Desde mas de una década, Casa Alianza ha venido denunciando ante las autoridades del Gobierno, la sociedad y la opinión pública las ejecuciones y/o muertes violentas de niños, niñas y jóvenes por diferentes actores, incluyendo policías, y ha exigido que estos crímenes sean investigados con eficiencia con el fin de identificar y sancionar a los autores intelectuales y materiales.
De 1998 a la fecha, Casa Alianza ha documentado la ejecución arbitraria de casi seis mil niños, niñas y jóvenes menores de 23 años, los cuales están en la más completa impunidad. Sólo en octubre de este año hubo 95 homicidios de jóvenes, siendo los niños las principales víctimas con 79 muertes violentas.
Por este tipo de hechos, en el año 2006 la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado de Honduras por la ejecución de 4 jóvenes que fueron detenidos ilegalmente por agentes de la policía, el 15 de septiembre de 1995, y que fueron encontrados dos días después en diferentes sectores de Tegucigalpa sin vida y con indicios de haber sido torturados antes de morir, razón por la que el caso fue conocido como “Cuatro Puntos Cardinales”.
No obstante, pese a que las ejecuciones de niños, niñas y jóvenes constituyen una epidemia en Honduras, ha tenido que morir violentamente el hijo de la rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras para que la sociedad hondureña se de cuenta de la grave dimensión de la violencia contra la juventud y para que las autoridades al menos aparenten una cierta preocupación al respecto.
Pese a la gravedad de la situación, los cambios hasta ahora propuestos por el régimen actual son simples maquillajes que dejan intacta la corrupción dentro de la policía nacional y sólo preparan el camino para que las Fuerzas Armadas vuelvan a retomar el control de la policía como sucedió en la década de las desapariciones, torturas y ejecuciones de los años 80 y profundicen la militarización de la sociedad.
Más allá de las posiciones políticas e ideológicas, es un momento preciso para sumarnos a la lucha emprendida por la rectora Julieta Castellanos y otros sectores para lograr cambios estructurales en la policía nacional que pasa por una depuración y sanción de los policías y de los altos mandos involucrados en crímenes, en evitar que los militares asuman labores policiales y en consensuar una verdadera política de seguridad ciudadana desde un enfoque de los derechos humanos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario