El militar argentino Adolfo Scilingo, responsable de secuestros, torturas, desapariciones, apropiaciones de niños e incineraciones durante la dictadura argentina, fue extraditado por México a España y condenado por la Audiencia Nacional de ese país a 640 años de cárcel.
El ex presidente Alberto Fujimori fue extraditado por Chile a Perú donde fue condenado a 25 años de prisión por ser responsable de graves violaciones a derechos humanos durante su mandato.
Los ex militares guatemaltecos Pedro Pimentel Ríos y Santos López Alonzo, responsables de graves violaciones a los derechos humanos durante la guerra, fueron deportados de Estados Unidos para ser juzgados en Guatemala. Por su parte, otro ex militar guatemalteco, Gilberto Jordán, fue sentenciado a 10 años de prisión en Florida, Estados Unidos, por su participación en crímenes de lesa humanidad.
A estos militares se suman el general retirado Héctor Mario López Fuentes, acusado de genocidio y crímenes de lesa humanidad en Guatemala, y los 20 militares y ex militares salvadoreños sobre los que pesan órdenes de captura internacional librada por la Audiencia Nacional de España que los acusa del asesinato de 6 sacerdotes jesuitas y 2 mujeres en noviembre de 1989.
También el ex oficial del ejército peruano Telmo Hurtado que fue extraditado por Estados Unidos al Perú el pasado 14 de julio tras haber sido requerido por las autoridades peruanas por su participación en la masacre de 69 campesinos de Accomarca, entre ellos varios niños, el 14 de agosto de 1985.
Y el pasado fin de semana conocimos la noticia de que el ex militar hondureño Cristóbal González Ramírez había sido capturado en Canadá por su participación en graves violaciones a los derechos humanos durante los años 80 como miembro activo del sangriento Batallón 3-16.
Pudiéramos continuar con una lista interminable de nombres de militares y policías violadores a derechos humanos que creyeron que podrían escapar de la justicia, pues al igual que los responsables de los crímenes de lesa humanidad cometidos desde el golpe de Estado, no quisieron darse cuenta de que tales crímenes no prescriben y el haberlos ordenado o cometido los convierte en los parias del mundo civilizado.
Por eso, tarde o temprano veremos a los altos responsables militares, civiles y policiales del golpe de Estado desfilar ante la justicia, pues sus crímenes son una mancha imborrable para la humanidad que sólo puede limpiarse con su castigo y su encierro en el basurero de la historia.
jueves, 28 de julio de 2011
Corresponsal de Radio Progreso amenazado de muerte
Alertas C-Libre
27 de julio de 2011
Tegucigalpa, Honduras. (C-Libre/Conexhion). Roberto García Fúnez, corresponsal de Radio Progreso, en el municipio de Arizona departamento de Atlántida denunció a C-Libre, que está siendo objeto de amenazas a muerte por parte de desconocidos.
“He recibido llamadas de números que no puedo identificar, donde me amenazan a muerte a mí, a mi esposa y a mis hijos”. “Tengo miedo, temó por mi vida y la de mi familia, mi esposa está embarazada”, dijo muy nervioso y preocupado, el comunicador.
“Vehículos sospechosos rondan mi vivienda y se estacionan en frente, en un claro acto de intimidación”, aseguró García.
El comunicador tiene dos años como corresponsal de Radio Progreso y dentro de su labor periodística ha cubierto constantemente los acontecimientos alrededor de la construcción de las represas hidroeléctricas en la zona litoral de Honduras, las que según las organizaciones defensoras del medio ambiente se realizan sin la participación y anuencia de las comunidades, pero con la complicidad de las autoridades municipales, tal es el caso del Acalde de Arizona, Adolfo Paguada.
Gricelda Yamileth Monje, esposa de Roberto, contó que el alcalde de Arizona utilizó los nombres, firmas y números de teléfono, incluso el de su esposo y suegro, recogidas en una reunión realizada en la ciudad de Tela, departamento de Atlántida, donde se discutió el asunto de la construcción de las mini represas, pero que no se aprobó su construcción, y las adhirió, sin consentimiento de los participantes, a un documento en apoyo a las intenciones de las compañías hidroeléctricas, y que luego lo envió al Congreso Nacional de la República.
Las amenazas de muerte se suscitaron después que el comunicador realizó varios reportajes para Radio Progreso, donde exponía los sucesos alrededor de las represas, y han aumentado tras haber presentado, el pasado 25 de julio, ante el Ministerio Público y medios de comunicación, una demanda por agresión física por parte del alcalde de Arizona, sucedida el 17 de junio.
García narró que para esa fecha, fue invitado por la alcaldía a un cabildo abierto en el cual estarían las autoridades del municipio. El edil en su discurso, aseguró que García lo había difamado al decir cosas en contra de él y que la cobertura que éste hacía afectaba su imagen y agitaba a la población.
En la referida asamblea el alcalde se le abalanzó a García y lo golpeo con la mano abierta en su pecho, también quiso pegarle con el puño cerrado pero dos personas lo evitaron. “El alcalde me negó la participación para defenderme de sus acusaciones y explicarle al pueblo que es lo que había pasado. Me hizo una acusación, por eso me subí al estrado principal donde el estaba con su corporación, para pedirle que me dejara explicar al pueblo la mentira de la cual me acusaba, entonces el me dijo: ¿me estás diciendo mentiroso? Y se lanzó sobre mí. Esto provocó mi reacción”, explicó García.
En una clara autocensura, el corresponsal de Radio Progreso, manifiesta que, “Mis reportes para Radio Progreso han disminuido porque no me quiero morir ahorita, me preocupa mucho esta situación, incluso mi esposa está embarazada, siento mucha pena por ella por estar viviendo estas amenazas. Cuando mi hija va a la escuela le da miedo, mi esposa tiene pesadillas, es terrible lo que estamos viviendo”. Por otra parte aseguró que no tiene confianza en las autoridades, porque no ve seriedad en la investigación del caso.
El párroco de la iglesia de Arizona, Cesar Espinoza, aseguró que el clima de violencia se agudiza más en el sector. Según Espinoza son ya 14 las personas asesinadas desde enero, además 24 familias han tenido que desplazarse de sus lugares, dejándolo todo, por el miedo. “Las autoridades son corruptas, reciben sobornos, los criminales son gente de allí mismo, por miedo no decimos los nombres pero todos saben quiénes son. Vivimos en un estado fallido”, aseguró Espinoza quien ha apoyado a García en su caso.
Por su parte la Red de Patronatos en Defensa de los Recursos Naturales, el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) y otros colectivos sociales y comunitarios, organizaron una marcha para pronunciarse en contra de las amenazas y agresiones que ha recibido el comunicador y en general por la situación de violencia que sufren los que defienden la vida y los recursos naturales.
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Fuente: Comité por la Libre Expresión (C-Libre).
27 de julio de 2011
Tegucigalpa, Honduras. (C-Libre/Conexhion). Roberto García Fúnez, corresponsal de Radio Progreso, en el municipio de Arizona departamento de Atlántida denunció a C-Libre, que está siendo objeto de amenazas a muerte por parte de desconocidos.
“He recibido llamadas de números que no puedo identificar, donde me amenazan a muerte a mí, a mi esposa y a mis hijos”. “Tengo miedo, temó por mi vida y la de mi familia, mi esposa está embarazada”, dijo muy nervioso y preocupado, el comunicador.
“Vehículos sospechosos rondan mi vivienda y se estacionan en frente, en un claro acto de intimidación”, aseguró García.
El comunicador tiene dos años como corresponsal de Radio Progreso y dentro de su labor periodística ha cubierto constantemente los acontecimientos alrededor de la construcción de las represas hidroeléctricas en la zona litoral de Honduras, las que según las organizaciones defensoras del medio ambiente se realizan sin la participación y anuencia de las comunidades, pero con la complicidad de las autoridades municipales, tal es el caso del Acalde de Arizona, Adolfo Paguada.
Gricelda Yamileth Monje, esposa de Roberto, contó que el alcalde de Arizona utilizó los nombres, firmas y números de teléfono, incluso el de su esposo y suegro, recogidas en una reunión realizada en la ciudad de Tela, departamento de Atlántida, donde se discutió el asunto de la construcción de las mini represas, pero que no se aprobó su construcción, y las adhirió, sin consentimiento de los participantes, a un documento en apoyo a las intenciones de las compañías hidroeléctricas, y que luego lo envió al Congreso Nacional de la República.
Las amenazas de muerte se suscitaron después que el comunicador realizó varios reportajes para Radio Progreso, donde exponía los sucesos alrededor de las represas, y han aumentado tras haber presentado, el pasado 25 de julio, ante el Ministerio Público y medios de comunicación, una demanda por agresión física por parte del alcalde de Arizona, sucedida el 17 de junio.
