Durante la segunda mitad de la década de los
90 se inició un proceso de desmilitarización que se vio truncado
particularmente a partir de la llegada al gobierno de Ricardo Maduro, quien desplegó
a los militares en las calles para realizar funciones policiales.
Ese despliegue se prolongó en los gobiernos de
Manuel Zelaya Rosales y Porfirio Lobo Sosa. Lógicamente, cuando se involucra a militares
en funciones de seguridad ciudadana, no tarda en politizarse su intervención.
En este escenario se explica en cierta medida
el papel protagónico de los militares durante el golpe de Estado de 2009 y la
recuperación bajo su control de instituciones claves del Estado como HONDUTEL,
Migración y Extranjería, Aeronáutica Civil, Registro Civil y el Instituto
Nacional de Mercadeo Agrícola.
A partir de ahí, los militares son la fórmula
mágica utilizada por el actual gobierno para resolver todos los problemas del
país. Por ello, uno puede observar que los militares patrullan calles, instalan
retenes y controles de revisión, realizan arrestos y cateos, administran los
bosques, los centros penales y hasta intervienen los hospitales públicos.
La creación de la Policía Militar y el
nombramiento de un general en activo al frente de la Secretaría de Seguridad
representan la profundización de este proceso de remilitarización, el cual recibió
su primer revés cuando el Congreso Nacional en una votación de 67 votos en
contra rechazó ratificar el Decreto 283-2013 que le otorgaba rango constitucional
a la Policía Militar y la colocaba peligrosamente bajo el mando directo del
presidente de la República.
Sin
embargo, teniendo en cuenta el alarmante deterioro de las instituciones
democráticas y del Estado de derecho, y las conductas autoritarias de Juan
Orlando Hernández que ahora propone una consulta directa a la ciudadanía para
que decida al respecto, es necesario que aprovechemos este primer revés para
concientizar a nuestro entorno sobre la exigencia de que los asuntos
de
seguridad
ciudadana sean de competencia exclusiva de cuerpos policiales civiles,
debidamente organizados y capacitados.
Debemos ser insistentes en que el gobierno no
puede manipular y confundir los conceptos de seguridad pública y seguridad nacional,
ya que la criminalidad por muy grave que sea, no constituye una amenaza militar
a la soberanía del Estado.
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