Desde el retorno formal a la senda democrática a
inicios de los años 80, a nuestra frágil democracia se le incubó
intencionalmente un virus que al día de hoy se ha convertido en un cáncer que
lacera el desarrollo y consolidación del Estado de derecho.
Dicho virus se encuentra en el artículo 272 de la
Constitución nacional, al otorgarle a las Fuerzas Armadas la facultad de mantener
la paz, el imperio de la Constitución, los principios del libre sufragio y la
alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República.
En más de 3 décadas, nuestra democracia ha sufrido
episodios gravísimos por culpa de este cáncer: En los años 80 el Comisionado
Nacional de los Derechos Humanos documentó 184 casos en los que los militares fueron protagonistas de torturas,
desapariciones, ejecuciones arbitrarias y otras graves violaciones a derechos
humanos.
Los militares volvieron a ser protagonistas de la
tragedia nacional cuando en el marco del golpe de Estado fueron responsables de
muertes, represión de manifestaciones públicas, criminalización de la protesta
social, detenciones arbitrarias de miles de personas, torturas, tratos crueles,
inhumanos y degradantes, serias restricciones arbitrarias al derecho a la
libertad de expresión y graves vulneraciones a los derechos políticos. Muchos
de estas violaciones fueron catalogadas crímenes de lesa humanidad.
Y a partir del gobierno de Juan Orlando Hernández,
las denuncias de violaciones a derechos humanos cometidas por militares han
aumentado considerablemente. De acuerdo con Human Rights Watch, “policías
militares han sido acusados de al menos nueve asesinatos, más de 20 casos de
tortura y cerca de 30 detenciones ilegales entre 2012 y 2014”, y al menos 24
soldados están siendo investigados en relación con dichos asesinatos.
Y para variar, su responsabilidad en las represiones
criminales contra las protestas y manifestaciones pacíficas de las mujeres, de
los periodistas, de los estudiantes de secundaria y de los miembros del COPINH,
reflejan que se sienten valientes y poderosos frente a la ciudadanía indignada
pero son unos miserables cobardes para defender la integridad territorial y la soberanía de la
república, por cuyas fronteras el narcotráfico y el crimen organizado se pasean con total libertad.
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