La Asociación de Jueces por la Democracia (AJD), ante las reiteradas declaraciones de autoridades gubernamentales, y de los titulares de los poderes del Estado respecto a la situación crítica por la que atraviesa actualmente la seguridad de la ciudadanía, y la necesidad de asumir medidas institucionales para frenar el incremento de los actos delictivos, se pronuncia de la manera siguiente:
1. Compartimos con las autoridades gubernamentales, del Legislativo y del Poder Judicial, que la situación de criminalidad y de impunidad exige tomar medidas orientadas a proporcionar seguridad y a devolver la confianza a la ciudadanía en sus instituciones.
2. Medidas como la depuración y reorganización de la Policía son urgentes y necesarias y deben ser impulsadas por el Ejecutivo de forma responsable. Asumir a medias o de forma cosmética esta situación, no hará sino agravar la crisis que actualmente ha desnaturalizado a la policía y que le ha llevado a la autoría, complicidad y protección de actividades ilícitas en el país.
3. Consideramos que es irresponsable que desde el Ejecutivo, la Presidencia del Legislativo y de la misma Presidencia de la Corte Suprema de Justicia, se quiera responsabilizar a los(as) jueces(zas) y magistrados(as) por la situación de inseguridad. No hay que desconocer que los(as) jueces(zas) resuelven bajo dos presupuestos: a) El respeto a las garantías procesales de rango constitucional; y b) De conformidad a las pruebas que aporta el Ministerio Público. En este plano hay que destacar que no es responsabilidad de los órganos jurisdiccionales la inefectividad de la investigación de los hechos delictivos y, tampoco, que las acusaciones en muchos casos no sean respaldadas por el MP con pruebas que demuestren la culpabilidad de los imputados.
4. No es generando animadversión hacia los jueces y juezas que se resolverá la problemática de impunidad, sino mediante una verdadera investigación criminal técnico científica y con un Ministerio Público transparente, eficiente y responsable en las atribuciones que le ha otorgado la Constitución y las Leyes.
5. Rechazamos de forma contundente la iniciativa que impulsan actualmente el Presidente del Congreso Nacional y el Presidente de la República de crear una Superintendencia que vigile las actuaciones de Jueces y Fiscales y que pretende materializarse mediante un decreto legislativo. De aprobarse una ley y un mecanismo de esta naturaleza, ello constituiría una flagrante violación a la independencia de jueces y magistrados y, en la práctica, significaría otorgar a estos dos poderes del Estado facultades que violentarían la independencia de poderes. La existencia de una superintendencia para vigilar e investigar a los jueces, sería un golpe demoledor a la independencia judicial, y vendría a concederle poderes adicionales al ejecutivo para perturbar a los jueces y magistrados en su función, y en algunas circunstancias hasta podría utilizarse para obstruir la justicia.
6. De igual forma, deploramos y nos oponemos a que el Inspector General de Tribunales sea electo por el Congreso Nacional, pues si esto fuera así, tendría los mismos efectos perturbadores y atentatorios contra la independencia judicial.
7. Estamos conscientes de la necesidad de la supervisión de las actuaciones de los jueces y juezas y de la sanción de los actos que se comprueben que están reñidos con la ley, pero esta función debe realizarse a través de los órganos competentes del Poder Judicial.
POR TANTO:
a) Exigimos al Presidente del Ejecutivo, al Presidente del Legislativo y a las autoridades judiciales, el respeto a la independencia de los jueces y juezas en el ejercicio de sus funciones y, deploramos las declaraciones infundadas lesivas a la independencia judicial.
b) Reiteramos nuestra petición de la necesidad de depurar y reorganizar de forma integral la institución policial. De igual manera, pedimos que se proceda a realizar un concurso o evaluación interna en el Poder Judicial, y que mediante el mismo se determine quienes son los jueces aptos para la función jurisdiccional y, que el mismo permita, separar aquellos juzgadores que no reúnan las condiciones para ostentar estos cargos.
c) Solicitamos a los titulares del Poder Ejecutivo y Legislativo, que desistan de las iniciativas de crear una Superintendencia de carácter externo para vigilar e investigar a los jueces y magistrados, asimismo, que no continúen con la pretensión de que la elección del Inspector General de Tribunales sea una atribución del Congreso Nacional.
d) Pedimos que se proceda a la reestructuración de la Inspectoría General de Juzgados y Tribunales para que asuma su función de forma independiente y autónoma y que el nombramiento del Inspector General sea atribución del Consejo de la Judicatura a través de un concurso transparente e imparcial
e) Hacemos un llamado a todos los jueces, juezas, y magistrados(as), a defender la independencia Judicial, de los ataques infundados que buscan debilitarla más. Comprometiéndonos a informar de inmediato de todas estas perturbaciones e injerencias a la Relatora Especial de Naciones Unidas para la Independencia de Jueces y Abogados.
San Pedro Sula, 09 de noviembre de 2011
JUNTA DIRECTIVA NACIONAL
ASOCIACION DE JUECES POR LA DEMOCRACIA
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