García narró que para esa fecha, fue invitado por la alcaldía a un cabildo abierto en el cual estarían las autoridades del municipio. El edil en su discurso, aseguró que García lo había difamado al decir cosas en contra de él y que la cobertura que éste hacía afectaba su imagen y agitaba a la población.
En la referida asamblea el alcalde se le abalanzó a García y lo golpeo con la mano abierta en su pecho, también quiso pegarle con el puño cerrado pero dos personas lo evitaron. “El alcalde me negó la participación para defenderme de sus acusaciones y explicarle al pueblo que es lo que había pasado. Me hizo una acusación, por eso me subí al estrado principal donde el estaba con su corporación, para pedirle que me dejara explicar al pueblo la mentira de la cual me acusaba, entonces el me dijo: ¿me estás diciendo mentiroso? Y se lanzó sobre mí. Esto provocó mi reacción”, explicó García.
En una clara autocensura, el corresponsal de Radio Progreso, manifiesta que, “Mis reportes para Radio Progreso han disminuido porque no me quiero morir ahorita, me preocupa mucho esta situación, incluso mi esposa está embarazada, siento mucha pena por ella por estar viviendo estas amenazas. Cuando mi hija va a la escuela le da miedo, mi esposa tiene pesadillas, es terrible lo que estamos viviendo”. Por otra parte aseguró que no tiene confianza en las autoridades, porque no ve seriedad en la investigación del caso.
El párroco de la iglesia de Arizona, Cesar Espinoza, aseguró que el clima de violencia se agudiza más en el sector. Según Espinoza son ya 14 las personas asesinadas desde enero, además 24 familias han tenido que desplazarse de sus lugares, dejándolo todo, por el miedo. “Las autoridades son corruptas, reciben sobornos, los criminales son gente de allí mismo, por miedo no decimos los nombres pero todos saben quiénes son. Vivimos en un estado fallido”, aseguró Espinoza quien ha apoyado a García en su caso.
Por su parte la Red de Patronatos en Defensa de los Recursos Naturales, el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) y otros colectivos sociales y comunitarios, organizaron una marcha para pronunciarse en contra de las amenazas y agresiones que ha recibido el comunicador y en general por la situación de violencia que sufren los que defienden la vida y los recursos naturales.
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Fuente: Comité por la Libre Expresión (C-Libre).
martes, 19 de julio de 2011
Justicia para que los crímenes jamás vuelvan a repetirse
El Estatuto de Roma que crea la Corte Penal Internacional establece que los crímenes de lesa humanidad son todos aquellos actos inhumanos como el asesinato, la tortura, la violación o cualquier otra forma de violencia sexual, la privación grave de la libertad personal, la persecución por motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género, entre otros.
No obstante, se requiere que la comisión de dichos actos reúna tres requisitos: En primer lugar, deben cometerse como parte de un ataque generalizado o sistemático; en segundo lugar, deben dirigirse contra una población civil; y en tercer lugar, deben cometerse de conformidad con la política de un Estado o de una organización, lo cual implica que pueden cometerlos agentes estatales o personas que actúen a incitación suya o con su consentimiento o beneplácito.
El informe de la oficialista comisión de la verdad señala que entre las numerosas violaciones a los derechos humanos cometidas en su mayoría por policías y militares se encuentran 20 asesinatos. Y lo más importante, es que establece claramente los elementos para que tales asesinatos sean considerados crímenes de lesa humanidad.
En primer lugar, señala que eran parte de un ataque generalizado con el objeto de reprimir a la oposición al gobierno de facto; en segundo lugar, que estaban dirigidos contra la población civil en resistencia; y en tercer lugar, que dichos asesinatos formaban parte de una política estatal de represión desarrollada en un marco general de impunidad estructural y tolerancia por los mandos superiores.
Tomando en cuenta que las instituciones públicas responsables de impartir justicia y de defender los derechos humanos no han asumido sus funciones y misiones institucionales, y a la luz de las medidas tomadas para dejar en la impunidad estos crímenes, es claro que no existe voluntad ni capacidad para perseguir a los más altos responsables militares, civiles y policiales que elaboraron y ejecutaron dicha política de represión.
