La Constitución de la República
concibe a los derechos humanos como el orden y la base fundamental sobre la que
descansa el Estado y sus instituciones; por ello, sus prácticas deben asegurar
el respeto y promoción de la dignidad humana si desean lograr algún nivel de
legitimidad.
El derecho a la
participación política y social a través de la manifestación pública es
esencial en la vida democrática de las sociedades que se precien civilizadas.
Por ello, el intercambio de ideas y reivindicaciones sociales como forma de
expresión, supone el ejercicio de otros derechos como el derecho de la
ciudadanía a reunirse y a manifestarse pacíficamente.
En tal sentido, la
participación en manifestaciones, como ejercicio de la libertad de expresión y
de la libertad de reunión, reviste un interés social absoluto y forma parte del
buen funcionamiento del sistema democrático.
Por ello, el Estado de
Honduras no sólo debe abstenerse de interferir con el ejercicio del derecho a
la manifestación pacífica, sino que debe adoptar medidas para asegurar su
ejercicio efectivo.
Bajo estos parámetros, la
represión, criminalización y estigmatización de las protestas estudiantiles es
un ejemplo de lo poco o nada que entiende el gobierno de Juan Orlando
Hernández sobre democracia.
Y lo más lamentable y
peligroso es la estigmatización de los estudiantes asesinados la semana
anterior, a la cual se han adherido no solo algunos de los ministros de
gobierno sino también altos jerarcas religiosos y los grandes medios de
comunicación, casi justificando la ejecución de estos niños y niñas.
Como lo señala José Guadalupe Ruelas, director de Casa Alianza, “Hay
un apresuramiento bastante sintomático por decir -yo no fui-, al enjuiciar a
los fallecidos, sacar defectos y afectar su imagen con una hipótesis previsible”.
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