIL considera que se debe ordenar el archivo inmediato de este tipo de procesos y cesar la persecución política contra las personas que conforman el Frente Nacional de Resistencia contra el golpe de Estado.
CEJIL aplaude el informe de la Alta Comisionada y hace un llamado a la comunidad internacional para que exijan el cumplimiento de las recomendaciones establecidas en el mismo, previo a conceder el reconocimiento internacional a las nuevas autoridades hondureñas.
Contacto de prensa:
Nancy Marín
Periodista
Programa de CEJIL para Centroamérica y México
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