Por tanto, el escenario está servido para que la justicia de cualquier país comprometido con la lucha contra la impunidad o la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, inicie las investigaciones necesarias para procesar y sancionar a los autores de todas estas violaciones a los derechos humanos, particularmente a aquellos que ostentan los máximos niveles de responsabilidad, y lograr que jamás vuelvan a repetirse.
No obstante, se requiere que la comisión de dichos actos reúna tres requisitos: En primer lugar, deben cometerse como parte de un ataque generalizado o sistemático; en segundo lugar, deben dirigirse contra una población civil; y en tercer lugar, deben cometerse de conformidad con la política de un Estado o de una organización, lo cual implica que pueden cometerlos agentes estatales o personas que actúen a incitación suya o con su consentimiento o beneplácito.
El informe de la oficialista comisión de la verdad señala que entre las numerosas violaciones a los derechos humanos cometidas en su mayoría por policías y militares se encuentran 20 asesinatos. Y lo más importante, es que establece claramente los elementos para que tales asesinatos sean considerados crímenes de lesa humanidad.
En primer lugar, señala que eran parte de un ataque generalizado con el objeto de reprimir a la oposición al gobierno de facto; en segundo lugar, que estaban dirigidos contra la población civil en resistencia; y en tercer lugar, que dichos asesinatos formaban parte de una política estatal de represión desarrollada en un marco general de impunidad estructural y tolerancia por los mandos superiores.
Tomando en cuenta que las instituciones públicas responsables de impartir justicia y de defender los derechos humanos no han asumido sus funciones y misiones institucionales, y a la luz de las medidas tomadas para dejar en la impunidad estos crímenes, es claro que no existe voluntad ni capacidad para perseguir a los más altos responsables militares, civiles y policiales que elaboraron y ejecutaron dicha política de represión.
Por tanto, el escenario está servido para que la justicia de cualquier país comprometido con la lucha contra la impunidad o la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, inicie las investigaciones necesarias para procesar y sancionar a los autores de todas estas violaciones a los derechos humanos, particularmente a aquellos que ostentan los máximos niveles de responsabilidad, y lograr que jamás vuelvan a repetirse.
viernes, 15 de julio de 2011
Asesinan a director de radio Joconguera en el municipio de Candelaria, departamento de Lempira
Alerta C-Libre
14 de julio de 2011
Tegucigalpa, Honduras. (C-Libre/Conexihon). Nery Geremias Orellana de 26 años de edad, director de la radio Joconguera del municipio de Candelaria departamento de Lempira, murió el día de hoy, 14 de julio, a la 2:00 de la tarde, en el hospital público del Municipio de Sensuntepeque, de la República de El Salvador, como resultado de un impacto de bala en el cráneo.
El cuerpo aun con vida de Nery Geremias Orellana fue encontrado a las 9:30 de la mañana sobre la carretera que conduce a la aldea San Lorenzo, luego fue llevado a la clínica publica de la localidad donde le dieron los primeros auxilios, pero ante la gravedad de la herirá fue llevado en ambulancia hacia la comunidad de Sensuntepque.
A las 9:26 de la mañana Nery Geremias Orellana se comunicó a Radio Progreso donde confirmó su participación en la reunión de radios comunitarias de la zona occidental a realizarse el día viernes 15 de julio en la ciudad de La Esperanza, departamento de Intibucá. Minutos más tarde, a las 9:30 de la mañana, mientras se conducía, en su motocicleta, de su lugar de residencia en la Aldea San Lorenzo hacia la emisora en el municipio de Candelaria, fue tiroteado por desconocidos.
El padre Jose Amilcar Lara, párroco de Candelaria Lempira, informó a C-Libre que el comunicador social, como director y administrador de la radio, le había abierto los espacios comunicativos a la iglesia católica para que trasmitiera sus misas, lo mismo habría hecho con el Frente Amplio de Resistencia Popular (FARP), al darle la oportunidad de divulgar su programa. Asimismo el sacerdote denunció que ante las amenazas a muerte recibidas a su persona y contra el comunicador social Hernán Castro y el señor Manuel Bonilla actual alcalde de Candelaria, la radio hizo las denuncias respectivas.
La radio Joconguera, a pesar de ser una radio comercial, ha puesto sus espacios informativos al servicio comunitario y es un canal comunicativo que denuncia constantemente las atrocidades que se cometen contra las comunidades de la zona.
