El
pasado jueves 7 de febrero, el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la
Justicia Penal, presentó un informe en el que reveló el ranking de las ciudades más violentas del mundo, tomando en cuenta
189 países.
Honduras
aparece con dos ciudades en los primeros 5 lugares de las más violentas a nivel
mundial y nuevamente San Pedro Sula ocupa el triste título de ser la ciudad más
violenta del planeta por encima de Acapulco, Caracas, Cali, Ciudad Guatemala,
Ciudad Juárez, Puerto Príncipe y San Salvador, entre otras.
En
este ranking de la violencia,
Tegucigalpa y Comayagüela ocupan el vergonzoso cuarto lugar. El hecho que San
Pedro Sula y el Distrito Central aparezcan a la cabeza, refleja el fracaso
total del Estado en garantizar las condiciones de seguridad a la integridad y
vida de los hondureños y hondureñas.
A su
vez, reflejan un rotundo fracaso de la política de seguridad implementada desde
inicios de la década del 2000, centrada sobre todo en la militarización de la
sociedad y la apuesta por la represión sin atacar otras fuentes de conflictos
que generan violencia y que están relacionadas con la falta de oportunidades
para llevar una vida digna.
Pero
también este ranking nos confirma el
camino infructuoso en el que ha caído el proceso de reforma al sector justicia
y seguridad iniciado por el gobierno de Lobo Sosa, caracterizado por carecer de una
política y una estrategia de seguridad integral, y por dejar intactas las bases
de impunidad que sostienen a los corruptos y criminales que permanecen en cargos
de responsabilidad.
Frente
a esta emergencia de seguridad, hacemos nuestras las palabras de la Comisión
Multinacional de Seguimiento a la Reforma de la Seguridad Pública en el sentido de hacer un llamado a
los hondureños y hondureñas de bien que se resisten a entregar el país a la
corrupción y a la impunidad, a aquellos y aquellas que no renunciamos a nuestro
derecho a vivir libremente y en paz, y que anhelamos que nuestros hijos e hijas
crezcan en un entorno seguro con un futuro de realización plena, a articularnos
para emprender de frente una lucha comunitaria, regional y nacional contra los
corruptos y criminales.
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