Una de
las demandas más claras y contundentes de las movilizaciones de las antorchas es
el establecimiento de una Comisión Internacional contra la Impunidad, lo cual
refleja lo que desde hace 5 años viene señalando la ciudadanía a través del
sondeo de opinión pública que el Equipo de Reflexión, Investigación y
Comunicación realiza anualmente: La profunda desconfianza en las instituciones
como el Poder Judicial y el Ministerio Público.
El propio Estado reconoció la existencia de
un grave problema de impunidad debido a la inoperancia de estas dos
instituciones pues en el marco del Examen Periódico Universal ante el Consejo
de Derechos Humanos en el año 2010, solicitó a la Organización de Naciones
Unidas la creación de una comisión internacional contra la impunidad.
A su vez, la Comisión de la Verdad y la
Reconciliación en su recomendación número 39 estableció la necesidad de crear
“un organismo de control e investigación de la conducta de operadores de
justicia, para que de forma independiente instruya las indagaciones de ilegales
conductas cometidas por miembros de la Policía Nacional, del Ministerio
Público, del Poder Judicial, de la Procuraduría General de la República, a fin
de conducir su actuar dentro del margen de la legalidad”.
En su recomendación número 47 esta comisión señaló
que se debe “solicitar a la Organización
de las Naciones Unidas considerar el establecimiento de una instancia
internacional de investigación para fortalecer la institucionalidad pública en
su capacidad de investigación de actos de corrupción y crimen organizado, cuyo
mandato no debe ser inferior a cinco años de duración”.
Si bien
es cierto, una comisión de este tipo implica una serie de procedimientos que no
se realizan de la noche a la mañana, debemos estar atentos y atentas a los que
nos grita la ciudadanía que ha recuperado las calles como espacio público de
debate y participación política.
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