Además de director de radio Loconguera, Geremias Orellana, era corresponsal de Radio Progreso, miembro de la Red alternativa de Radios Comunitarias, militante del Frente Amplio de Resistencia Popular y un ferviente servidor de la iglesia católica de aquella comunidad.
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Fuente: Comité por la Libre Expresión (C-Libre).
14 de julio de 2011
Tegucigalpa, Honduras. (C-Libre/Conexihon). Nery Geremias Orellana de 26 años de edad, director de la radio Joconguera del municipio de Candelaria departamento de Lempira, murió el día de hoy, 14 de julio, a la 2:00 de la tarde, en el hospital público del Municipio de Sensuntepeque, de la República de El Salvador, como resultado de un impacto de bala en el cráneo.
El cuerpo aun con vida de Nery Geremias Orellana fue encontrado a las 9:30 de la mañana sobre la carretera que conduce a la aldea San Lorenzo, luego fue llevado a la clínica publica de la localidad donde le dieron los primeros auxilios, pero ante la gravedad de la herirá fue llevado en ambulancia hacia la comunidad de Sensuntepque.
A las 9:26 de la mañana Nery Geremias Orellana se comunicó a Radio Progreso donde confirmó su participación en la reunión de radios comunitarias de la zona occidental a realizarse el día viernes 15 de julio en la ciudad de La Esperanza, departamento de Intibucá. Minutos más tarde, a las 9:30 de la mañana, mientras se conducía, en su motocicleta, de su lugar de residencia en la Aldea San Lorenzo hacia la emisora en el municipio de Candelaria, fue tiroteado por desconocidos.
El padre Jose Amilcar Lara, párroco de Candelaria Lempira, informó a C-Libre que el comunicador social, como director y administrador de la radio, le había abierto los espacios comunicativos a la iglesia católica para que trasmitiera sus misas, lo mismo habría hecho con el Frente Amplio de Resistencia Popular (FARP), al darle la oportunidad de divulgar su programa. Asimismo el sacerdote denunció que ante las amenazas a muerte recibidas a su persona y contra el comunicador social Hernán Castro y el señor Manuel Bonilla actual alcalde de Candelaria, la radio hizo las denuncias respectivas.
La radio Joconguera, a pesar de ser una radio comercial, ha puesto sus espacios informativos al servicio comunitario y es un canal comunicativo que denuncia constantemente las atrocidades que se cometen contra las comunidades de la zona.
Además de director de radio Loconguera, Geremias Orellana, era corresponsal de Radio Progreso, miembro de la Red alternativa de Radios Comunitarias, militante del Frente Amplio de Resistencia Popular y un ferviente servidor de la iglesia católica de aquella comunidad.
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Fuente: Comité por la Libre Expresión (C-Libre).
martes, 12 de julio de 2011
Una prueba “oficial” servida en bandeja de plata para la Corte Penal Internacional
El recién presentado informe de la oficialista Comisión de la Verdad confirma, como lo plantea El País, uno de los diarios españoles más importantes, que “Honduras cierra en falso la investigación del golpe militar”, pues aunque la desligitimada OEA, a través de su secretario general José Miguel Insulza, declare que el “capítulo del golpe ya está cerrado”, para las miles de víctimas ignoradas y las pocas reconocidas por este informe, las heridas seguirán abiertas mientras toda la verdad no sea revelada y los victimarios no sean castigados.
No obstante, este informe oficial contiene elementos importantes que deben servir de insumo para que el Fiscal de la Corte Penal Internacional decida investigar de oficio los crímenes internacionales cometidos desde el golpe de Estado.
En primer lugar, el informe establece que desde el golpe de Estado se cometieron numerosas violaciones a los derechos humanos en un marco general de impunidad estructural y tolerancia por los mandos superiores, entre las que caben destacar la ejecución de 20 hondureños y hondureñas por parte de la policía y las fuerzas armadas.
En segundo lugar, el informe señala que tales violaciones fueron ordenadas, autorizadas y encubiertas por los mandos y autoridades superiores de la Policía y las Fuerzas Armadas.
En tercer lugar, el informe ratifica que estas violaciones eran parte de una política estatal de represión.
En cuarto lugar, el informe confirma que las instituciones del Estado responsables de impartir justicia y de defender los derechos humanos, no asumieron sus funciones y misiones institucionales, y desestimaron las denuncias ciudadanas o reaccionaron de forma tardía.
