Pronunciamiento de la Convergencia por los Derechos Humanos

La Convergencia por los Derechos Humanos de la zona noroccidental de Honduras ante la comunidad nacional e internacional manifestamos lo siguiente:

PRIMERO: Condenamos la muerte de 376 personas privadas de libertad en la granja penal de Comayagua que ratifica una vez más el colapso total del sistema penitenciario hondureño como consecuencia de la falta de voluntad de los poderes del Estado para adoptar una política pública integral en la materia.

SEGUNDO: Denunciamos que esta tragedia, que se suma a las acaecidas en la granja penal de El Porvenir en el 2003 y el centro penal de San Pedro Sula en el 2004, son responsabilidad del Estado, no sólo porque las personas privadas de libertad se encontraban en una relación especial de sujeción frente a él, sino también porque son muertes que pudieron evitarse si el Estado hubiera adoptado las medidas que diversos órganos internacionales le han venido recomendando desde hace varios años.

TERCERO: Recordamos que en la sentencia López Álvarez, la Corte Interamericana de Derechos Humanos le ordenó al Estado de Honduras adoptar medidas destinadas a mejorar las condiciones físicas y sanitarias de los establecimientos penitenciarios del país consecuentes con los estándares internacionales sobre la materia e implementar un programa de capacitación en derechos humanos de los funcionarios penitenciarios.

CUARTO: Denunciamos que el Estado hondureño ha hecho caso omiso a dicha sentencia así como a las observaciones hechas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quien el año 2010 le recomendó adoptar medidas adecuadas y efectivas para evitar la sobrepoblación de los centros penales y dotarlos del equipo y los dispositivos necesarios para resolver en forma adecuada y eficiente situaciones de emergencia; capacitar al personal civil y de seguridad de los centros penales con programas permanentes de derechos humanos y de planes de emergencia y evacuación para enfrentar incendios u otro tipo de catástrofes; y realizar un adecuado mantenimiento y reparación de las instalaciones eléctricas de los centros penales.

QUINTO: Rechazamos las propuestas de ciertos sectores político-empresariales de aprovechar esta tragedia para iniciar un proceso de privatización de los centros penales y le recordamos al Estado su obligación constitucional e internacional de generar la capacidad institucional en el sector público para avanzar hacia una política integral en materia de seguridad y sistema penitenciario.

SEXTO: Exhortamos a la comunidad internacional que le exija al Estado hondureño permitir la conformación de una comisión internacional para que realice una investigación pronta, imparcial y efectiva de éste y otros hechos sangrientos similares que han quedado impunes, y que se deduzcan las responsabilidades políticas, penales y administrativas de todos los funcionarios responsables hasta en el más alto cargo, y le instamos a condicionar la cooperación económica a que se den pasos concretos para transformar el sistema penitenciario.

SÉPTIMO: Expresamos nuestra solidaridad con los familiares de las víctimas, demandamos al Estado que les repare de manera integral y reiteramos nuestro compromiso de acompañar las luchas del pueblo hondureño en la construcción de un Estado democrático de derecho en donde las cárceles no sigan siendo universidades del crimen, de la vida indigna y de la muerte violenta.

San Pedro Sula, Cortés, 16 de febrero de 2012.