El 7 de julio de 2010, la Comisión de la Verdad y la Reconciliación
presentó su informe “Para que los hechos no se repitan”, en el que expuso un
número importante de recomendaciones para evitar que los hechos del golpe de Estado
se repitan en el futuro.
Desde un inicio, el gobierno de Lobo Sosa se comprometió a cumplir cada una
de las recomendaciones allí contenidas, no obstante, hasta el momento las
mismas siguen siendo letra muerta pues el gobierno no sólo ha hecho muy poco
para cumplir este compromiso, sino que ha realizado acciones contrarias a lo
que el informe recomienda.
Es preciso recordar que el informe establece claramente que policías y
militares cometieron graves violaciones a derechos humanos como asesinatos, torturas,
detenciones ilegales, tratos crueles, inhumanos o degradantes y violaciones
sexuales, todas las cuales constituyen crímenes de lesa humanidad debido a su
carácter masivo, sistemático e institucional y a que fueron ordenadas,
autorizadas y encubiertas por los mandos y autoridades superiores del gobierno
de facto, la Policía y las Fuerzas Armadas en el marco de una
política estatal de represión.
Pese a que el informe recomienda investigar y sancionar a los responsables
intelectuales y materiales de tales crímenes, es de todos conocidos que más
bien han sido premiados, declarados héroes nacionales y diputados vitalicios,
han sido nombrados en importantes instituciones del Estado y hasta se les
permite presentarse como candidatos presidenciales a pesar que el antecedente
golpista es una causal suficiente para excluirlos del proceso electoral.
El informe también recomienda evaluar el papel del Fiscal del Ministerio
Público, del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos y de los magistrados
de la Corte Suprema de Justicia, pues su participación en el golpe de Estado
los convierte en responsables directos de las violaciones a derechos humanos,
sin embargo, no hay ni siquiera indicios de que estos personajes enfrenten un
proceso independiente para la deducción de sus responsabilidades.
Asimismo, el informe recomienda depurar la Policía Nacional y revisar las
facultades de las Fuerzas Armadas, sobre todo en lo que se refiere a su
participación en funciones de seguridad ciudadana, no obstante, el proceso de
depuración que se ha iniciado sigue generando dudas y va a paso de tortuga, y a
las Fuerzas Armadas se les han otorgado facultades plenas para ejercer
funciones policiales, en otras palabras, se ha legalizado la militarización del
país.
Debemos recordar que el cumplimiento de las recomendaciones del informe no
sólo requiere de voluntad política del Estado, sino también de un compromiso
serio de la ciudadanía para exigir y vigilar la realización de las reformas
necesarias en el país que permitan extirpar de raíz el cáncer que nos carcome y
que nos ha puesto en estado terminal desde el golpe de Estado: La
impunidad y la corrupción.
No hay comentarios:
Publicar un comentario