Estos datos ratifican lo que desde un inicio venimos denunciando, que los altos responsables civiles, policiales y militares del gobierno de facto, han cometido crímenes de lesa humanidad que deben ser investigados y juzgados por la Corte Penal Internacional, ya que el Estado de Honduras no tiene capacidad ni voluntad de perseguirlos penalmente.
Pese a las omisiones, las ambigüedades y las contradicciones de este informe, las organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos deben aprovechar esta información para avanzar en una estrategia articulada que allane el camino a la condena de todos aquellos que ordenaron, encubrieron y alentaron la comisión de tales crímenes.
No obstante, este informe oficial contiene elementos importantes que deben servir de insumo para que el Fiscal de la Corte Penal Internacional decida investigar de oficio los crímenes internacionales cometidos desde el golpe de Estado.
En primer lugar, el informe establece que desde el golpe de Estado se cometieron numerosas violaciones a los derechos humanos en un marco general de impunidad estructural y tolerancia por los mandos superiores, entre las que caben destacar la ejecución de 20 hondureños y hondureñas por parte de la policía y las fuerzas armadas.
En segundo lugar, el informe señala que tales violaciones fueron ordenadas, autorizadas y encubiertas por los mandos y autoridades superiores de la Policía y las Fuerzas Armadas.
En tercer lugar, el informe ratifica que estas violaciones eran parte de una política estatal de represión.
En cuarto lugar, el informe confirma que las instituciones del Estado responsables de impartir justicia y de defender los derechos humanos, no asumieron sus funciones y misiones institucionales, y desestimaron las denuncias ciudadanas o reaccionaron de forma tardía.
Estos datos ratifican lo que desde un inicio venimos denunciando, que los altos responsables civiles, policiales y militares del gobierno de facto, han cometido crímenes de lesa humanidad que deben ser investigados y juzgados por la Corte Penal Internacional, ya que el Estado de Honduras no tiene capacidad ni voluntad de perseguirlos penalmente.
Pese a las omisiones, las ambigüedades y las contradicciones de este informe, las organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos deben aprovechar esta información para avanzar en una estrategia articulada que allane el camino a la condena de todos aquellos que ordenaron, encubrieron y alentaron la comisión de tales crímenes.
miércoles, 6 de julio de 2011
Otro periodista asesinado en Honduras.
Alerta C-Libre.
05 de julio de 2011
Tegucigalpa, Honduras. (C-Libre/Conexihon). El comunicador social y productor de televisión, Adán Benítez, con más de quince años de experiencia en los medios de comunicación fue asesinado el lunes en la noche, en la ciudad de La Ceiba, departamento de Atlántida, al norte de Honduras.
De acuerdo a las fuentes policiales presentes en la escena del crimen, el periodista se conducía hacia su casa de habitación en el barrio Alvarado, pero al transitar por la calle principal que da acceso al hospital Dantoni de la Ceiba fue interceptado por dos individuos quienes lo despojaron de sus pertenencias y luego, ante el reclamo del comunicador, le quitaron la vida pegándole un disparo en la cabeza.
Así mismo la policía, en una concisa declaración, asegura que el móvil del crimen fue el robo, en vista que la víctima no tenía sus pertenencias. Sin embargo fuentes de C-Libre en la ciudad de La Ceiba confirmaron que la semana pasada Benítez había denunciado, vía telefónica, en el noticiario “Diario de la Mañana”, que se trasmite de 6:00-9:00am por el canal 45 de la localidad, a una banda de delincuentes que se dedican al saqueo de vehículos, incluso se nos informó que Benítez expresó, en dicho programa, que conocía a los malhechores.
El comunicador social laboró para diferentes medios de comunicación en la ciudad de La Ceiba, entre ellos Canal 14, Canal 7 (TeleCeiba), Estéreo McIntosh - FM 103.5 y Canal 36.
Con el asesinato de Adán Benítez son cuatro los periodistas asesinados en el departamento de Atlántida y 13 las víctimas reportadas a nivel nacional. Se suma a esta lista, de los comunicadores asesinados, el propietario de canal 24 de la ciudad de Danlí, en el oriente del país.
Hasta el momento, el Estado ha mostrado incapacidad institucional para prevenir las violaciones y los asesinatos e investigar y sancionar a los perpetradores por lo que la mayoría de las muertes permanece en una situación de preocupante impunidad.
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Fuente: Comité por la Libre Expresión (C-Libre).
