Es necesario insistir en una de las recomendaciones más importantes de la
Comisión de la Verdad y la Reconciliación, en el sentido que se debe “revisar
la función de las Fuerzas Armadas, incluyendo la supresión de cualquier misión
de carácter político para las mismas, así como establecer claramente la
prohibición de utilizarse para funciones policiales, a no ser en caso de estado
de excepción, de conformidad con las prescripciones que al efecto establece el
sistema interamericano de protección de derechos humanos y bajo un control
judicial independiente”.
Pese a ello, el militarismo en Honduras ha logrado recuperar los espacios
perdidos durante la década de los 90. No solamente se apoderaron de instituciones
fundamentales como HONDUTEL, Migración y Extranjería, Aeronáutica Civil, entre
otras, sino que también lograron la aprobación un decreto que les faculta a
realizar funciones policiales y la creación de la Dirección Nacional de
Investigación e Inteligencia como una estructura más parecida a un “Gran
Hermano” que vigila y controla cada movimiento de la ciudadanía.
Pero además, lograron
la creación de la Policía Militar de Orden Público y la aprobación de la Ley de
Secretos Oficiales que convierte en secreto de Estado muchos asuntos sensibles
relacionados con las actividades relativas a la seguridad pública. Y para
ponerle la cereza al pastel, recientemente se nombró a un triunvirato de
coroneles para manejar los centros penales.
Con esta
nueva decisión que militariza mucho más la vida pública, el Estado no solamente
hace caso omiso a la Comisión de la Verdad y la Reconciliación cuyas
recomendaciones se comprometió a cumplir para avanzar con paso firme en el
fortalecimiento democrático, sino también a las recomendaciones y resoluciones
de los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
Es urgente
recordarle al gobierno de Juan Orlando Hernández que la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos en su informe sobre la situación de las personas privadas
de libertad en Honduras señaló que para superar las deficiencias del sistema
penitenciario el Estado “debe garantizar que los centros penitenciarios sean
administrados y custodiados por personal penitenciario especializado, de
carácter civil y con carácter de funcionarios públicos”.
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