Según la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, la impunidad puede ser definida como la falta en su conjunto
de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena de los
responsables de las violaciones a los derechos humanos.
La falta de una investigación imparcial, efectiva,
diligente y seria que evita la
investigación de los hechos que conduzca a la sanción de los responsables
materiales e intelectuales de la violación de un derecho, y que no contribuya a restablecer, en cuanto
sea posible, a la víctima en la plenitud del mismo, demuestra que el Estado
tolera que los particulares o grupos de ellos actúen libre o impunemente en
menoscabo de los derechos humanos.
En este sentido, la lucha contra la impunidad es un factor fundamental para la legitimación y deslegitimación del poder pues
la ausencia de una investigación y sanción judicial efectiva, contribuye a que
las violaciones a derechos humanos se sigan cometiendo, alimenta el miedo en
la sociedad e impide la plena
realización del Estado de derecho y la democracia.
Por ello, es necesario que el Estado combata la
impunidad por todos los medios legales disponibles ya que la misma propicia la
repetición crónica de las violaciones de derechos humanos y la total indefensión
de las víctimas y sus familiares.
Las recientes capturas de varias personas
involucradas en el asesinato de Berta Cáceres es un paso importante en la
investigación de los hechos, sin embargo, no podemos dejar de señalar tres cuestiones importantes.
En primer lugar, las
actuaciones del Ministerio Público han provocado mayor desconfianza al
violentar uno de los principios fundamentales en la investigación de
violaciones a derechos humanos: garantizar el respeto y la participación de las
víctimas y sus familiares en todas las etapas del proceso.
En segundo lugar, no es suficiente con la captura de algunos
de los autores materiales del asesinato de Berta, pues como lo ha señalado la
Corte Interamericana, la impunidad subsiste si no ha sido determinada toda la
verdad de los hechos y la totalidad de las responsabilidades intelectuales y
materiales del crimen.
En tercer lugar, tanto para la familia de Berta como para la sociedad hondureña, conocer
la verdad de lo ocurrido es un derecho humano cuyo ejercicio permite que obtengamos de las instituciones
competentes del Estado el esclarecimiento de los hechos violatorios y las
responsabilidades correspondientes, a través de la investigación y el
juzgamiento de todas las personas responsables.
En su
dimensión individual, como derecho particular de los familiares a conocer lo
ocurrido, la verdad se constituye por sí misma en una forma de reparación; y en
su dimensión colectiva, como derecho de la sociedad a conocer cómo actúan sus
instituciones frente a violaciones a derechos humanos, se constituye en una
pieza fundamental para el desarrollo democrático, especialmente si los involucrados
están relacionados con las altas esferas del poder político y económico del país.
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