05 de julio de 2011
Tegucigalpa, Honduras. (C-Libre/Conexihon). El comunicador social y productor de televisión, Adán Benítez, con más de quince años de experiencia en los medios de comunicación fue asesinado el lunes en la noche, en la ciudad de La Ceiba, departamento de Atlántida, al norte de Honduras.
De acuerdo a las fuentes policiales presentes en la escena del crimen, el periodista se conducía hacia su casa de habitación en el barrio Alvarado, pero al transitar por la calle principal que da acceso al hospital Dantoni de la Ceiba fue interceptado por dos individuos quienes lo despojaron de sus pertenencias y luego, ante el reclamo del comunicador, le quitaron la vida pegándole un disparo en la cabeza.
Así mismo la policía, en una concisa declaración, asegura que el móvil del crimen fue el robo, en vista que la víctima no tenía sus pertenencias. Sin embargo fuentes de C-Libre en la ciudad de La Ceiba confirmaron que la semana pasada Benítez había denunciado, vía telefónica, en el noticiario “Diario de la Mañana”, que se trasmite de 6:00-9:00am por el canal 45 de la localidad, a una banda de delincuentes que se dedican al saqueo de vehículos, incluso se nos informó que Benítez expresó, en dicho programa, que conocía a los malhechores.
El comunicador social laboró para diferentes medios de comunicación en la ciudad de La Ceiba, entre ellos Canal 14, Canal 7 (TeleCeiba), Estéreo McIntosh - FM 103.5 y Canal 36.
Con el asesinato de Adán Benítez son cuatro los periodistas asesinados en el departamento de Atlántida y 13 las víctimas reportadas a nivel nacional. Se suma a esta lista, de los comunicadores asesinados, el propietario de canal 24 de la ciudad de Danlí, en el oriente del país.
Hasta el momento, el Estado ha mostrado incapacidad institucional para prevenir las violaciones y los asesinatos e investigar y sancionar a los perpetradores por lo que la mayoría de las muertes permanece en una situación de preocupante impunidad.
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Fuente: Comité por la Libre Expresión (C-Libre).
A dos años del golpe de Estado la impunidad es la seña de identidad en Honduras
A dos años del golpe de Estado, la Convergencia por los Derechos Humanos zona noroccidental se pronuncia en los siguientes términos:
PRIMERO: Denunciamos que frente a las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por policías, civiles y militares desde el rompimiento del orden constitucional, hasta el momento no hay ninguna persona condenada penalmente, lo cual ha generado un clima de terror e impunidad generalizada que socava el ejercicio de las libertades básicas y permite la repetición crónica de este tipo de hechos.
SEGUNDO: Condenamos que a dos años del golpe de Estado continúan las amenazas, ataques, asesinatos, detenciones arbitrarias, restricciones ilegales al derecho a la libertad de expresión y de reunión contra periodistas, defensores y defensoras de derechos humanos y activistas políticos, persecuciones políticas y el uso excesivo de la fuerza contra manifestaciones públicas pacíficas.
TERCERO: Reprochamos que la reincorporación de Honduras a la OEA se haya realizado irrespetando los principios de la Carta Democrática Interamericana y sin que se le exigiera al régimen de Porfirio Lobo Sosa la depuración de las instituciones y la deducción de las responsabilidades correspondientes a los autores intelectuales y materiales de las graves violaciones a los derechos humanos que se siguen cometiendo desde el golpe de Estado.
CUARTO: Denunciamos que pese a la firma del Acuerdo de Cartagena de Indias, continúan la persecución política en su modalidad de sicariato judicial y la impunidad de los victimarios, debido a que las instituciones clave del sector justicia, como la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público y el Comisionado Nacional de Derechos Humanos, siguen en manos de los sectores que defendieron el rompimiento del orden constitucional y avalaron las graves violaciones a los derechos humanos.
QUINTO: Denunciamos el gran número de medidas, reformas y leyes adoptadas que restringen derechos y garantías constitucionales, y violan las obligaciones internacionales del Estado de avanzar gradual y constantemente hacia la más plena realización de los derechos humanos, lo cual implica la prohibición de adoptar medidas deliberadamente regresivas que reduzcan los niveles de protección de los derechos vigentes o supriman los ya existentes.
