Debido a las
guerras civiles que azotaron Centroamérica durante décadas, el fenómeno del
desplazamiento forzado de personas fue una realidad que marcó la región hasta
los años 90 cuando se cerraron los últimos campamentos de refugiados.
Durante los
últimos años se ha observado un incremento importante en el número de
solicitantes de asilo y refugio provenientes sobre todo de Guatemala, El
Salvador y Honduras, quienes buscan protección internacional en Estados Unidos,
Canadá, México, España, Costa Rica, Nicaragua y Panamá.
De acuerdo con el
Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), se puede
observar que existe una relación directa entre el fenómeno del desplazamiento
con el aumento de la criminalidad; en Honduras las principales zonas de riesgo
y expulsión de víctimas de la violencia son Atlántida, Cortés, Colón, Copán,
Francisco Morazán, Santa Bárbara, Comayagua, Yoro, Olancho y Choluteca.
En este sentido,
tanto el ACNUR como un sector del Estado de Honduras han comprendido la
magnitud del problema que puede complicarse en los próximos meses debido a un
proceso electoral de riesgo.
Así, el ACNUR ha
establecido un representante permanente en el país; ha firmado con la
Secretaría de Justicia y Derechos Humanos un convenio de cooperación con el fin
de desarrollar proyectos y actividades conjuntas en temas relacionados con la
protección de personas desplazadas por causa de la violencia; y el Consejo de
Ministros aprobó un decreto que crea la Comisión Interinstitucional para la
Protección de las Personas Desplazadas por la Violencia.
Estos datos
demuestran que la violencia en Honduras está cobrando unas dimensiones
imprevisibles y que tanto Naciones Unidas como un sector del Estado están
observando con gran preocupación por el impacto que ya está teniendo para el
futuro inmediato de la democracia.
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