La desigualdad económica y social genera un círculo vicioso en el que los
más pobres tienen pocas posibilidades de incidir en las decisiones políticas
que les afectan, provocando su exclusión política, y por eso, en muchas
ocasiones, los gobiernos no toman en cuenta sus intereses que les permita
superar la situación de pobreza, manteniendo su exclusión social.
Por ello la satisfacción de los derechos económicos, sociales y
culturales relacionados con la salud, el empleo, la vivienda, la educación,
etc., se constituyen en un medio para reducir las
desigualdades, disfrutar de un nivel de vida digno y participar activamente en
la vida comunitaria y en las decisiones políticas.
No obstante, estos derechos han sido marginados ya que tanto desde el
Estado como desde la propia sociedad civil, se le ha dado mayor importancia a
los derechos civiles y políticos, relativos a la libertad, a la seguridad, a
elegir y ser electo, a la integridad, entre otros, y por esa razón, los
recursos disponibles se han asignado tradicionalmente a la protección de estos
derechos.
Nadie discute que los derechos civiles y políticos son fundamentales pero
¿de qué sirve la libertad que promueven si está limitada, y en ocasiones
anulada, por el analfabetismo, el hambre, la enfermedad, la discriminación y la
pobreza? Aunque estos derechos importan mucho, “las personas se verán
restringidas en lo que pueden hacer con esa libertad si son pobres, están
enfermas, son analfabetas o discriminadas”.
En Honduras, la gente muy pobre, generalmente
paralizada mental y físicamente por la desnutrición en la
infancia, la falta de escolarización y preocupada por la supervivencia de su
familia, puede incidir poco o nada en las decisiones gubernamentales que
afectan a toda la comunidad.
Si no se reducen los alarmantes niveles de pobreza y desigualdad, no
podemos decir que Honduras es un legítimo Estado de derecho
pues hasta el momento, no sólo los derechos civiles y políticos están en grave
y permanente riesgo, sino también los derechos económicos, sociales y
culturales por la pasividad estatal ante el apartheid social en que viven
millones de hondureños y hondureñas.
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