SEXTO: Demandamos la depuración y destitución inmediata de policías, militares y funcionarios del Poder Judicial, del Ministerio Público y del Ombudsman que se mantienen en las estructuras del Estado para garantizar la impunidad, lo cual se traduce en la restricción del derecho a la justicia de las miles de víctimas que aún esperan que el Estado hondureño cumpla con su obligación de investigar, sancionar y reparar las violaciones de las que han sido objeto.
SÉPTIMO: Exhortamos a la sociedad hondureña en general y a las organizaciones de derechos humanos en particular, a promover acuerdos mínimos para impulsar una alianza nacional que permita elaborar e implementar una estrategia contra la impunidad que incluya la utilización de herramientas jurídicas como el principio de jurisdicción universal y el examen preliminar iniciado por el Fiscal de la Corte Penal Internacional en torno a la responsabilidad penal internacional de los altos responsables de las violaciones a derechos humanos.
OCTAVO: Emplazamos a la comunidad internacional mantenerse vigilantes ante la situación de impunidad y violaciones a derechos humanos en Honduras, y demandamos el establecimiento de una oficina permanente del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Convergencia por los Derechos Humanos de la Zona Noroccidental
Dado en la ciudad de San Pedro Sula, Cortés, a los 05 días del mes de julio de 2011.
PRIMERO: Denunciamos que frente a las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por policías, civiles y militares desde el rompimiento del orden constitucional, hasta el momento no hay ninguna persona condenada penalmente, lo cual ha generado un clima de terror e impunidad generalizada que socava el ejercicio de las libertades básicas y permite la repetición crónica de este tipo de hechos.
SEGUNDO: Condenamos que a dos años del golpe de Estado continúan las amenazas, ataques, asesinatos, detenciones arbitrarias, restricciones ilegales al derecho a la libertad de expresión y de reunión contra periodistas, defensores y defensoras de derechos humanos y activistas políticos, persecuciones políticas y el uso excesivo de la fuerza contra manifestaciones públicas pacíficas.
TERCERO: Reprochamos que la reincorporación de Honduras a la OEA se haya realizado irrespetando los principios de la Carta Democrática Interamericana y sin que se le exigiera al régimen de Porfirio Lobo Sosa la depuración de las instituciones y la deducción de las responsabilidades correspondientes a los autores intelectuales y materiales de las graves violaciones a los derechos humanos que se siguen cometiendo desde el golpe de Estado.
CUARTO: Denunciamos que pese a la firma del Acuerdo de Cartagena de Indias, continúan la persecución política en su modalidad de sicariato judicial y la impunidad de los victimarios, debido a que las instituciones clave del sector justicia, como la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público y el Comisionado Nacional de Derechos Humanos, siguen en manos de los sectores que defendieron el rompimiento del orden constitucional y avalaron las graves violaciones a los derechos humanos.
QUINTO: Denunciamos el gran número de medidas, reformas y leyes adoptadas que restringen derechos y garantías constitucionales, y violan las obligaciones internacionales del Estado de avanzar gradual y constantemente hacia la más plena realización de los derechos humanos, lo cual implica la prohibición de adoptar medidas deliberadamente regresivas que reduzcan los niveles de protección de los derechos vigentes o supriman los ya existentes.
SEXTO: Demandamos la depuración y destitución inmediata de policías, militares y funcionarios del Poder Judicial, del Ministerio Público y del Ombudsman que se mantienen en las estructuras del Estado para garantizar la impunidad, lo cual se traduce en la restricción del derecho a la justicia de las miles de víctimas que aún esperan que el Estado hondureño cumpla con su obligación de investigar, sancionar y reparar las violaciones de las que han sido objeto.
SÉPTIMO: Exhortamos a la sociedad hondureña en general y a las organizaciones de derechos humanos en particular, a promover acuerdos mínimos para impulsar una alianza nacional que permita elaborar e implementar una estrategia contra la impunidad que incluya la utilización de herramientas jurídicas como el principio de jurisdicción universal y el examen preliminar iniciado por el Fiscal de la Corte Penal Internacional en torno a la responsabilidad penal internacional de los altos responsables de las violaciones a derechos humanos.
OCTAVO: Emplazamos a la comunidad internacional mantenerse vigilantes ante la situación de impunidad y violaciones a derechos humanos en Honduras, y demandamos el establecimiento de una oficina permanente del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Convergencia por los Derechos Humanos de la Zona Noroccidental
Dado en la ciudad de San Pedro Sula, Cortés, a los 05 días del mes de julio de 2011.
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