A dos años del golpe de Estado la impunidad es la seña de identidad en Honduras

A dos años del golpe de Estado, la Convergencia por los Derechos Humanos zona noroccidental se pronuncia en los siguientes términos:

PRIMERO: Denunciamos que frente a las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por policías, civiles y militares desde el rompimiento del orden constitucional, hasta el momento no hay ninguna persona condenada penalmente, lo cual ha generado un clima de terror e impunidad generalizada que socava el ejercicio de las libertades básicas y permite la repetición crónica de este tipo de hechos.

SEGUNDO: Condenamos que a dos años del golpe de Estado continúan las amenazas, ataques, asesinatos, detenciones arbitrarias, restricciones ilegales al derecho a la libertad de expresión y de reunión contra periodistas, defensores y defensoras de derechos humanos y activistas políticos, persecuciones políticas y el uso excesivo de la fuerza contra manifestaciones públicas pacíficas.

TERCERO: Reprochamos que la reincorporación de Honduras a la OEA se haya realizado irrespetando los principios de la Carta Democrática Interamericana y sin que se le exigiera al régimen de Porfirio Lobo Sosa la depuración de las instituciones y la deducción de las responsabilidades correspondientes a los autores intelectuales y materiales de las graves violaciones a los derechos humanos que se siguen cometiendo desde el golpe de Estado.

CUARTO: Denunciamos que pese a la firma del Acuerdo de Cartagena de Indias, continúan la persecución política en su modalidad de sicariato judicial y la impunidad de los victimarios, debido a que las instituciones clave del sector justicia, como la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público y el Comisionado Nacional de Derechos Humanos, siguen en manos de los sectores que defendieron el rompimiento del orden constitucional y avalaron las graves violaciones a los derechos humanos.

QUINTO: Denunciamos el gran número de medidas, reformas y leyes adoptadas que restringen derechos y garantías constitucionales, y violan las obligaciones internacionales del Estado de avanzar gradual y constantemente hacia la más plena realización de los derechos humanos, lo cual implica la prohibición de adoptar medidas deliberadamente regresivas que reduzcan los niveles de protección de los derechos vigentes o supriman los ya existentes.

SEXTO: Demandamos la depuración y destitución inmediata de policías, militares y funcionarios del Poder Judicial, del Ministerio Público y del Ombudsman que se mantienen en las estructuras del Estado para garantizar la impunidad, lo cual se traduce en la restricción del derecho a la justicia de las miles de víctimas que aún esperan que el Estado hondureño cumpla con su obligación de investigar, sancionar y reparar las violaciones de las que han sido objeto.

SÉPTIMO: Exhortamos a la sociedad hondureña en general y a las organizaciones de derechos humanos en particular, a promover acuerdos mínimos para impulsar una alianza nacional que permita elaborar e implementar una estrategia contra la impunidad que incluya la utilización de herramientas jurídicas como el principio de jurisdicción universal y el examen preliminar iniciado por el Fiscal de la Corte Penal Internacional en torno a la responsabilidad penal internacional de los altos responsables de las violaciones a derechos humanos.

OCTAVO: Emplazamos a la comunidad internacional mantenerse vigilantes ante la situación de impunidad y violaciones a derechos humanos en Honduras, y demandamos el establecimiento de una oficina permanente del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.


Convergencia por los Derechos Humanos de la Zona Noroccidental


Dado en la ciudad de San Pedro Sula, Cortés, a los 05 días del mes de julio de 2011.