Entre el 8 y 12 de agosto de este año, el
Relator Especial para la
Libertad de Expresión y Opinión de la Organización de las
Naciones Unidas, Frank La Rue,
hará una visita oficial al país durante la cual sostendrá reuniones con
autoridades del Estado, con organizaciones de la sociedad civil y con radios
comunitarias y alternativas como Radio Progreso.
Indudablemente, la visita de tan alto
representante de la ONU
refleja una vez más la preocupación de la comunidad internacional con respecto
a la situación de la libertad de expresión en el país, la cual, lejos de
mejorar desde el reintegro de Honduras a la OEA y al concierto de naciones, se ha deteriorado
a niveles alarmantes debido a los asesinatos, intimidaciones, amenazas,
atentados y agresiones contra periodistas, comunicadores sociales y cualquier
persona que tenga una posición crítica frente al estado actual de cosas.
Pese a que la libertad de expresión es la
piedra angular de cualquier sociedad democrática, en Honduras la impunidad que
rodea las violaciones a este derecho fundamental es muestra de que las
dinámicas del golpe de Estado siguen vigentes, particularmente por la
deslegitimación de un sistema de justicia que de manera descarada extiende el
delito y los crímenes al taparlos con un manto de inmunidad del que gozan los
victimarios.
Evidentemente la retórica de respeto de los
derechos humanos por parte de los personeros del Estado frente al Relator
Especial no será suficiente para ocultar esta situación, pues además éste
tendrá la oportunidad de escuchar desde la voz de las víctimas y de sus
representantes el contexto de miedo, dolor, impotencia e injusticia a las que
están sometidos sin que el Estado hondureño adopte medidas contundentes para revertirlo.
Más bien, el Estado a través de su cuestionada
policía nacional, realizó una acción poco inteligente en términos políticos a
pocos días de la visita del Relator Especial: Mientras Radio Progreso
transmitía un análisis de realidad sobre la situación en el Aguán, actividad
que realiza desde hace años en conjunto con el ERIC, patrullas policiales llegaron
a la radio y de forma prepotente los policías intimidan a sus periodistas y
comunicadores, y a todo aquel que entra y sale de sus instalaciones, bajo la
excusa de que buscan a los campesinos que participaban en dicho análisis.
La noticia de esta acción intimidatoria en
pocos minutos dio la vuelta al país y al mundo, y sin duda, será un hecho más
que le ratificará al Relator Especial Frank La Rue, que la libertad de expresión en Honduras es
un derecho que quedó completamente sepultado con el golpe de Estado y que para
recuperarlo se requiere de medidas urgentes y contundentes si en verdad se
quiere una verdadera construcción democrática en el país.
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