Durante
más de 12 años lo pobladores
y pobladoras de las 16 comunidades del Sector Florida, municipio de Tela, se
han organizado para defender los bienes naturales y los territorios en los que
residen.
En este tiempo han tenido que
soportar la presencia y asedio de empresarios mineros chinos, italianos y
hondureños que han pretendido explotar y destruir la riqueza natural de la
zona. Pero la situación se tornó grave desde el 2011 cuando algunos empresarios
mineros comenzaron a hacer uso de la fuerza y la violencia para explotar minas
a cielo abierto, supuestamente para la extracción de óxido de
Hierro.
Ante el amplio rechazo de la
mayoría de la población a la operación de proyectos mineros y de represas en
sus territorios, los empresarios con el apoyo de la Policía Nacional y la municipalidad
de Tela, incrementaron la intimidación, amenazas y agresiones tanto a la
comunidad, como a los líderes de las organizaciones sociales y eclesiales
comprometidas en la defensa del ambiente y sus medios de vida.
Pese a que todos estos hechos fueron
debidamente denunciados, el Estado ha sido incapaz y no ha tenido voluntad para
escuchar y resolver la exigencia de las comunidades de que ningún proyecto de
explotación de la riqueza natural de su territorio se realice sin que previamente
se les consulte.
Frente a la inoperancia y desidia
del Estado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó la adopción
de medidas cautelares a favor de varios líderes y defensores de derechos
humanos de la comunidad Nueva Esperanza y del Patronato Regional del Sector
Florida. Para este organismo internacional, dichos líderes y lideresas se
encuentran en una situación de gravedad y urgencia, puesto que su vida e integridad
personal están amenazadas y en grave riesgo.
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